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Me gusta recordar a cada rato que sobre béisbol, ciclones y relaciones con EE.UU. todos los cubanos somos expertos.
Las maneras en que se ejercen las tres “experticias”, sin embargo, suelen diferenciarse notablemente. Como evidencia prima facie véase cuántas opiniones polarizadas y debates a muerte circulan en las redes sobre béisbol y ciclones, en comparación con todo lo que se afirma, se propone, se predice y se maldice sobre las relaciones entre nuestros dos países.
Habiéndome dedicado a investigarlas una parte de mi vida más larga de la cuenta, y habiéndome equivocado muchas veces, no deja de fascinarme el modo en que son discutidas, especialmente por su asertividad y subjetividad frecuentes.
En efecto, pocos temas suscitan tantas frustraciones, expectativas y “soluciones definitivas” como este. Incluso entre quienes repiten que el bloqueo no es la causa de todos nuestros problemas, muchos se comportan como si las “relaciones normales” pudieran resolverlos casi todos. De manera que la isla se convierta en esa especie de tierra prometida imaginada, próspera, sostenible y democrática, de donde nadie se quiera ir, parece depender de nuestras relaciones con ellos.
Y aunque sus políticas se encargan de recordarnos una y otra vez la naturaleza imperialista que sigue gobernándolas, soñamos con un futuro en que podamos vivir nuestra cercanía como buena vecindad y legado cultural compartido, en vez de en condición geopolítica adversa y predominante.
Esa subjetivación de las relaciones también suele proyectar las frustraciones y desavenencias de muchos con el Gobierno cubano, en sí mismas muy explicables, para atribuirle a este la causa del impasse, los retrocesos o agravamientos que experimentan.
Como si se tratara de un padecimiento vuelto crónico por ineptitud para tratarlo, en vez de una configuración de poderes asimétricos, cuyos ciclos de polarización y de aproximación han estado determinados por la gran potencia, según puede comprobarse mediante una simple inspección de la historia.
En los últimos tiempos, he intentado explorar el cuadro de estas relaciones recurriendo al triángulo clásico EE.UU.-Latinoamérica+Caribe-Cuba, buscando en él explicaciones sobre lo que está pasando o podría pasar en su dinámica, como alternativa al arrastre subjetivista.
Bajo el efecto estremecedor de la crisis venezolana, y la nube de discursos y moralejas atropelladas que la acompañaron, intenté examinar las diferencias de fondo entre el escenario venezolano y el nuestro, y apreciar los límites a una escalada militar contra Cuba, sin subestimar los peligros y costos reales que planteaba la agresividad acrecentada de EE.UU.
Quisiera ir ahora un poco más atrás, y volver a revisar la última fase de acercamiento que tuvimos. No solo por la permanencia de los intereses mutuos que la propiciaron, sino también porque, particularmente del lado de Cuba, algunos de los actores que participaron en aquel entendimiento siguen vivos.
Y, sobre todo, para aprender de las diferencias marcadas entre ambas circunstancias. Lo que, en política, hay que tener muy en cuenta, pues no todo depende de la buena o mala voluntad de las partes, aunque el voluntarismo sea un rasgo de nuestra cultura politica —la de tirios y también la de troyanos—. No siempre, más bien casi nunca, “querer es poder”.
Hace apenas 12 años, el Gobierno cubano y el estadounidense negociaron y acordaron nada menos que la normalización de relaciones diplomáticas. Llegaron a ese punto gracias a un largo y complicado diálogo sobre intercambio de presos, que fue posible porque había un tiempo limitado para lograrlo del lado de allá.
En efecto, si Alan Gross hubiera muerto de un infarto en una cárcel cubana, la Administración Obama habría tenido que pagar un costo político muy alto. Así que la urgencia de alcanzar un acuerdo en un plazo determinado gravitaba por encima de la asimetría de poderes e intereses entre ambos lados.
Supongo que no necesito demostrar que la iniciativa de este acercamiento estuvo del lado de EE.UU.; ya que la actitud receptiva de Cuba para negociar, y su disposición para “hablar de cualquier tema” estaba ahí desde que Raúl Castro ocupara la presidencia (2008). Aunque Obama había enunciado el cambio en la política hacia Cuba desde su campaña electoral (2008), y se lo había prometido luego a los países de la región (2009), no había tenido lugar antes, salvo algunas rectificaciones de menor cuantía.
A fines de 2014, sin embargo, esa iniciativa tenía a su favor que podía producirse a un costo relativamente bajo. Entre los factores favorecedores estaba que empezarían a transcurrir los últimos dos años del mandato presidencial; que la mayoría de la opinión pública de EE.UU. estaba a favor de un entendimiento; y que un mayor número de cubanos emigrados le habían dado su apoyo a una agenda distensiva que facilitara viajes y remesas.
