Argentina vive jornadas tensas y de agitación social y política en torno al proyecto de Ley Ómnibus (como se denomina cuando un único proyecto de ley incluye varias reformas). Se trata de una iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei que busca obtener poderes extraordinarios para su ejecutivo.
En las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras los diputados discuten la controvertida mega norma de 382 artículos (de 664 que eran originalmente), las calles se llenan de miles de manifestantes que protestan pacíficamente.
El panorama está marcado por un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad, que incluye tropas de infantería, policía motorizada y carros hidrantes, usados en los últimos años bajo el Gobierno de Macri, por primera vez en décadas. Da la sensación de estar en medio de una superproducción de tema bélico al estilo Hollywood, pero no es más que la puesta en práctica del protocolo Bullrich.
La discusión de la también denominada “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” ha despertado la indignación. A las afueras del recinto, movimientos sociales, estudiantiles, asambleas barriales, jubilados y una parte del pueblo autoconvocado se congregó durante días bajo consignas como “¡La patria no se vende!”, en contra de lo que consideraban una ley que desmantela el Estado y otorga poderes excesivos al presidente.
Este escenario de tensión tiene su kilómetro cero en diciembre de 2023, cuando Javier Milie asumió la presidencia y designó a Patricia Bullrich Ministra de Seguridad, a pesar de las acaloradas disputas entre ambos durante la campaña electoral.
Por esos días Milei anunció esta Ley y un abarcador Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En sintonía, Bullrich dio a conocer un nuevo protocolo de seguridad.
La norma de la nueva ministra busca contrarrestar las manifestaciones que obstaculicen la libre circulación en vías públicas, involucrando a las cuatro fuerzas federales de seguridad (Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria), junto con el Servicio Penitenciario Federal, para intervenir frente a cortes o bloqueos de vías, sean parciales o totales.
Desde aquel anuncio se vieron venir días tensos. En un grupo de WhatsApp de fotoperiodistas al que pertenezco y donde solemos compartir información relevante para nuestro trabajo, intercambiamos a diario información sobre coberturas periodísticas, cámaras, lentes y demás accesorios, etc. Desde entonces, las consultas han girado en torno a la búsqueda de medios de protección personal, como cascos o máscaras antigás. Es apenas un reflejo de la preocupación por la seguridad en medio del torbellino de tensiones, protestas y represión que sacuden al país.
Las manifestaciones en torno al debate de la mega ley en el Congreso, que tuvo lugar desde mediados de la semana pasada hasta el martes 6 de febrero, resultaron el escenario perfecto para implementar el protocolo, que se había venido ensayando semanas atrás, en el aniversario de las revueltas de 2001.
Cada día de discusión el Congreso estuvo vallado y fuertemente custodiado, con móviles de las diferentes fuerzas de seguridad. En las inmediaciones estaba la policía motorizada, con agentes armados con fusiles de balas de goma y carros hidrantes, listos para actuar.
Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad fueron intensificándose cada día, con el despliegue del protocolo antipiquetes que incluyó, por parte de las fuerzas de seguridad, golpes con bastones y escudos, persecución y detenciones de manifestantes al azar, lanzamiento de gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma. La respuesta de los manifestantes fue con piedras y botellas.
Fue evidente el excesivo despliegue de las fuerzas de seguridad y la violencia de los efectivos que, en muchos casos, superó lo permitido por el flamante protocolo. Fue impactante cómo se ensañaron contra la prensa, en especial con los fotógrafos, a quienes nos impidieron, en varias ocasiones, tomar fotos de las detenciones arbitrarias y otros momentos.
Según un relevamiento del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), al menos una treintena de trabajadores del sector fueron afectados por bala de goma o intoxicación por gas lacrimógeno.
El fotoperiodista Rodrigo Abd, de Associated Press, fue uno de los rociados con gas. A pesar de estar protegido con una máscara, el calor hizo casi insoportable mantenerla puesta todo el tiempo. En medio de un momento de calma, Abd aprovechó para quitársela por unos instantes y respirar libremente. La policía le tiró el gas directamente en el rostro.
Rodrigo es un experimentado fotoperiodista con casi tres décadas en la profesión. Ha cubierto conflictos sociales y bélicos en todo el mundo. Ha sido ganador del Premio Pulitzer dos veces; la más reciente, en 2023 por su cobertura colaborativa de la guerra en Ucrania.
En su extensa hoja de ruta, Abd confiesa que, personalmente, nunca había sentido un gas tan fuerte como este. “Ese spray que tiraban quemaba la piel. Por la noche en casa me seguía ardiendo. Es insólito”, contó.
Yo vi cómo pasó. Estaba a unos 5 metros de Rodrigo en el momento en que oprimieron el spray delante de él. Tenía tal potencia que se esparció en el aire y me alcanzó. Parte en la cabeza, algo en los brazos y las piernas. Sentí un intenso ardor. Así estuve hasta la madrugada de ese día, sentía en la piel un escozor que no me dejaba dormir.
La combinación de gas pimienta y gas lacrimógeno utilizado en las jornadas de protesta ha resultado ser más potente que lo habitual. Ha generando graves lesiones cutáneas y secuelas respiratorias entre los manifestantes. Los médicos que atendieron a los heridos reportan la frecuencia de lesiones graves en la piel y afecciones pulmonares.
Las balas de goma también causaron estragos. A Susana Maresca, joven fotógrafa, le dieron tres perdigones en la pierna mientras cubría los acontecimientos en la plaza.
“Durante la segunda jornada prepararon una emboscada para la prensa. Estábamos sobre la vereda [acera] en un momento de desconcentración. Ahí apareció un grupo de cuarenta efectivos de la Policía Federal y fueron contra dos manifestantes que se encontraban también sobre la vereda. Les empezaron a pegar a las personas que se acercaban y, cuando se acercó la prensa, llegaron con sus motos y fuimos baleados”.
En el epicentro de esta tormenta, la ministra de Seguridad, autora intelectual del protocolo antipiquete, salió a elogiar la actuación de la policía durante estos días de protestas. Su celebración no fue bien recibida: generó críticas desde todos los sectores por la represión y el abuso del gas. Bullrich había enfatizado que “no dejará de actuar por miedo a que haya un muerto”.
En consonancia, un juez federal emitió una resolución en la que instó al Ministerio de Seguridad a ajustar la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales dentro de los límites establecidos por el Sistema Constitucional de Derecho.
Además, solicitó que se cumplan los pactos internacionales con rango constitucional que protegen los derechos humanos. En específico, destacó la importancia de seguir los criterios delineados por los tres relatores de Naciones Unidas, quienes el 23 de enero pasado remitieron al Gobierno una carta detallando aspectos ilegales del protocolo anti-manifestaciones, con el objetivo de evitar que se limite el derecho a la protesta pacífica.
Ante la brutalidad policial, los manifestantes resistieron y siguieron día tras día en las afueras del Congreso mientras sesionó la Cámara de Diputados. Ayer martes 6, en medio de otra velada intensa fuera y dentro del recinto, se conoció que la Ley Ómnibus, que contaba con media sanción, tendrá que ser discutida nuevamente desde el inicio.
Este inesperado giro en los acontecimientos se vivió como una pequeña victoria en las calles, las redes sociales y, más aún, en la Plaza de los Dos Congresos. Estallaron los abrazos, los aplausos y los cantos de alegría entre los manifestantes tras la primera derrota parlamentaria del mileismo. Por ahora, solo es una tregua en medio de la tormenta argentina.
