La administración Biden le pidió al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fallar en contra de 19 estados liderados por el Partido Republicano que iniciaron acciones judiciales para mantener en vigor la política del Título 42.
El Título 42 se basa legalmente en una orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a fin de evitar que el coronavirus se propagara a través de la frontera, pero ahora se sabe que la participación de los CDC en su implementación fue el resultado de la presión política de la Casa Blanca de Trump.
Según el Título 42, los funcionarios fronterizos pueden omitir el procesamiento de asilo para migrantes de muchos países y expulsarlos rápidamente de regreso a su país de origen o, en el caso de muchos centroamericanos, a la frontera con México.
La normativa ha ocupado un lugar central en el debate político sobre inmigración y política fronteriza. La mayoría de los republicanos y algunos demócratas sostienen que resulta esencial para el control fronterizo, mientras los defensores de la inmigración y la mayoría de los demócratas se le oponen porque socava el sistema de asilo.
En su respuesta a Roberts, la administración reconoció públicamente que el razonamiento de salud pública ya no era válido.
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Pero loss estados que se oponen a levantarlo, argumentaron que hacerlo alimentaría aún más el caos en la frontera.
La administración Biden le dijo a Roberts que el Departamento de Seguridad Nacional está listo para volver al Título 8. “El gobierno está preparado para hacer eso, incluso aumentando los recursos e invocando a sus autoridades del Título 8 para implementar nuevas políticas en respuesta a la interrupción temporal“.
La administración solicitó un breve aplazamiento para levantar el Título 42, manteniendo la política vigente hasta el 27 de diciembre si Roberts falla antes del viernes o dando a la administración dos días hábiles para prepararse si el fallo llega después.
“Esa breve continuación de la suspensión permitiría al gobierno prepararse nuevamente para un regreso completo a las operaciones bajo el Título 8, con nuevas políticas adaptadas a las consecuencias del fin de las órdenes del Título 42: una empresa compleja de múltiples agencias con políticas, dimensiones operativas y de relaciones exteriores que se ha pausado o parcialmente deshecho a la luz de la suspensión administrativa”, dijeron los funcionarios.
Los abogados de los demandados, que incluyen grupos de inmigrantes y de derechos civiles como la ACLU, acusaron a los estados de crear un retraso en los planes del gobierno para liquidar el Título 42, perpetuando los daños para los migrantes.
