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Por Gian Carlo Delgado Ramos, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
La humanidad, la biodiversidad y el planeta Tierra enfrentan múltiples crisis de manera simultánea. La matriz energética mundial sigue siendo mayormente fósil –en más de 80 %– y el consumo creciente y desigual de energía y materiales constituye la causa principal de la responsabilidad climática diferenciada entre países.
Producto de la distribución desigual de la riqueza, se estima que el 10 % de la población más acomodada es responsable del 77 % de las emisiones globales asociadas a la propiedad privada de capital. El 40,7 % de la población más pobre, que accede a solo 0,6 % de la riqueza global, figura en cambio entre la más vulnerable, y no solo a los impactos del cambio climático.
Más allá del binomio energía-clima, la persistencia de formas de producción poco sostenibles y la extracción y consumo creciente de recursos están degradando la base material de la reproducción de la vida debido a la pérdida de la biodiversidad, la degradación y desertificación, así como la contaminación de aire, suelos, agua dulce, océanos y costas.
La transgresión de las fronteras planetarias es tal que ha puesto en riesgo la viabilidad de la vida, al menos tal y como la conocemos. No solo la biodiversidad y los ecosistemas están en crisis; la salud del planeta (y evidentemente la nuestra) también se encuentra bajo amenaza debido a la generación y exposición a una gran diversidad de contaminantes persistentes y tóxicos, incluyendo los plásticos que prácticamente ya se encuentran en todas las cadenas alimenticias.
Decisiones contra el negacionismo climático
En este contexto de agudización del cambio climático e impactos cada vez más severos y potencialmente irreversibles, la ciencia para la toma de decisiones en materia ambiental y climática está perdiendo fuerza y relevancia, sobre todo en lo que respecta a la cooperación internacional.
En sentido opuesto a lo que recomienda la ciencia, algunos gobiernos relajan sus compromisos y medidas o bien han hecho valer políticamente el negacionismo climático (caso, por ejemplo, de Argentina y Estados Unidos).
Otros han ampliado los marcos temporales de sus metas. Es el caso de la prohibición de la venta de vehículos de gasolina y diésel en Europa para 2035, un objetivo que ahora se propone sea solo del 90 % para ese año.
Más grave aún, algunos gobiernos están repetidamente negociando los hallazgos de la ciencia. Esto genera condiciones adecuadas para afianzar el status quo, priorizar el corto plazo, apalancar los privilegios de algunos e hipotecar el futuro de la vida humana y de otras formas de existencia.
Se implementaron medidas para evitar cualquier consenso tanto en las negociaciones para un acuerdo internacional sobre la contaminación plástica en agosto de 2025 como en la eventual aprobación del resumen para tomadores de decisiones de la séptima edición del informe Perspectiva del Medio Ambiente Mundial (GEO-7), el pasado noviembre.
En ambos casos se cuestionaron los mecanismos procedimentales, se criticaron los argumentos científicos, muchas veces sin contar con evidencias, y se buscó la imposición de narrativas como condicionante para otorgar el refrendo de dichos documentos. Estas prácticas, que pareciera se están convirtiendo en la norma, han permitido a países como Estados Unidos, Arabia Saudita, Irán y Rusia agotar los tiempos de negociación, crear puntos muertos y bloquear tanto la movilización de evidencias y de información como la construcción de consensos.
El caso del GEO-7 establece un precedente indeseable al no haber logrado un consenso en torno al resumen para tomadores de decisiones. Desgraciadamente, existe el riesgo de que se repitan situaciones similares en informes como los del Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC) o la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).
Financiación climática
A la situación por la que cruza la ciencia para la toma de decisiones, se suma la notable erosión del financiamiento, resultado de las actuales condiciones económicas en muchos países y de las tensiones geopolíticas en curso que gradualmente se traducen en el redireccionamiento de la inversión pública hacia el gasto en seguridad y defensa.
El propio sistema de Naciones Unidas, que depende de las donaciones de los países miembro, recortó un 17 % su presupuesto y un 18 % su personal en 2025, con riesgo de terminar el año con déficit. Para 2026, los recortes ascenderán al 20 %, 3 700 millones de dólares.
La asistencia y cooperación internacional está asimismo disminuyendo y, con ello, los recursos para, por ejemplo, atender cuestiones humanitarias, de cambio climático y el medioambiente.
