El Gobierno de Cuba anunció recientemente que las unidades presupuestadas del Estado dejarán de ser estructuras rígidas para convertirse en entidades con mayor autonomía económica, en medio de una crisis prolongada y bajo la presión de las sanciones de Estados Unidos.
Las llamadas unidades presupuestadas, que involucran a poco más de la mitad de la fuerza laboral activa y que hasta ahora dependían casi exclusivamente de asignaciones estatales, se transformarán en organismos con capacidad de generar ingresos propios y de establecer vínculos contractuales con empresas y actores privados, según el decreto gubernamental sobre el tema.
De acuerdo con Yenisley Ortiz Mantecón, viceministra de Finanzas y Precios, el proceso busca que ministerios, hospitales, universidades y centros culturales y deportivos, entre otros, puedan adaptarse a un entorno económico adverso, donde el presupuesto central ya no puede cubrir todas las necesidades. La medida responde a la urgencia de modernizar la gestión pública y evitar el colapso de servicios esenciales.
“No es sólo decir que es por necesidad, por bajar a ultranza el déficit fiscal descargando gastos de la actividad presupuestada”, sino también para “dinamizar que ese presupuesto del Estado le ingresen recursos financieros para poder redistribuir”, explicó la funcionaria en el programa televisivo Cuadrando la caja.
Flexibilizan gestión de unidades presupuestadas: más autonomía, aunque “con enfoque conservador”
Autonomía, sostenibilidad y desburocratización
El objetivo central de la medida es que las entidades públicas logren diversificar sus fuentes de financiamiento y reduzcan la dependencia de un presupuesto estatal cada vez más limitado.
La propuesta incluye que las unidades presupuestadas puedan ofrecer servicios especializados, establecer convenios con empresas privadas y captar recursos externos, bajo un marco regulatorio que garantice —o lo intente— transparencia y control social. De esta manera, se busca preservar la cobertura universal en sectores como salud y educación, pilares del modelo social cubano.
“Aquí también tenemos un perfil importante que sigue siendo un reto, que es el tema de las administraciones locales… porque se reconoce que el municipio desde la Constitución, es ese núcleo fundamental”, dijo Ortiz.
“Tenemos X número de ministerios. Bueno, podemos tener menos”, manifestó, por su parte, el M.Sc. Rafael Montejo Véliz, director del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana.
“En la medida en que podemos compactar, también estamos buscando eficiencia, eficacia”, abundó el ejecutivo y mencionó como necesidades la transformación digital en medio de dinámicas demográficas adversas, como el envejecimiento y la disminución poblacional que arriba al mercado laboral de Cuba.
“Estamos hablando de un departamento de contabilidad que tiene 15, 20 personas, y esa labor con la debida transformación digital la pueden hacer menos personas”, calculó el directivo, esquivando la observación de la moderadora, Marxlenin Pérez, de que tal reducción de plantilla y por tanto, una cesantía de trabajadores, “¿no sería contraproducente con el socialismo?”
“No, lo que estamos es dando respuesta a nuestra situación, a lo que está ocurriendo realmente en la sociedad”, respondió el académico.
Riesgos e impacto en la vida cotidiana
La transformación de las unidades presupuestadas no es un asunto meramente administrativo. Las autoridades esperan que tenga un impacto directo en la calidad de los servicios de salud, educación y cultura, que constituyen la base del modelo social cubano y que desde hace años acusan un deterioro sostenido. No obstante, será la práctica la que dirá la última palabra.
En hospitales y universidades, por ejemplo, la posibilidad de generar ingresos propios podría traducirse en mejoras en infraestructura, adquisición de insumos y contratación de personal especializado, aunque también existe el riesgo de que se generen desigualdades entre territorios.
En tal sentido, Guillermo A. Sarmiento Cabanas, director de Organización de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, señaló que —desde la perspectiva de su entidad— los principales retos a corto plazo están bien definidos en el programa de gobierno.
“Lo esencial es que el gasto público tenga un impacto real en la calidad de los servicios”, aseguró el funcionario, quien subrayó que se persigue “redimensionar los organismos de la administración central del Estado y simplificar las plantillas, eliminando cargos que no están vinculados directamente con la actividad fundamental de cada unidad presupuestada”.
“Muchas funciones de regulación, control o apoyo pueden ser contratadas a terceros. Si estas transformaciones no se reflejan en el cumplimiento de los objetivos de cada institución, no habremos logrado el propósito final”, admitió.
Unidades de “tratamiento especial”
Los especialistas coinciden en que el éxito de la reforma dependerá de la capacidad de las instituciones para adaptarse rápidamente y de la voluntad política para acompañar el proceso con reglas claras. La transparencia en la gestión y la participación ciudadana deben ser claves para evitar que la autonomía derive en prácticas excluyentes.
