El desconcierto y el desacierto de topar los precios

Una información aparecida en el portal del ciudadano de La Habana me hizo acudir al diccionario en primer lugar. Se trata de la publicación por parte del Gobierno de La Habana de los nuevos precios máximos para la comercialización de productos agropecuarios.

Tres aspectos me llamaron la atención:

1. Recurrir a topar precios como una medida efectiva de evitar el deterioro del poder de compra de los ingresos de los ciudadanos.
2. La utilización del término “precios concertados”.
3. La descalificación de facto de los gobiernos municipales de la Capital en la regulación de los mercados agropecuarios.

Todos tenemos al alcance de nuestros ojos la evidencia, y no hay ninguna duda, de que los precios de muchos productos agropecuarios y no agropecuarios para nada se corresponden con lo que la mayoría del pueblo de Cuba lleva en sus bolsillos como salario o pensiones. 

El ajuste de los salarios a la dinámica de los precios en Cuba ha tenido históricamente un retardo significativo, aunque hubo épocas más felices en que ese ajuste, aunque tarde, se acercaba más a la necesidad de mejorar su poder adquisitivo e incluso ese efecto era mucho más duradero.  

Hoy, vista la experiencia reciente del incremento de las pensiones, parece que no es así, en especial porque la dinámica de la tasa de cambio peso-dólar/euro en el mercado informal ha convertido en agua y sal ese aumento. Hoy mismo se registra un nuevo hito al llegar a 500 pesos el precio de un euro, mientras el dólar está a 440.

La experiencia de estos años en Cuba parece demostrar que poner topes de precios en las condiciones del mercado cubano —mercado de demanda con muy fuertes restricciones de oferta que además no está respaldado por un sector productivo doméstico que reaccione a esa demanda ni tampoco a los precios— no parece ser la mejor opción. 

Uno de los efectos de esa medida, será la retracción de la oferta en los “mercados formales” y el desvío de la misma hacia los canales del mercado negro, con lo que se genera un incremento de los precios, porque el riesgo se paga. Ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Existe una profusa discusión en la teoría económica acerca de la regulación de precios vía precios topados (máximos o mínimos). Es también muy profusa esa discusión en Cuba; defensores y detractores hay más que suficientes. 

En síntesis, para modelos de oferta y demanda —y el nuestro no lo es, o al menos no del todo—, la teoría económica afirma que los topes de precios impuestos por los gobiernos falsean la información que transmiten los precios; deben transmitir —ponen la luz roja cuando deben poner la verde o viceversa— y también generan incentivos incorrectos, con consecuencias que van desde la escasez hasta la expansión del mercado negro. 

No es menos cierto que, en situaciones excepcionales, desde guerras hasta pandemias, topar a corto plazo determinados precios de bienes esenciales puede ayudar a manejar/evitar movimientos especulativos generados por déficits de producción y oferta y proteger así a los grupos más necesitados. 

Existen, sin embargo, otras formas de regulación más eficientes para proteger a los ciudadanos, tal como es el subsidio a grupos de consumidores en situación crítica.  Este tipo de intervención se ha recomendado reiteradamente por economistas cubanos para nuestra situación, pero no se ha implementado.

Lo que también parece cierto es que, en el caso de Cuba, el tope de precios máximos no ha tenido los resultados esperados aun cuando ha sido uno de los instrumentos regulatorios preferidos. 

A la vez, nuestra economía ha conocido los efectos negativos que generan los topes máximos de precios, en especial sobre la producción y sobre la inversión.  

Por otra parte, la utilización de la frase “precios concertados” que aparece en la resolución también llama la atención. 

El diccionario de la Real Academia Española me devolvió diez significados para mi consulta sobre la palabra “concertar”; reproduzco abajo varios de ellos:

• Componer, ordenar o arreglar las partes de una cosa, o varias cosas.

• Acordar el precio de algo.

• Pactar, ajustar, tratar o acordar un negocio. 

• Traer a identidad de fines o propósitos cosas diversas o intenciones diferentes:

• combinar, armonizar.

• Cotejar o concordar una cosa con otra.

Todos esos significados suponen acuerdo entre dos o varias partes. De la lectura de la resolución del gobierno me llamó la atención el numeral 4, el cual dice y cito: “Teniendo en cuenta las características de La Habana, no se realizarán las concertaciones de precios en los municipios y se rigen por los concertados en esta Resolución para toda la provincia.”

Se entiende entonces que hubo algún tipo de acuerdo entre el gobierno provincial y los productores/comercializadores de los productos regulados a escala de toda la provincia, algún tipo de reunión, consulta por las redes, que permitió semejante acuerdo. 

¿Se pudo acceder a las fichas de costos actualizados de los productos regulados? Con una multiplicidad de tasas de cambio y de informalidad en el mercado de insumos para la producción, el ejercicio de las fichas de costos es bien difícil. ¿Cuál fue el costo real del petróleo que se usó en el tractor con el que se preparó la tierra donde se cosechó el boniato? Y si ese precio topado no cubre los costos reales de producir el boniato o la yuca, ¿tendremos boniato y yuca en diciembre?

Ese mismo numeral 4 releva a los gobiernos municipales del ejercicio de concertar los precios a escala de su territorio, dadas las características de la capital. Esa decisión de alguna manera lacera esa “autonomía municipal” de la que tanto se habla y por la que tanto se les exige a los municipios. 

De esta forma, se ha hecho entonces tabula rasa de las diferencias territoriales que también existen en la capital del país y del diferente impacto que pueden tener en esos diferentes municipios una regulación de precios que no contempla esas diferencias. 

La capital también tiene territorios luminosos y territorios opacos, territorios de vocación industrial, otros agrícolas, otros de servicios. Esas diferencias no son menos relevantes cuando se hace un ejercicio de este tipo.

Las intenciones —“mejorar la transparencia en la comercialización de alimentos, proteger al consumidor y fortalecer el control estatal sobre los precios en un contexto económico desafiante agudizado por el recrudecimiento del bloqueo”— son loables, pero la experiencia de estos años nos dice que no es el mejor de los caminos.

Nuestro país viene de una larga tradición de topar precios máximos. Se ha hecho en diferentes épocas. En otros momentos, los costos de manejar el sistema de precios de esa forma podían ser amortiguados por cierta holgura fiscal o por la “ayuda” externa; hoy no tenemos ninguna de las dos.