En el plano internacional, todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, y tambien los aliados europeos, independientemente de sus posiciones ideológicas, pensaban lo mismo.
El único factor en contra era el lobby de los recalcitrantes cubanoamericanos del sur de la Florida. Pero no era la primera vez que el gobierno de EE.UU. le pasaba por arriba a ese lobby, cuando se trataba de un asunto que le importara realmente.
Aun con este cuadro favorable, fue necesaria la mediación del papa Francisco para destrabar y facilitar el diálogo que condujo al intercambio de prisioneros. Ese diálogo y el acuerdo en que desembocó, sirvió de trampolín para algo que no se esperaba: la restauración de las relaciones diplomáticas llamada “normalización”. ¿Por qué?
Obama nunca prometió que iba a normalizar relaciones. Hubiera suscitado oposición en el Congreso, en sectores de la propia burocracia, además de todos los operadores y accionistas de la industria del anticastrismo, especialmente en el sur de la Florida.
Podemos admitir que tenía esa intención secreta; pero sabemos que las intenciones secretas o lo que les hubiera gustado hacer no desemboca siempre en acciones convenientes para los políticos.
El hecho cierto es que, más allá de esas inclinaciones y conveniencias, podía estimarse con certeza que la liberación y canje de prisioneros, una vez fuera un fait accompli, iba a despertar esa misma reacción y a generar un costo político fijo previsible.
Para ponerlo en términos de la teoría marginalista de costos y beneficios: ¿en qué medida la normalización, o sea, la elevación al rango de embajada a las secciones de intereses en La Habana y Washington, existentes desde 1977, iba a generar un costo marginal superlativo? Y resultó mínimo.
Además de contar con el respaldo de todos los actores y corrientes favorables mencionados arriba, incluida la mayoría silenciosa de la emigración, la administración Obama podía entonces darse el lujo de invertir su capital político residual en un pequeño negocio como era el tema de Cuba, hacerlo florecer en los próximos 25 meses, y convertirlo en un tópico importante de su legado.
Para alcanzarlo, contaba con la colaboración del Gobierno de Cuba, que no exigía el levantamiento del embargo como condición previa para declarar la normalización. Hablando de concesiones, ninguna de las que hicieron posible el acercamiento y progreso de las relaciones en 2015-2016 puede compararse con esa.
Está de más decir que el interés económico no era la fuerza que impulsaba esta política del lado de EE.UU. Pero no eran despreciables los intereses de seguridad nacional que ambos lados compartían. Basta revisar los 23 acuerdos alcanzados antes de que Obama dejara la Casa Blanca para confirmarlo.
¿Qué pasó del lado de Cuba, y qué costos hubo que pagar? Como podía suponerse, la inmensa mayoría de los cubanos apoyaron la normalización de manera estentórea. Muchos la celebraron como un triunfo de la soberanía nacional. Anticiparon que, aun sin levantarse el bloqueo, era un paso en ese camino, y empezaron a aprovechar los beneficios directos de la distensión: el aumento de las visitas de estadounidenses y cubanoamericanos, la mayor flexibilidad en el otorgamiento de visas, los vuelos comerciales entre diversas ciudades de EE.UU. y las provincias cubanas, el auge de las licencias para intercambios culturales y académicos, etc. Diversos grupos de cubanos aprovecharon esos avances, además de todo lo que se logró en materia de cooperación entre los dos gobiernos.
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El principal costo, en mi opinión, estuvo precisamente en el vínculo que se creó, subjetivamente, entre el avance del programa de reformas, aprobado tres años antes, y el proceso de la normalización en las relaciones bilaterales.
Sin duda, la expectativa de mejores relaciones se convirtió en un factor objetivo, que catapultó las relaciones exteriores de Cuba, y las multiplicó más allá de los EE.UU. Durante los dos años de la normalización, visitaron la isla más dignatarios y representantes gubernamentales de alto nivel, procedentes de todo el mundo, que nunca antes —según mis cuentas, un promedio de dos cada semana—.
Si esas expectativas no se cumplieron no fue precisamente por falta de pragmatismo en la política cubana, el predominio de un estilo conservador que paralizara los cambios en curso, cerrara el espacio y legitimidad del sector privado, o respondiera a la mentalidad de fortaleza sitiada. Sino por el cambio en la política de EE.UU., especialmente desde el verano de 2017, cuando “los ataques sónicos” paralizaron literalmente el cumplimiento de los acuerdos migratorios, eje principal del entendimiento y la cooperación entre los dos lados desde 1995.
