Mientras las inundaciones ocurridas recientemente en Valencia, España, el paso de los huracanes Oscar y Rafael por el oriente y occidente de Cuba, respectivamente, y las quemadas en el bioma Pantanal, en Brasil, llenan titulares de prensa y de angustia los corazones de los ambientalistas, este lunes líderes de 197 países se reunirán en Bakú, Azerbaiyán, para discutir los temas más importantes referentes al cambio climático y revisar el cumplimiento de las promesas ambientales hechas por los Estados miembros en la edición previa, celebrada en Dubai en 2023.
Bajo el acrónimo COP (Conferencia de las Partes, signatarios de la Convención Cuadro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entre los cuales se encuentran Estados Unidos, Brasil, Alemania, entre otros), el cónclave ocurre cada año desde 1990 y ha sido desde su surgimiento una de las fuerzas internacionales de mayor empuje a favor de la resiliencia global ante el cambio climático.
A pesar de tener una economía fundamentalmente dependiente de la exportación de petróleo, combustible fósil que es la segunda mayor fuente de emisión de gases contaminantes a la atmósfera, la elección de Azerbaiyán como sede para la edición 29 de la COP, que tendrá lugar desde este lunes 11 hasta el 22 de noviembre, responde al compromiso de ese país de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % hasta el año 2050.
Entre los principales temas de la agenda de la COP este año destacan la adaptación al cambio climático, la transición energética, y las metas de emisión de gases, entre otros que son habituales en su programa. Pero una de las pautas en destaque es el financiamiento climático, mecanismo a través del cual las economías más fuertes, entre ellas Estados Unidos, Japón y Alemania, principales responsables por la crisis climática actual, acordarán cómo ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a ella.
Brasil, país que será sede de la próxima edición de la COP, en 2025, ha hecho pública en la antesala de esta edición una promesa que forma parte de sus compromisos ambientales más osados: reducir entre el 59 % y el 67 % la emisión de gases contaminantes a la atmósfera con relación a 2005. El país es actualmente el sexto que más contribuye al efecto invernadero a escala global y había anunciado en la COP 28 (2023) que en 2030 su índice de deforestación será nulo. Sobre este último aspecto ha avanzado, con una reducción del 11 % de deforestación amazónica, mayor bosque tropical del planeta, en 2022.
Principales acuerdos
Entre los convenios más importantes oficializados en el marco de la COP a lo largo de estos 34 años está el Protocolo de Kyoto (1997), primer tratado internacional para la reducción del efecto invernadero.
Otro fue, en 2015, el Acuerdo de París, un parteaguas en las conversaciones sobre clima a escala global, pues por primera vez los países signatarios implementaron una estrategia ambiciosa y sinérgica para combatir el cambio climático que incluía, además del cumplimiento de compromisos nacionales —conocidos en el marco de la COP como Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)— la cooperación financiera internacional para ayudar a los subdesarrollados a adaptarse a las transformaciones climáticas que el planeta viene padeciendo y que son en buena parte provocadas por las economías más fuertes, entre ellas China, Estados Unidos y Alemania. Esta mancomunidad en términos de financiamiento contra el cambio climático será uno de los platos fuertes de la edición que comienza este lunes en Bakú.
Cuba en la COP
Entre los asistentes estarán Estados miembros del G20, así como del G77, cúpula de la cual Cuba es parte y de la que fungió como presidenta y sede en 2023. La isla ratificó el Acuerdo de París en 2015, en el marco de la COP 21 y estará presente ahora, en su condición de “país con responsabilidad diferenciada” en los compromisos de emisión de gases contaminantes. La categoría significa que, dadas sus condiciones económicas, el esfuerzo por reducir la contaminación es menor comparado al que se exige a economías más fuertes.
Como parte de su política ambientalista, Cuba recoge constitucionalmente su compromiso de actuar para mitigar el cambio climático, preocupación que aparece en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Estado y la Revolución, aprobados por la Asamblea Nacional en julio de 2016.
En 2017, coordinado por el CITMA, el Gobierno aprobó la Tarea Vida, un “Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático sustentado sobre una base científica multidisciplinaria”. Este contempla 5 acciones estratégicas y 11 tareas “dirigidas a contrarrestar las afectaciones en las zonas vulnerables”, según el CITMA, refiriéndose con esa terminología a lugares como asentamientos costeros, playas, bosques y cultivos amenazados, entre otros. Entre los sectores en los cuales el plan pretende enfocarse están la seguridad alimentaria, la energía, la industria y los bosques.
Además, el país ha reafirmado sus compromisos ambientales ante la ONU y la COP con su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC). En ella, uno de los principales mecanismos ejecutivos contra la crisis climática son las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, que en su eje estratégico “Recursos naturales y medio ambiente” define como principal objetivo el de “Fortalecer las capacidades nacionales para la adaptación al cambio climático”.
De acuerdo con el informe “Proyecciones de la Tarea Vida” (2021-2025), la emisión de gases de efecto invernadero de Cuba es baja, y en 2016, cuando se realizó el último monitoreo de este indicador en el país, “las emisiones netas fueron de 23,066.5 kilotoneladas equivalentes al dióxido de carbono”. Para fines comparativos, en 2021 las emisiones de Estados Unidos fueron de 6.8 billones de toneladas.
