Con la crisis económica que adelgaza cada día más los bolsillos y entroniza las carencias, no pocos trabajadores cubanos se ven imposibilitados de lo más básico: el cobro a tiempo de sus salarios.
Así lo confirma esta semana un reportaje de la prensa oficial, según el cual, si bien “se han reducido los plazos y el número de afectados, las causas estructurales persisten y generan malestar social”.
“No pagarle a un trabajador en tiempo es un crimen”, denunció uno de los entrevistados por el periódico Trabajadores, quien, como otros, asegura sentirse desprotegido ante el incumplimiento de los plazos establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo.
Las quejas se repiten: familias que no logran comprar la merienda escolar de los niños, garantizar la alimentación y cubrir otras necesidades básicas.
Los trabajadores consultados afirman que las justificaciones administrativas —errores de ficheros, fallos eléctricos, falta de personal contable o ausencia de directores para firmar— no compensan la angustia de quienes dependen de ese ingreso para al menos “asegurar lo mínimo”.
Con ello, lamentan, sus familias quedan desamparadas frente a las urgencias cotidianas y el peso de la crisis.
Una violación de la ley
El Código de Trabajo cubano establece en su artículo 114 que el salario debe pagarse al menos una vez al mes por períodos vencidos. Cualquier modificación requiere aviso con 15 días de antelación y acuerdo sindical. Sin embargo, la letra de la ley contrasta con la realidad.
“El pago es sagrado y es un derecho que tienen los trabajadores”, recordó al medio José Antonio Pérez Pérez, miembro de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
En la práctica, sectores como el azucarero, la agricultura y el comercio acumulan atrasos que atizan el malestar de los trabajadores y, con ello, la desmotivación laboral.
Aunque la brecha entre los salarios estatales y el valor real de la canasta básica en Cuba resulta cada vez más insostenible, el retraso en los pagos, que deberían acreditarse en tarjetas magnéticas tres días antes de la fecha oficial, se ha convertido en un problema persistente en casi toda la isla.
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Empresas en crisis e historias de desesperación
En Isla de la Juventud, al cierre de 2024 se registraron atrasos en empresas de recursos hidráulicos, mantenimiento a inmuebles, comercio, ómnibus públicos, forestal, flora y fauna, servicios portuarios, tabaco, música y espectáculos, y talleres, refiere Trabajadores.
En Camagüey, alrededor de 675 trabajadores sufrieron atrasos equivalentes a 116 meses acumulados entre 2024 y 2025.
La Empresa Provincial de Servicios Comunales, el Grupo Empresarial de Comercio Interior, el Ministerio de la Agricultura y la de Materiales de la Construcción figuran entre las entidades más afectadas.
Según autoridades locales, la falta de liquidez, materias primas y cuentas por cobrar explican la situación. Las historias de los afectados, sin embargo, hablan de desesperación y de problemas reales que no se resuelven con justificaciones ni promesas.
Ernesto Bárzaga Sánchez, administrador de la Empresa de Materiales de la Construcción en Camagüey, relató: “En mis 71 años nunca pensé que llegaría el día en que no tendría dinero para comprar alimentos”. Tras seis meses sin salario, sobrevivió gracias a la ayuda de familiares.
Su colega Ramón García Chicoy, próximo a jubilarse, vive con una hermana con discapacidad intelectual y admite haber pasado “momentos negros” por la falta de ingresos. Ambos permanecen en la empresa por sentido de pertenencia, aunque reconocen que muchos compañeros se han marchado.
La empresa camagüeyana de Materiales de la Construcción acumulaba importantes deudas de salario a 302 trabajadores al cierre de 2024. Hoy apenas quedan 120 empleados, insuficientes para cumplir la misión de producir materiales con arcilla, hormigón y madera. La falta de combustible y electricidad ha paralizado la fábrica de cemento de Nuevitas, agravando la crisis.
Las cuentas por cobrar superan el millón 200 mil pesos en municipios como Florida, Vertientes, Esmeralda y Céspedes, donde algunos trabajadores llevan más de un año sin cobrar. La reubicación en servicios comunales, incluso en tareas como la construcción de nichos y sarcófagos, ha sido una salida parcial.
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Impacto en el campo
El problema adquiere una dimensión crítica en áreas rurales. El pago del salario o anticipo en las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC) es una obligación fundamental, pero se ha visto afectado por la falta de producción y eficiencia económica.
