¿Podría el arresto del expríncipe Andrés acabar con la monarquía británica?

Cuando un miembro de la realeza es objeto de escrutinio, puede parecer una ruptura con la tradición. Sin embargo, a lo largo de los siglos, los miembros de la realeza británica han sido objeto de sospechas en repetidas ocasiones. Lo que hace que la detención de Andrew Mountbatten-Windsor sea tan llamativa es que hay que remontarse al siglo XVII para encontrar algo comparable.

La realeza no es ajena a los escándalos, pero las acusaciones de infringir la ley son otra cosa muy distinta. La caída en desgracia del expríncipe Andrés tendrá enormes repercusiones para la realeza británica y también nos da una idea de cómo ha cambiado el trato a la realeza desde la muerte de la reina Isabel.

Cuando cayó la corona

Esta no es la primera vez que la realeza británica se ha visto envuelta en problemas legales. En 1483, Ricardo III se vio involucrado en la desaparición de sus dos sobrinos, los llamados príncipes de la Torre. Ambos príncipes eran herederos legítimos y, por lo tanto, una amenaza directa para el derecho de Ricardo al trono. Nunca fue juzgado en un tribunal, y los historiadores aún debaten las pruebas.

El enfrentamiento más dramático entre la monarquía y la ley se produjo con Carlos I, acusado de traición durante la guerra civil inglesa. Fue arrestado en 1649, juzgado y ejecutado públicamente. Este acto conmocionó a Europa y destrozó la creencia de que la realeza estaba por encima de la ley.

Como consecuencia, Inglaterra abolió la monarquía y se convirtió en una república bajo el mandato de Oliver Cromwell. Así pues, la última vez que un miembro de la familia real fue arrestado y juzgado, la propia corona cayó.

Ese precedente es importante porque subraya lo poco frecuentes que son los arrestos de miembros de la realeza. Durante más de tres siglos, la monarquía ha evitado ese espectáculo. El hecho de que la detención de Andrew obligue a compararlo con Carlos I revela lo excepcional que es este momento.

La reputación como estrategia real

En el siglo XIX, la monarquía sobrevivió menos por la fuerza y más por su reputación. Bajo el reinado de la reina Victoria (1837-1901), la corona cultivó la virtud doméstica y la seriedad moral como escudo contra la inestabilidad. La respetabilidad se convirtió en una defensa estratégica contra el escándalo.

Sin embargo, la fama y el poder conducen inevitablemente a un gran interés público, y los escándalos se abrieron paso en la cultura impresa y, más tarde, en los medios de comunicación de masas. El príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, fue acusado de ser Jack el Destripador. Es una afirmación que los historiadores han rechazado en gran medida como teoría conspirativa, pero que persiste porque refleja los temores sobre los encubrimientos de la monarquía.

Jacobo II fue destronado en 1688 durante la Revolución Gloriosa en medio de acusaciones de que socavaba las leyes protestantes y promovía a funcionarios católicos. Su aparente abuso de poder, más que un único delito perseguible, le costó el trono.

En el siglo XX, Eduardo VIII generó un tipo diferente de inquietud. Tras su abdicación en 1936, surgieron pruebas de su simpatía hacia la Alemania nazi, seguidas de una reunión con Adolf Hitler en Alemania en 1937. Aunque no hubo ningún proceso judicial, esto causó un grave daño a la reputación y la confianza pública de Eduardo.

El colapso de la deferencia

Durante gran parte del siglo XX, la monarquía funcionó dentro de una cultura de respeto. La prensa se abstuvo de informar sobre la vida privada de la realeza y las indiscreciones se gestionaban discretamente. Ese acuerdo aislaba a la familia real de una exposición mediática continuada. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar tras una serie de escándalos en la década de 1990. Esto llevó finalmente a Isabel II a calificar 1992 como su annus horribilis.

El auge del periodismo sensacionalista erosionó las antiguas fronteras, y los medios digitales las disolvieron por completo. El silencio ahora intensifica las sospechas en lugar de calmarlas, como fue el caso del silencio real sobre la salud de la princesa de Gales a principios de 2024, lo que obligó a que hiciera pública su lucha contra el cáncer.

Influencia, acceso y percepción

Incluso antes de su detención, la percepción sobre el expríncipe Andrés era negativa.

El arresto se produce en este cambio de opinión. Durante su mandato como representante especial del Reino Unido para el comercio y la inversión internacionales, cultivó relaciones con líderes políticos y figuras empresariales adineradas de todo Oriente Medio y Asia Central. Los críticos cuestionaron si había difuminado la línea entre la promoción comercial oficial y las redes privadas.

El episodio de 2010 “cash for access” (dinero por acceso) en el que se vio involucrada la esposa de Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, profundizó esa percepción. Sarah fue filmada ofreciendo acceso a Andrés a cambio de un pago sustancial. Aunque ella se disculpó y el expríncipe negó su participación, la imagen de manejos monetarios en el entorno de la corona fue corrosiva.

En 2021, una investigación encubierta sugirió que el príncipe Michael de Kent, primo de la reina, estaba dispuesto a utilizar su estatus real para ayudar a una empresa ficticia a cambio de una remuneración. Él negó haber actuado mal, pero el daño ya estaba hecho.

Una marca sin aislamiento

Bajo el reinado de Isabel II, la longevidad confería autoridad y estabilidad, lo que a menudo suavizaba los escándalos. Bajo el reinado de Carlos III, la institución parece más expuesta. La detención del expríncipe perturba y expone a la familia real a un daño reputacional. Aunque posteriormente fue puesto en libertad, el escándalo aún tiene un largo recorrido.

Carlos es un monarca constitucional. No puede interferir en las investigaciones policiales ni en las decisiones de la fiscalía sin provocar una crisis constitucional. Su autoridad es simbólica más que ejecutiva.

Pero puede alejar aún más de la vida pública al círculo íntimo de Andrés, incluidas sus hijas. Ya le ha despojado de sus títulos reales y le ha dicho que abandone su hogar, Royal Lodge.

Sin embargo, incluso eso tiene sus límites. El poder de Carlos ahora se basa menos en el control que en la credibilidad. En una sociedad permanentemente vigilante, los juicios no se dictan en privado, sino a la vista de todos.

El precedente que perdura

La última vez que se detuvo a un monarca reinante, Inglaterra abolió la monarquía y se convirtió en una república. El eco histórico es imposible de ignorar: nos recuerda que cuando la corona se ve envuelta en un proceso penal, las consecuencias trascienden al individuo.

El arresto de Andrew Mountbatten-Windsor subraya lo frágil que puede ser esa confianza y lo decisivamente que la moldea el tribunal que realmente importa, el de la opinión pública. Aunque el expríncipe no es el rey, el escándalo podría haberse suavizado si su hermano Carlos hubiera actuado con más decisión y rapidez para apartarlo de los círculos más cercanos a la monarquía.

Los escándalos reales merman el sentido de misterio que durante mucho tiempo ha protegido a la corona. La monarquía sobrevive no porque tenga poder político real, sino porque representa estabilidad, dignidad y algo ligeramente alejado de la vida cotidiana.

Cuando los miembros de la realeza se ven envueltos en un escándalo, esa sensación de distancia se desvanece y la institución puede empezar a parecer más frágil que intocable.

Jo Coghlan, Associate Professor, Humanities, Arts and Social Sciences, University of New England; Huw Nolan, Animal Welfare Scientist and Pop Culture Researcher, University of New England y Lisa J. Hackett, Senior Lecturer, Cultural History, University of New England

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.