La mala suerte parece acompañar a Donald Trump y sus abogados en sus solicitudes legales, primero contra la fiscal de Georgia Fani Willis. Ante la petición de descalificarla y de anular el informe del Gran Jurado especial que finalmente dio la luz verde para presentar cargos en contra suya y de 18 subrogantes, el juez Robert McBurney la denegó sin vacilación alguna.
McBurney estableció entonces que Trump no tenía fundamento legal para la impugnación y que no había motivo para ninguna de las dos cosas. Fue un esfuerzo desesperado y en el fondo pueril de tratar de evitar el procesamiento en el condado de Fulton al alegar que “la naturaleza destacada del caso [los abogados se referían al impacto social, A.P.] le impedía [a Willis] proceder de manera justa”. Pero era además una manera de tratar de ocultarle al público las deliberaciones y conclusiones de ese Gran Jurado especial, dadas a conocer este mes.
Graduado de Harvard y designado en 2012 por el gobernador republicano de Georgia, Nathan Deal, McBurney en efecto rechazó la solicitud de descartar las pruebas recopiladas por ese Gran Jurado y de descalificar a Willis. “El tono de la fiscal de distrito no ha sido ni partidista (en el sentido político) ni personal, en marcado y refrescante contraste con la corriente de invectivas personales que fluyen de uno de los promotores”, escribió tirándole con todo al equipo legal del ex. Y concluyó: “Dicho de otra manera, la Oficina del Fiscal de Distrito ha estado haciendo un trabajo de relaciones públicas bastante rutinario –y legalmente inobjetable– en un caso que es cualquier cosa menos rutinario”.
Al final Trump y sus abogados no tuvieron más remedio que abandonar la solicitud el 4 de agosto de 2023 por carencia de mérito, una palabra clave en casi todos los procesos en que se han visto involucrados con demandas y/o peticiones. Sobre todo, pero no únicamente, en lo referido a fraudes electorales fantasmagóricos salidos de la cabeza de un demagogo populista.
Ahora la defensa del acusado acaba de pedir la recusación de la jueza Tanya Chutkan, quien preside el caso de Washington DC, debido a haber supuestamente prejuzgado la culpabilidad del expresidente al sentenciar a dos acusados en el ataque al Capitolio. La jueza expresó entonces que Trump y otros sujetos que afirmaban que las elecciones fueron robadas no habían sido acusados de delitos. El abogado de Trump, John F. Lauro, dijo que esos comentarios “inevitablemente contaminan” su manejo del caso y que “la ley y el abrumador interés público en la integridad de este procedimiento histórico requieren recusación”.
En su dictamen rechazando la solicitud, el fiscal especial Jack Smith, designado por el Departamento de Justicia para supervisar sus dos investigaciones sobre Trump, como se sabe relacionadas con haber manejado mal documentos clasificados y violar la ley al intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, estableció que no había “ninguna base válida, según las leyes y los hechos pertinentes, para que la Honorable Tanya S. Chutkan, jueza de distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, se descalifique en este procedimiento”. Y continuó: “Al presentar su moción buscando la recusación del Tribunal, el acusado saca de contexto las palabras del Tribunal de procedimientos judiciales anteriores y tergiversa los estándares legales adecuados que rigen las recusaciones judiciales“.
En efecto, grandes palabras, argumentos fuera de contexto. Los abogados de Trump no demostraron que la jueza albergara algún prejuicio contra el expresidente derrotado en buena lid. Chutkan no dijo, dictaminó el Departamento, que Trump fuera legal o moralmente culpable de los acontecimientos del 6 de enero o que mereciera ser castigado.
Por último, los fiscales agregaron: “Para presentar un reclamo de recusación exitoso basado en las declaraciones citadas, el acusado debe demostrar que muestran una animosidad profundamente arraigada hacia él. El acusado no puede hacer frente a esta pesada carga”.
Innecesario decir que Trump le ha apuntado a Chutkan en Truth Social acusándola de ser “altamente partidista“, un procedimiento rutinario que, en este caso, acude hasta a los genes: “Willis es la hija de un Pantera Negra de California”, Chutkan “desciende de uno de los fundadores de la izquierda jamaicana”. A diferencia de Mc Burney, Chutkan fue nombrada miembro del tribunal federal de primera instancia de Washington DC en 2014 por el presidente Barack Obama. Ha adquirido reputación de ser la “castigadora más dura“ de los participantes en la intentona de golpe en el Capitolio. Este es el elemento clave que los abogados del ex dejan a la sombra.
La mayoría de los expertos legales coinciden en señalar que esas movidas de los abogados trumpistas están de antemano condenadas al fracaso. Por la siguiente razón: “Estas mociones casi nunca se conceden a menos que existan conflictos de intereses muy claros que no están presentes en estos casos. Lo único más raro que la poca frecuencia con la que se conceden es la poca frecuencia con la que los tribunales de apelaciones difieren de los fallos de recusación de los tribunales de primera instancia“, dijo Carl Tobias, profesor de Derecho de la Universidad de Richmond, Virginia.
No es mala suerte. El sistema judicial lo está rechazando con contrargumentos técnico-legales, no ideopolíticos y voluntaristas, la base última de lo que Trump les pide hacer a sus defensores.