José Antonio Pérez señaló que las causas incluyen deudas, déficit de personal contable y la competencia del sector privado, que atrae a profesionales con mejores salarios.
El impacto sobre las familias es directo en un escenario de permanente inflación y pérdida de capacidad de compra. Persisten entidades con atrasos de cinco, ocho y hasta 12 meses, lo que erosiona la confianza en las instituciones y provoca migración hacia sectores privados o urbanos.
Entretanto, la desmotivación en el campo se traduce en abandono de tierras y aumento de áreas ociosas.
La situación también golpea el sector azucarero y es especialmente grave en centrales como el Bartolomé Masó y el Roberto Ramírez, en Granma, y Argentina y Brasil, en Camagüey.
“¿Cómo lograr la permanencia en el campo y estimular la producción de alimentos?”, se preguntan dirigentes sindicales. Las medidas transitorias incluyen fondos emergentes del Ministerio de Finanzas y Precios, reubicación de trabajadores en actividades secundarias y control sindical.
Pero la solución definitiva, advierten, está en producir y prestar servicios. “El salario tiene que estar respaldado por la creación de bienes y servicios y su impago no puede quedar en informes sindicales”, enfatizó Enrique Cisneros Morris, jefe del Departamento Económico de la CTC.
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Ilegalidades, indisciplinas y falta de soluciones sostenibles
Autoridades provinciales han recurrido a créditos de capital de trabajo para financiar actividades productivas, como siembra y cosecha. Sin embargo, las indicaciones no siempre llegan a tiempo. Trabajadores como Bárzaga han tenido que asumir tareas adicionales, incluso usar vacaciones para cobrar deudas pendientes.
La Comisión Organizadora del 22 Congreso de la CTC reconoce que el impago salarial afecta a miles de obreros y genera ilegalidades, indisciplinas sociales y laborales. Aunque el número de afectados se redujo de 20 mil a 3 mil en 2025, varias entidades aún acumulan meses de impago.
La falta de liquidez, de materias primas y de solvencia económica se repite en provincias como Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba. El comercio también registra incidencias por la inestabilidad de ofertas e insumos, sumando presión a un sistema laboral debilitado.
El retraso en el pago de salarios en Cuba refleja problemas estructurales que van más allá de la gestión administrativa. En medio de una crisis alimentaria que no remite, los trabajadores rurales se encuentran entre los más golpeados, mientras la desprotección sindical y la falta de soluciones sostenibles profundizan la precariedad.
“La solución definitiva está en producir y prestar servicios. Así sería digno defender un salario respaldado por la creación de riquezas”, concluyó Pérez.
Un fenómeno de larga data
El ejercicio del impago a trabajadores estatales cubanos no es nuevo. Incluso es prepandémico.
“Aunque las condiciones del pago salarial deben ser acordadas en un Convenio Colectivo donde los trabajadores tienen voz, dicha obligación, recogida en la Ley, se viola con frecuencia”, denunció en el ya lejano mes de enero de 2019 el periódico Escambray.
Citado por el medio, el único Máster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la provincia de Sancti Spíritus, Osmani Faustino Rodríguez Martínez, consideró entonces inadmisible el incumplimiento en el pago de salarios y advirtió que, aunque los problemas suelen originarse en balances y cierres contables, las empresas deben ajustarse y cumplir en la fecha pactada.
El experto dijo que las empresas están obligadas a cubrir sus gastos con sus ingresos y, en casos recurrentes, recurrir a créditos bancarios o estudios de carga laboral, recomendando además la búsqueda y capacitación de personal idóneo, pues —enfatiza— el atraso o impago nunca puede ser una alternativa y la solución debe ser real.
“¿Cómo entender, entonces, la pasividad ante violaciones de este tipo en la sociedad cubana actual? ¿Dónde queda la defensa a los derechos de los trabajadores que salen afectados?”, se preguntaba el medio espirituano.
“Si todos o casi todos concordamos en que los salarios de buena parte de los cubanos son tan insuficientes que rozan lo simbólico, aspiremos también, con la misma vehemencia, a que se nos pague de acuerdo con la ley”, exigió entonces la publicación.
Casi siete años después, con la tenaza del Ordenamiento Monetario y la crisis agudizada apretando mucho más fuerte que en 2019, las preguntas y demandas de Escambray mantienen toda su vigencia y razón.
