El vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, aseguró que la ausencia de compensaciones a antiguos propietarios estadounidenses víctimas de las nacionalizaciones de la década de 1960 responde a la negativa de Washington a negociar.
“Si los antiguos dueños estadounidenses no fueron compensados, fue porque su gobierno jugó política y hostilmente con el tema”, afirmó el diplomático en una publicación en Facebook.
El debate sobre el tema de las nacionalizaciones resurge en un contexto delicado en el que Gobierno de la isla anunció recientemente nuevas medidas que permiten a los cubanos en el extranjero invertir en empresas privadas y sectores clave de la economía.
Nacionalizaciones “absolutamente legítimas”
Fernández de Cossío sostuvo que el proceso de nacionalización se llevó a cabo conforme al marco legal cubano e internacional vigente en ese momento. “Las nacionalizaciones de propiedades extrajeras llevadas a cabo en Cuba en la década de 1960 fueron absolutamente legítimas”, indicó, y añadió que incluyeron mecanismos de indemnización basados en acuerdos bilaterales, según explicó.
El funcionario detalló que Cuba logró acuerdos de compensación con países como Canadá, España, Francia, Gran Bretaña y Suiza, mientras que Estados Unidos rechazó ese camino.
“El gobierno de Estados Unidos rechazó la propuesta de compensación e incluso se negó a sentarse a tratar de buscar una fórmula mutuamente aceptable por vía de la negociación”, señaló.
El vicecanciller vinculó esa negativa al contexto político de la época, marcado por la confrontación entre ambos países, cuando Washington ya impulsaba acciones para derrocar al Gobierno revolucionario, incluida la preparación de una invasión que culminó en Playa Girón.
“¿Por qué iba a hacerlo, si ya en esa época planificaba en secreto el derrocamiento por la fuerza del gobierno revolucionario?”, cuestionó.
Asimismo, afirmó que, incluso después de ese episodio, La Habana mantuvo su disposición al diálogo. “Tras la victoria de Playa Girón, el gobierno cubano aun insistió en la propuesta de sentarse a buscar una solución, a lo que Estados Unidos no respondió”, subrayó.
El funcionario argumentó además que las políticas estadounidenses posteriores han generado daños sostenidos a la isla, al plantear que “desde entonces, el gobierno de los Estados Unidos ha provocado a Cuba y a los cubanos un inmenso daño humano y material”, sostuvo, al tiempo que defendió el derecho de Cuba a reclamar compensaciones por esos perjuicios.
Cuba dispuesta a compensar
Fernández de Cossío reiteró finalmente que el Gobierno cubano mantiene abierta la vía de negociación para resolver el diferendo. “Durante años, Cuba ha manifestado la disposición a sentarse a dialogar sobre el tema de las reclamaciones y compensaciones mutuas, con el reclamo de cada parte sobre la misma mesa”, afirmó.
A finales de marzo, en entrevista al sitio Drop Site News, el diplomático dijo, no obstante, que un acuerdo “de pago único” tendría que formar parte de otra negociación más amplia que aborde las sanciones y el bloqueo estadounidenses, y que también permita un nivel de inversión estadounidense en Cuba que anteriormente estaba prohibido.
Gobierno cubano dispuesto a compensar a estadounidenses y empresas de EEUU
Además, de concretarse este acuerdo, implica que Cuba pague a Estados Unidos un monto y que Estados Unidos se encargue de gestionar las reclamaciones.
Según recordaba AFP en un reporte publicado durante el deshielo propiciado por la Administración de Obama, el de las compensaciones era uno de los temas más espinosos de las conversaciones entre ambos gobiernos, e incluía propiedades expropiadas por la revolución así como los daños provocados por el embargo estadounidense.
Miles de reclamos registrados ante la OFAC
En 1965, Estados Unidos abrió una primera lista de reclamos por compensaciones en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), un órgano dependiente del Departamento del Tesoro. Ese expediente se mantuvo abierto hasta 1972.
Para 2015 existían 5911 reclamos registrados ante la OFAC por parte de empresas o ciudadanos estadounidenses y cubanos, por propiedades expropiadas en Cuba, concesiones o bienes perdidos, en un paquete que según los propios interesados suma entre 7000 y 8000 millones de dólares.
Por su parte, en noviembre de 1996 la Asamblea Nacional de Cuba aprobó la ley 80, en la que explícitamente reconoce esos reclamos y establece la “disposición” del gobierno cubano a “una adecuada y justa compensación por los bienes expropiados”, que “podrán formar parte de un proceso negociador” entre los dos países.
