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Presidenta encargada de Venezuela anuncia ley de amnistía general y cierre de la cárcel El Helicoide

El período de perdón arrancará en 1999, año en que Hugo Chávez asumió el poder, y supondrá la excarcelación de centenares de presos, según anunció Delcy Rodríguez.

por
  • Redacción OnCuba
    Redacción OnCuba
enero 31, 2026
en América Latina
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Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otras figuras políticas de Venezuela durante un acto del Gobierno en Caracas, el 30 de enero de 2026. Foto: Palacio de Miraflores / EFE.

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otras figuras políticas de Venezuela durante un acto del Gobierno en Caracas, el 30 de enero de 2026. Foto: Palacio de Miraflores / EFE.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso una Ley de Amnistía General que busca cubrir más de dos décadas de violencia política en el país sudamericano.

El periodo de perdón arrancará en 1999, año en que Hugo Chávez asumió el poder, según anunció la mandataria interina este viernes.

La medida incluye la excarcelación de centenares de presos y el cierre del Helicoide, la cárcel que la oposición acusa se ser un centro de torturas y vejámenes, que se convertiría ahora en centro social y cultural.

Rodríguez, quien asumió la jefatura del Estado tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero, pidió a la Asamblea Nacional aprobar con urgencia la normativa y llamó a los venezolanos a dejar atrás la venganza y el odio.

“Que esta ley sirva para reparar las heridas y reencauzar la convivencia”, dijo en la apertura del Año Judicial 2026 en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

Delcy Rodríguez anuncia una ley de amnistía general en Venezuela y la reconversión de El Helicoide en un “centro social” https://t.co/6eGUtjsHz7

— CNN en Español (@CNNEE) January 31, 2026

Un perdón que abarca toda la era chavista

La amnistía propuesta por el actual Gobierno cubrirá el periodo comprendido entre 1999 y el presente, es decir, toda la etapa de gobiernos chavistas iniciada con Chávez y continuada por Maduro.

“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos”, afirmó, citada por EFE.

Según Rodríguez, quedarán excluidos de los beneficios quienes estén procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción o violaciones graves a los derechos humanos.

La presidenta encargada subrayó que la medida busca “dar una oportunidad para vivir en paz y tranquilidad” y que la diversidad política pueda coexistir con respeto a la ley.

El anuncio fue recibido con júbilo por familiares de presos políticos que acampaban frente a cárceles en Caracas, esperando noticias de excarcelaciones.

El cierre del Helicoide

Uno de los anuncios más simbólicos fue la clausura del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), denunciado durante años como centro de torturas. Rodríguez ordenó que el edificio sea transformado en un espacio social, deportivo y cultural para la familia policial y las comunidades aledañas.

La ONG Foro Penal estima que Venezuela tiene poco más de 700 presos políticos, muchos de ellos recluidos en el Helicoide.

Concebido en 1956 durante el gobierno del dictador Marcos Pérez Jiménez como un proyecto arquitectónico futurista destinado a convertirse en el mayor centro comercial de Venezuela, su estructura helicoidal permitía que los automóviles ascendieran por rampas hasta los distintos niveles de tiendas y espacios de exhibición.

Sin embargo, el proyecto quedó inconcluso tras la caída de Pérez Jiménez en 1958 y nunca cumplió su propósito original. Durante años permaneció abandonado, lo que hizo de él un símbolo del fracaso de las ambiciones modernistas de la dictadura.

A partir de la década de 1980, el edificio fue entregado a la policía política y se transformó en sede de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), un organismo de seguridad creado en Venezuela en 1969 durante el gobierno de Rafael Caldera para combatir a la insurgencia y las fuerzas de izquierda.

En 2010, el edificio pasó a manos del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Familiares de presos políticos frente a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas. Foto: Ronald Peña R / EFE.
Familiares de presos políticos frente a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas. Foto: Ronald Peña R / EFE.

Excarcelaciones y antecedentes

Desde el 8 de enero, el Gobierno interino de Venezuela ha liberado a unos 300 presos como parte de un proceso gradual. Las familias han seguido de cerca cada anuncio, con escenas de abrazos y celebraciones en las afueras de calabozos policiales.

La líder opositora María Corina Machado, galardonada el pasado año con el premio Nobel de la Paz, consideró que el proceso “responde a la presión de Estados Unidos” y no a una voluntad espontánea del chavismo. “Cuando desaparece la represión y se pierde el miedo, es el fin de la tiranía”, afirmó en una intervención virtual en el Hay Festival de Cartagena, en Colombia.

El parlamentario opositor Tomás Guanipa, con dos hermanos presos, celebró la iniciativa como “el inicio de un camino hacia la libertad y la democracia de forma definitiva”. Sin embargo, advirtió que la amnistía debe aplicarse “para todos por igual” y no de manera discrecional. “No puede ser decidido por quienes controlan el poder”, dijo en una entrevista con la prensa internacional.

Guanipa, que asumió su escaño en la Asamblea Nacional tras el bombardeo estadounidense que precipitó la caída de Maduro, defendió que el proceso conduzca a una transición democrática y a elecciones libres. “Rodríguez tiene una gran oportunidad histórica de cerrar un ciclo y abrir las puertas de la democracia”, señaló.

La ley anunciada este viernes es apenas la segunda amnistía en casi tres décadas de gobiernos chavistas. La primera fue aprobada en 2007 por Chávez y benefició a militares detenidos tras la insurrección de 2002.

En 2016, un intento de ley de amnistía impulsado por un Parlamento opositor no prosperó.

Laura Dogu, designada como jefa de la misión diplomática de EE.UU en Venezuela. Foto: Gustavo Amador / EFE / Archivo.
Laura Dogu, designada como jefa de la misión diplomática de EE.UU en Venezuela. Foto: Gustavo Amador / EFE / Archivo.

Más anuncios de Rodríguez y nueva embajadora de EEUU

Delcy Rodríguez también anunció una consulta nacional para un nuevo sistema de justicia, que será conducida por la Comisión de la Revolución Judicial presidida por Diosdado Cabello. “La justicia debe convertirse en la reina de las virtudes republicanas”, afirmó, al pedir colaboración de todos los sectores.

En paralelo, solicitó al Tribunal Supremo un pronunciamiento sobre la Licencia General emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el fin de preservar la jurisdicción venezolana y garantizar relaciones económicas internacionales. La mandataria interina ha avanzado en la reanudación de vínculos diplomáticos con Washington, rotos desde 2019.

Los anuncios de este viernes reflejan la magnitud de los actuales cambios en Venezuela tras la caída y captura de Maduro, que provocó un centenar de víctimas, entre ellos 32 militares cubanos.

“Los cambios han sido violentos en términos de rapidez”, reconoció Guanipa, quien insistió en que la transición debe desembocar en un proceso democrático que recupere la soberanía nacional a través del voto popular.

Rodríguez, que fue parte del chavismo durante casi tres décadas, enfrenta ahora el reto de demostrar que las reformas no son cosméticas. “Toca de parte de ella dar las demostraciones de que estos cambios van en serio”, dijo el parlamentario opositor.

En este escenario, la llegada de Laura Dogu como nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, prevista para este sábado marca un giro en las relaciones bilaterales.  Washington y Caracas avanzan en una reanudación “gradual” de vínculos, con acuerdos petroleros y la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en el país, entre otros pasos.

Dogu, designada el 22 de enero, cuenta con amplia experiencia diplomática: fue embajadora en Honduras y Nicaragua, además de ocupar cargos en México, Turquía, Egipto y El Salvador, así como en el Departamento de Estado en Washington.

Etiquetas: crisis en Venezuelapresos políticosVenezuela
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