Seguir asociando las reformas y su implementación con el manejo “pragmático” de las relaciones con EE.UU. no solo ignora las causas del deterioro de las relaciones, sino que confunde los términos de nuestros problemas.
Continuar apoyando al sector privado y cooperativo; garantizar la expresión de la opinión pública y la autonomía real de los medios; el lugar de los emigrados y su estatuto ciudadano; seguir produciendo la legislación que otorga poder a los municipios, reconoce asociaciones, derechos humanos, etc. que prevé la Constitución, ¿deberían viabilizarse para convertirse en una agenda negociable con los EE.UU.?
Defender reformas en el ámbito de la política interna como imprescindibles para fomentar el desarrollo socioeconómico, hacer sostenibles los servicios sociales, elevar y repartir el bienestar, la participación y el control ciudadanos, así como fortalecer la autonomía en las relaciones exteriores, facilitar alianzas y diversificar la dependencia, le da un significado a las reformas que forma parte de la proyección internacional de Cuba. Pero de ahí a crear una matriz que les dé sentido como baza de la negociación internacional hay un largo trecho.
No hay que olvidar que el sentido de las reformas en una política socialista es interactuar con el consenso, fomentarlo y legitimarse en él. De otra manera, se limita a un ejercicio tecnocrático o de simple adaptación al orden internacional y sus estructuras.
Adjudicarle a la relación con EE.UU. el papel clave en la solución de nuestros problemas también asume como premisa que Cuba se está derrumbando y tendría que agarrarse a un clavo ardiendo. Percepción que coincide con la de quienes mandan hoy en EE.UU.
Si ese fue el sentido común que ha conducido a otros, más ricos y menos dependientes que nosotros, a negociar “un acomodo” con la superpotencia, estamos teniendo delante los resultados de ese pragmatismo.
Me he demorado, quizás más de la cuenta, en repasar experiencias anteriores de nuestras políticas hacia EE.UU., encaminadas al diálogo, el entendimiento y la negociación; así como retomando ideas sobre su alcance y límites, para poder apreciar las principales diferencias con la situación actual.
¿Cuál es la actual postura de EE.UU. en términos de diálogo, entendimiento y negociación? ¿De cuáles “EE.UU.” estamos hablando?
¿Estamos en un ciclo de su política caracterizado por una búsqueda de acercamiento con América Latina y el Caribe, como ocurrió en época de Carter u Obama? ¿O la visión predominante es la de “America para los americanos”, consistente en algo más que reconocerles su “esfera de influencia”?
¿Estamos en el auge de una distensión, a nivel global? ¿O más bien en el retorno a una política de Pax Americana, que no hace distinción siquiera entre sus aliados y los que no lo son? ¿Se trata de reconocer la primacía de EE.UU. en la alianza occidental? ¿O más bien su supremacía absoluta y unilateral?
¿Existe algún espacio para el multilateralismo en esa política neoimperialista?
Si no estamos en un momento de diálogo hemisférico ni de coordinaciones multilaterales, sino de refuerzo del unilateralismo, ¿cuáles son las condiciones para esperar una salida negociada entre Cuba y los EE.UU.?
Ninguna de estas preguntas se dirige a rechazar el diálogo, y mucho menos la búsqueda del entendimiento y la disposición a negociar. Parte fundamental de hacerlo con realismo y sentido práctico, de asumir a conciencia nuestras debilidades, y de no dejarnos arrastrar por las voces de la guerra, consiste en no olvidar ni por un momento con quién estamos negociando.
Termino recordando una experiencia histórica que ni los europeos ni los estadounidenses han olvidado, y que resulta recurrente en los estudios internacionales. Es la que describe el término appeasement, en español, apaciguamiento, definida en ese contexto como “una política definida por la realización de concesiones políticas, económicas y/o territoriales a una potencia agresora con el fin supuesto de evitar un mayor conflicto.”
Invocando el pragmatismo de mantener la paz y hacer concesiones para evitar males mayores, los gobiernos británico y francés firmaron con Hitler el pacto de Munich, por el cual aceptaban la anexión de una parte de Checoeslovaquia a Alemania. En lugar de apaciguarlo, el pacto refirmó el sentido de impunidad del régimen nazi, y le impulsó a apropiarse de toda Checoslovaquia y luego invadir Polonia. Así empezó la II Guerra Mundial.
Recordar esta lección sobre los peligros de ceder a las pretensiones de una gran potencia sería útil no solo para Cuba, sino para el resto de América Latina y el Caribe.
