El expresidente Trump no es inmune a las demandas civiles que lo acusan por el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio, dictaminó un tribunal de apelaciones el viernes.
Se le pidió al tribunal de apelaciones decidir si las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral y su “grito de guerra” para que sus partidarios fueran al Capitolio y “lucharan como el infierno” estaban fuera de sus atribuciones presidenciales, lo que significa que podría ser considerado responsable por ello.
Un panel de tres jueces afirmó por unanimidad que los esfuerzos postelectorales de Trump para subvertir los resultados de las elecciones de 2020 se hicieron en su calidad de candidato presidencial, no de presidente.
“Cuando un presidente en su primer mandato opta por buscar un segundo mandato, su campaña para ganar la reelección no es un acto presidencial oficial”, escribió en una opinión el juez principal Sri Srinivasan de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
El panel de apelaciones señaló que el propio Trump reconoció que su campaña para ganar la reelección fue a título personal, citando una moción que Trump presentó “a título personal como candidato a la reelección al cargo de Presidente” ante la Corte Suprema al impugnar la administración electoral en varios estados en disputa.
Los presidentes pueden desempeñar sus funciones oficiales sin estar expuestos a responsabilidades civiles, pero cuando no actúan en esa capacidad, la protección no es válida, dictaminó el panel.
“El presidente… no dedica cada minuto de cada día a ejercer responsabilidades oficiales”, escribió Srinivasan. “Y cuando actúa fuera de las funciones de su cargo, no sigue disfrutando de inmunidad de responsabilidad por daños sólo porque resulta ser el presidente”.
Trump fue demandado en 2021 por dos agentes de policía del Capitolio y por varios legisladores demócratas por una ley centenaria que prohíbe el uso de la fuerza, amenazas o intimidación para impedir que los funcionarios del gobierno cumplan con sus funciones.
La ley, diseñada para hacer frente a la violencia del Ku Klux Klan después de la Guerra Civil, permite a los perjudicados demandar por daños y perjuicios.
Los demandantes dicen que Trump violó el estatuto al instar a sus seguidores a defender su presidencia y conspirar con líderes de extrema derecha para detener la certificación de los resultados de las elecciones de 2020.
Los grupos extremistas Proud Boys y Oath Keepers, varios de cuyos miembros ya han sido condenados por conspiración sediciosa en relación con el ataque al Capitolio, fueron demandados junto con Trump.
El tribunal de apelaciones escuchó los argumentos de los demandantes y del abogado de Trump hace casi un año, en diciembre de 2022. El abogado de Trump argumentó que estaba actuando como presidente al emitir comentarios a sus partidarios.
En marzo, el Departamento de Justicia se negó a respaldar la posición de Trump de que debería ser inmune a las demandas civiles que buscan responsabilizarlo por su conducta el 6 de enero de 2021.
El fallo significa que las demandas por daños y perjuicios por angustia emocional y lesiones físicas relacionadas con el motín pueden seguir adelante.
