En un país donde las demandas, inconformidades y protestas ciudadanas no han encontrado un cauce legislativo viable y sostenido durante décadas, entró en vigor este jueves la Ley 167, titulada “Del sistema de atención a las quejas y peticiones de las personas”.
Esta normativa, la primera de su tipo en Cuba, busca regular y uniformizar el proceso de atención a las quejas y peticiones de los ciudadanos hacia las instituciones estatales, y obliga a entregar respuestas a los solicitantes.
A propósito de su entrada en vigor, Mercedes Spengler, jefa del departamento de Atención a la Población del Ministerio de la Agricultura (Minag), comentó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que se han establecido oficinas en la sede de la entidad y en sus delegaciones provinciales y municipales para recibir y tramitar las quejas.
Además, los ciudadanos pueden presentar sus reclamos de manera presencial, por teléfono o digitalmente a través de la página web del Minag y su correo electrónico, a través de los contactos referidos en la nota de prensa.
Contenido de la ley
La Ley 167, que había sido publicada en diciembre en la Gaceta Oficial, define una queja como la comunicación que expresa insatisfacción o inconformidad con actuaciones estatales que implican afectaciones.
También abarca la prestación de servicios públicos y el ejercicio de funciones públicas por parte de personas naturales o jurídicas.
Sin embargo, se excluyen casos con vías extrajudiciales o judiciales previstas para reclamar derechos vulnerados.
La normativa establece que las quejas pueden presentarse verbalmente, por escrito o mediante canales legales.
Los órganos, organismos, entidades, directivos, funcionarios y empleados del Estado están obligados a atender y dar respuesta a las quejas y peticiones que le formulen las personas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones normativas establecidas a tales efectos, precisa la Ley.
Igualmente, se garantiza discreción y trato respetuoso sin discriminación por cualquier condición personal.
El proceso de atención debe concluirse en 30 días, aunque puede prorrogarse por motivos justificados.
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Denuncias anónimas
En cuanto a las denuncias de carácter anónimo, un vía muy socorrida en el país por temor a represalias laborales o de otra índole institucional o privada, la ley contempla que el órgano o la autoridad competente debe recibirlas, en virtud de los elementos expuestos, y disponer la verificación o investigación de los hechos a los efectos de su esclarecimiento.
El Ministerio del Interior (MININT), en colaboración con la Fiscalía General y la Contraloría de la República, ha reafirmado la importancia de utilizar mensajes “anónimos” para denunciar las ilegalidades en Cuba.
En un programa televisivo transmitido el pasado año, el coronel Felipe Oliver García Sariego, jefe del Órgano Especializado de Enfrentamiento a los Delitos contra la Economía de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI), manifestó que la cartera del Interior otorga “prioridad a todo lo que está relacionado con las quejas de la población”.
En cuanto a los anónimos, el oficial aseguró que tienen un procedimiento específico para ser tratados.
“Se analizan, se evalúan, se ven los antecedentes que puedan existir en ese sector, se buscan puntos de coincidencia que confirmen la veracidad de los hechos y en consecuencia, se investigan”, añadió.
Datos presentados en el programa indican que entre enero y mayo de 2024, 58 % de las denuncias hechas por la población al MININT han coincidido con los resultados obtenidos en las investigaciones.
La cifra es aún mayor en el caso de las denuncias hechas a la Contraloría, alcanzando 70 % de similitud entre lo que dice la población y el resultado, mientras que en la Fiscalía es 56 %.
Por su parte, el vicecontralor General de la República, Darlam Dalmau Palomino, expresó que las quejas, incluidas las anónimas planteadas por la población, son “una fuente de información sobre irregularidades que pueden estar ocurriendo en las entidades, y a partir de esa denuncia oportuna de la población, podemos investigar”.
Impacto y contexto
La aprobación de esta ley marca un avance, al menos desde el punto de vista jurídico, en la relación entre el Estado y la ciudadanía, al obligar a las instituciones a responder a las quejas.
En 2023, se atendieron más de 736 000 asuntos, un aumento del 10 % respecto al año anterior, de acuerdo a cifras oficiales.
La legislación, según han dicho las autoridades, busca mejorar la transparencia y la participación ciudadana en Cuba, aunque su efectividad dependerá de la implementación práctica y la voluntad política del Gobierno y las instituciones estatales para responder a las quejas y demandas de la población.