En ese contexto, Ortiz Mantecón, viceministra de Finanzas y Precios, explicó que las unidades presupuestadas “puras” financian sus gastos principalmente con el presupuesto del Estado, y aunque algunas generan ingresos, estos se entregan íntegramente al erario público.
En cambio, las unidades presupuestadas con “tratamiento especial” deben cubrir al menos un 30 % de sus gastos con recursos propios, y reciben del Estado una subvención por la diferencia. Esta modalidad les permite diversificar sus fuentes de financiamiento y convertirse en actores más dinámicos dentro de la economía nacional.
La funcionaria añadió que el nuevo decreto reconoce un cambio trascendental: estas unidades podrán utilizar los ingresos adicionales para crear reservas, como hacen las empresas estatales, incluyendo fondos destinados a mejorar la organización y la remuneración de los trabajadores.
“La posibilidad de distribuir utilidades entre los empleados marca una diferencia significativa y fortalece la calidad del salario, al tiempo que otorga mayor autonomía a estas instituciones”, subrayó.
El salario estatal crece en Cuba, pero la inflación devora su valor real
Entretanto, Montejo indicó que la transformación de las unidades presupuestadas debe entenderse dentro del conjunto de reformas económicas que impulsa el Gobierno para enfrentar el déficit fiscal.
Recordó que más de 2400 de estas entidades absorben más del 60 % del presupuesto estatal, por lo que las unidades presupuestadas con tratamiento especial representan un alivio importante al reducir la carga sobre las finanzas públicas.
Al respecto, destacó que muchas de estas unidades de tratamiento especial ya transitan hacia convertirse en empresas, pues han demostrado capacidad para cubrir más del 80 % de sus gastos con ingresos propios.
“El Jardín Botánico Nacional (por el momento cerrado por falta de combustible) es un ejemplo: aunque enfrenta dificultades, ha abierto nuevas actividades financieras que le permiten sostenerse. Este tipo de experiencias muestra cómo las unidades presupuestadas con tratamiento especial pueden evolucionar hacia modelos empresariales más eficientes”, insistió.
Una apuesta por la resiliencia
En medio de la crisis, Cuba apuesta por un modelo híbrido que combina financiamiento estatal con capacidad de autogestión, que podría convertirse en una estrategia de resiliencia frente a las sanciones externas y la falta de recursos, en opinión de especialistas.
Para Montejo, si se logra que las instituciones públicas se conviertan en actores económicos activos, se podrían sostener servicios esenciales y, al mismo tiempo, dinamizar la economía interna.
La reforma, además, abre la posibilidad de que la isla explore nuevas alianzas con actores privados e internacionales y con la diáspora cubana, que podría aportar capital y conocimientos para fortalecer las instituciones.
“Cuando tenemos un mercado mayorista que ya no puede satisfacer todas las necesidades, ni todas las empresas estatales pueden satisfacerlo, entonces hay que contratarlo en el sector privado”, sugirió el académico.
Cuba aprueba, al fin, que empresas estatales y privadas se asocien
Capacitación de los directivos en medio de un desastre económico
Según Rafael Montejo uno de los principales retos de la reforma es la capacitación de directivos y especialistas para asumir los cambios que introduce el nuevo decreto.
“Es vital preparar la mentalidad en las unidades presupuestadas con tratamiento especial, que en muchos casos pueden evolucionar hacia empresas. La formación de cuadros y trabajadores es esencial para que estas transformaciones se traduzcan en eficiencia y sostenibilidad”, afirmó el director del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana.
En la misma cuerda, la viceministra de Finanzas y Precios consideró que la preparación de los responsables es clave para el éxito del proceso.
“Nadie puede defender mejor una idea que quien participa en su construcción”, dijo y reclamó la “implicación directa de los trabajadores” para optimizar el funcionamiento de las unidades presupuestadas, “incluidas las de tratamiento especial, que hoy se convierten en actores más dinámicos de la economía nacional”, ponderó Ortiz Mantecón,.
El rediseño del aparato estatal cubano se anuncia en un escenario atravesado por el incremento de presión de Washington, en particular en aspectos vitales como el acceso a combustibles, créditos y mercados internacionales.
A la par, y en consonancia con las sanciones de EE.UU. y también con la aplicación de políticas fallidas a lo interno, la isla exhibe una economía en bancarrota, que ya acumula un 15 % de decrecimiento en el último quinquenio y que este año se encamina a una gravísima contracción de 6,5 %, según la Cepal, que coloca a Cuba en el sótano de América Latina y el Caribe.