Además, como parte de las acciones que se desarrollan en pro de la transición energética, el país ha definido como objetivo clave lograr que para 2030 al menos un 37 % de la electricidad generada en el país provenga de fuentes renovables (FRE). Actualmente la participación de estas fuentes en la matriz energética del país se limita a un discreto 5% y muchas de las iniciativas de transición energética en curso, como el “Programa para la transición ecológica hacia municipios sostenibles en Cuba”, reciben apoyo y financiamiento de instituciones foráneas como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Para 2025 se prevé la creación en la isla de los primeros 10 parques solares. Estos aportarían 220 MW adicionales a la matriz energética, que hoy depende en mayor parte de los combustibles fósiles.
Donald Trump y la meta de los 1.5 grados en la antesala de Bakú
Tras la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos el pasado 5 de noviembre, el equipo de transición del republicano informó que tiene entre sus principales tareas la de “reacomodar” el abordaje del gobierno entrante sobre temas de energía y clima. Uno de los pasos esperados y temidos en esta dirección es la salida de Washington, otra vez, del Acuerdo de París, lo que posibilitará, entre otras cosas, que la actividad minera y petrolífera tenga más libertades en su territorio.
Washington se había retirado del Tratado de París en 2020, tras un largo proceso que sucedió a la decisión del entonces también presidente Donald J. Trump de salir, ya que el acuerdo, según dijo, “castigaría al pueblo americano mientras enriquece a contaminadores extranjeros”. Esto ocurrió durante su mandato anterior, en 2017.
En 2021, con la entrada del ahora saliente binomio Biden – Harris a la Casa Blanca, Estados Unidos volvió a ser signatario del Acuerdo. En 2022, bajo regencia demócrata, se firmó en el país el Acta de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), “una de las acciones más importantes en lo que respecta a la energía limpia y el cambio climático”, según un comunicado de la Casa Blanca. La medida aprobada por el Congreso buscaba reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2030, en comparación con las emitidas en 2005. Dicha política ha jugado un papel importante en la entrada y uso de fuentes renovables de energía en el país, aunque no ha sido suficiente para garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales que ha hecho.
Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, quedó posicionado en el número 57 del Índice de Desempeño Global para el Cambio Climático (2024), de un total de 63 países monitoreados. Entre los indicadores que se analizaron para elaborar la evaluación están las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de energías renovables, y el desempeño energético de cada país.
Según el reporte citado, Estados Unidos está entre los nueve países productores del 90 % del carbón del mundo, y pretende aumentar su producción de este combustible fósil y de gas hasta el año 2030, lo cual es incompatible con la meta de IRA y con la meta global de mantener el aumento de la temperatura global en 1.5 grados.
Bakú, ¿qué esperar?
Desde la pandemia de COVID-19 tanto Brasil como Estados Unidos, miembros del G-20 y dos de los países que más emiten gases contaminantes a la atmósfera anualmente, han invertido más en combustibles fósiles que en energías renovables. Lo anterior contradice las promesas ambientales realizadas por ambas naciones en los cónclaves globales, incluida la COP, según advierte el informe “The Production Gap”, elaborado por Naciones Unidas.
El informe señala que los gobiernos del G-20 que se han comprometido con la cuestión ambiental global bajo los términos del Acuerdo de París, según sus planes y proyecciones públicas, para el año 2030 habrán producido 240 % más carbón, 57 % más petróleo y 71 % más gas que los que deberían para ser coherentes con la meta de mantener el calentamiento global a raya, en los 1.5 grados.
Una estimación realizada por WRI Brasil apuntó que las acciones nacionales que derivan de las NDC vigentes conducirán al mundo a un calentamiento global de 2.5 hasta 2.9 grados celsius hasta 2100. Para que se tenga una idea, el aumento de tan solo 1.8 grados en la temperatura global en la región del Caribe, en la que el archipiélago de Cuba está ubicado, causaría fenómenos como el ascenso del nivel del mar en 29.3 cm y 95.0 cm para los años 2050 y 2100, respectivamente, así como la reducción del capital hídrico, el empobrecimiento del suelo, la afectación costera, entre otros, según estimaciones del CITMA.
En la edición que se celebra a partir de este lunes en Bakú, los Estados discutirán el “Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiamiento Climático”, mecanismo de contribución previsto desde la firma del Acuerdo de París que obligará a los países signatarios a hacer aportes quinquenales para mitigar el cambio climático entre las economías en desarrollo. Algunos medios estiman que el valor que se negociará ronda los 3 millones de dólares.
Uno de los países que podría beneficiarse de este acuerdo es Cuba, en particular en lo que respecta a la diversificación de su matriz energética con la potencialización de las FRE, en primer lugar, y al cumplimiento de la Tarea Vida, que según el propio Citma “requiere de un programa de inversiones progresivas que se irán ejecutando a […] mediano (2030), largo (2050) y muy largo (2100) plazos”.
Ante un escenario de una “severa constricción de los recursos financieros disponibles”, según ha reconocido el propio organismo, la existencia de un fondo para acciones de protección ambiental y climática permitiría al país ampliar su espectro de acción y fortalecer su gobernanza climática en un escenario global cada vez más hostil, al cual la isla es especialmente vulnerable en sus condiciones actuales y para cuyo enfrentamiento la ayuda internacional sigue siendo fundamental.