En el caso de los dos principales donadores, Estados Unidos y Alemania, se constatan ajustes importantes. A principios de 2025, el Gobierno federal del primer país rescindió 4 000 millones de financiamiento al fondo verde climático (GCF), a la vez que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) terminó con el 98,3 % del financiamiento a la acción climática. Alemania redujo un 8 % el presupuesto de 2025 del Ministerio para la Cooperación Económica y el Desarrollo de Alemania (BMZ), mientras que aumentó el gasto en defensa en 20 %.
La tendencia para 2026 no parece que vaya a cambiar, pues, además del retiro de todo financiamiento al GCF por parte de EUA, la lista de otros casos similares continúa, incluyendo Argentina en América Latina, que ya recortó el 80 % del presupuesto climático-ambiental. Otros países como Canadá, Francia y Reino Unido han planteado contracciones al presupuesto de ayuda internacional, aunque todavía mantienen su apoyo a la agenda climática.
China es, hasta ahora, la excepción, lo cual sugiere que estamos ante una situación de reajustes geoeconómicos y geopolíticos. Al contrario que Occidente, en 2025 el país asiático mantuvo sin cambios su gasto en defensa, pero aumentó 8,4 % el financiamiento a la ayuda internacional, por ejemplo, al impulsar proyectos que propicien el desarrollo sostenible.
Geopolítica y ciencia
Debido al ascenso de China en diversos ámbitos, incluyendo el primer lugar en publicación de artículos científicos en las más prestigiosas revistas del mundo, las tensiones que protagoniza con Estados Unidos no deben sorprender, así como tampoco el refrendo de la doctrina Monroe, calificada en la actualidad como “corolario de Trump”.
En su más reciente Estrategia de Seguridad Nacional, Estados Unidos reafirma que América es para los estadounidenses y llama a Europa a sumarse a defender la identidad de Occidente. También se detiene a expresar su rechazo a “…las ideologías desastrosas de cambio climático y del cero neto que tanto han dañado a Europa, amenazado a Estados Unidos y subsidiado a nuestros adversarios (sic)”.
La situación en la que nos encontramos, tanto en términos políticos, económicos y sociales, pero también culturales y discursivos, desgraciadamente plantea condiciones adecuadas para dirigirnos aceleradamente hacia un escenario de transgresión de las fronteras planetarias. Contexto en el que la politización de la ciencia ha llegado al extremo de la falacia ad hominem, es decir, un error lógico derivado de atacar y desacreditar a un actor en lugar de refutar su argumento.
El “error lógico”, dígase de la Casa Blanca, es sin embargo funcional para alejarse de los acuerdos internacionales, desestimando a la ciencia y calificándola de ideología. Hace solo unos días, Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de otros 65 grupos multilaterales de la ONU, principalmente vinculados al medioambiente, las energías renovables, el desarrollo, la educación y la promoción de la democracia y los derechos humanos.
¿Por qué es importante la ciencia para la política?
De cara al avance de múltiples crisis, el papel de la ciencia para la política debería ser fortalecido, entendida no solo como aquella que busca informar el proceso de toma de decisiones de los gobiernos, sino como la que además se dirige a informar, empoderar y movilizar a todos los actores sociales con la finalidad de generar soluciones basadas en alianzas, colaboraciones y diálogo.
La ciencia para la política significa poco si no apuesta por la vida, la justicia y la construcción sistémica de soluciones plurales, sensibles a los contextos locales y con visión a largo plazo.
La transformación a fondo de los factores o causas de las múltiples crisis en curso es obligada y el tiempo para hacerlo, y hacerlo de manera justa e incluyente, se reduce.
En un escenario de desequilibrios hacia el que nos dirigimos, los límites de la adaptación harán en algún momento obsoleto el mecanismo de “pérdidas y daños” propuesto en el marco de las negociaciones climáticas con el fin de compensar a países vulnerables por impactos climáticos inevitables. Lo cual implica que los mayores afectados seguirán siendo los más pobres.
Para el Sur Global, esto reafirma que la acción climática es en gran medida una cuestión de política de desarrollo y justicia social donde no solo la velocidad y el alcance de los cambios es importante, sino también qué es lo que se está transformando, cómo y en beneficio de quién.
Esta cuestión abre sin duda la interrogante de qué tipo de gobernanza multilateral, nacional y subnacional puede realmente responder a la urgencia y complejidad que plantea el avance de múltiples crisis y cuáles son los actores que a esas distintas escalas podrían impulsarla de manera exitosa y coordinada a pesar de las adversidades imperantes.
Gian Carlo Delgado Ramos, Tenured professor and researcher, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
