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Un tribunal federal de apelaciones de San Francisco dejó en vigor este viernes la orden de un tribunal inferior que impide que el Gobierno del presidente Trump ponga fin a las protecciones legales temporales de cientos de miles de venezolanos, reportaron agencias internacionales de noticias.
El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del noveno Circuito de Estados Unidos negó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional de establecer una suspensión de emergencia mientras las autoridades apelan.
Para tal decisión, el tribunal consideró que el Gobierno “no ha demostrado que sufrirá un daño irreparable en ausencia de una suspensión”.
En marzo pasado, el juez federal de distrito, Edward Chen, determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó ilegalmente las protecciones otorgadas por el Gobierno de Joe Biden que permiten que unos 350 mil venezolanos vivan y trabajen en Estados Unidos. Esas protecciones temporales expirarían a principios de este mes de abril.
Igualmente, Noem anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para unos 250 mil venezolanos en septiembre y para 500 mil haitianos, cuyas protecciones de TPS expirarían en agosto.
Los abogados del Departamento de Justicia que representan al Gobierno sostienen que el Congreso otorgó a la secretaria una autoridad clara y amplia sobre el programa de TPS y que las decisiones no están sujetas a revisión judicial.
Origen del TPS
El Congreso creó el TPS en 1990 para prevenir deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.
El programa autoriza que las personas vivan y trabajen en Estados Unidos en incrementos de hasta 18 meses si el secretario de Seguridad Nacional considera que las condiciones en sus naciones de origen son inseguras para que vuelvan.
Argumentos de Chen
Al bloquear a la administración, Chen dijo que cientos de miles de personas, sus familias y medios de vida estaban en riesgo de una grave perturbación, así como la salud de las comunidades en todo el país y los miles de millones de dólares en actividad económica generada por los trabajadores venezolanos.
Señaló que el Gobierno no logró identificar ningún “daño real que se contraponga a continuar el TPS para los beneficiarios venezolanos”.
Añadió que los demandantes probablemente podrán demostrar con éxito que las acciones de Noem “no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por una animosidad inconstitucional”.
Chen encontró que los argumentos del Gobierno son poco convincentes y dijo que los numerosos comentarios despectivos y falsos de Noem y de Trump, en los que etiquetan a los venezolanos como criminales, muestran que la animosidad racial fue un motivador para cancelar las protecciones.
“’Actuar partiendo de un estereotipo negativo de grupo y generalizar dicho estereotipo a todo el grupo es el ejemplo clásico de racismo”, escribió Chen.
Trump vs. el poder judicial
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que no entiende cómo los tribunales pueden cuestionar su autoridad en temas migratorios.
La reacción del mandatario sobrevino luego de que un juez federal señaló que el Gobierno desobedeció conscientemente una orden para bloquear una polémica expulsión de migrantes a El Salvador.
“No entiendo cómo los jueces pueden quitarle esa autoridad a un presidente. Hemos hecho un trabajo alucinante”, aseguró Trump durante un encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
“Nadie puede creer el trabajo que hemos hecho. Es mucho mejor de lo que prometimos”, dijo a continuación tras alabar la labor de su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de su ejecutor fronterizo, Tom Homan.
El miércoles el juez federal James Boasberg inició el proceso para declarar al Gobierno en desacato por ignorar una orden judicial suya y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una prisión de alta seguridad en El Salvador el pasado 15 de marzo.
