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El Tribunal Supremo español limitó este martes el derecho al voto de los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática, en una decisión que modificaría el mapa electoral español y expone también una batalla ideológica sobre la memoria histórica y el poder electoral en ese país.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó de forma parcial una petición del partido de ultraderecha Vox y el partido Iustitia Europa para que se suspenda la inscripción inmediata en el censo electoral de quienes hayan obtenido la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, conocida también como la Ley de Nietos.
Aún no se conocen los argumentos de los magistrados, que presumiblemente se difundirán en los próximos días. Entre tanto, y a la espera de una sentencia definitiva, salvo los casos de descendientes de exiliados que puedan demostrar tal condición, los nuevos españoles quedarán fuera del censo electoral, algo que podría afectar sus derechos de cara a las elecciones generales, municipales y autonómicas de 2027.
La aplicación de estas suspensiones cautelares constituye un paso sin precedentes en el controvertido debate sobre los derechos políticos de los descendientes de exiliados, un debate que da un perfil relevante a los cubanos en la contienda política en España.
Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, declaró que esta “es una decisión de enorme trascendencia, porque estamos hablando de suspender el derecho de voto de miles de españoles”.
“Estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto”, afirmó.
¿2,4 millones de votantes?
Según datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, más de 2,4 millones de personas habrían pedido cita en oficinas consulares hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar su solicitud de acceso a la nacionalidad acogida a la Ley de Memoria de octubre de 2022.
De ellas, 1,2 millones se presentaron oficialmente en dichas oficinas y 544 722 ya habían sido aprobadas en esa fecha. Aunque el plazo vigente fue hasta octubre de 2025, las solicitudes “siguen tramitándose”.
En los consulados de Argentina se concentra casi el 40 % de las peticiones, seguida por Cuba con alrededor de 300 mil, al menos hasta marzo de 2025.
Pero no todas las tramitaciones se convertirán en registros en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), ni estos se convertirán en votos.
En las últimas elecciones generales del 23 de julio de 2023, votó solamente el 10 % del CERA en aquel momento (con un total de 2,3 millones): alrededor de 233 mil personas y aun así constituyó un incremento importante, ya que en 2019 había votado solo el 6,85 %. En España el voto no es obligatorio.
En 2023, los consulados donde más españoles residentes en el extranjero votaron fueron el de Londres (18,11%), Bruselas (15,26%), Ginebra (15,20%) y París (15,17%). En América Latina los números fueron mucho más bajos. Lideraron Buenos Aires (6,22%) y México (4,78%).
En Cuba, uno de los países con mayor número de ciudadanos españoles inscritos en el CERA en 2023, el voto presencial no alcanzó siquiera el 1 %. En aquel momento, el Consulado de España en La Habana informó que de las cerca de 152 mil personas inscritas y con derecho de sufragio, apenas 1200 votaron (menos del 0,8 %) durante los seis días disponibles para hacerlo.
Muy baja participación desde Cuba en las elecciones de España
Una victoria parcial para Vox
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, establece la inscripción inmediata en el CERA de los nacionalizados por esa vía, y sin necesidad de acreditar específicamente la condición de descendiente de exiliado.
Una instrucción posterior del Ministerio de Justicia estableció que “se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”.
El líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, se ha referido a los cubanos nacionalizados como españoles bajo la Ley de Nietos para impugnar el voto CERA, acusando al gobierno de Pedro Sánchez y al de Cuba de manipular estos registros y los votos.
“Solo en Cuba la mafia de Sánchez va a acceder a cientos de miles de votos controlados por el castrismo. ¡Solo en Cuba!”, escribió en un post en X.
“Sánchez está preparando el golpe definitivo para mantenerse en el poder.
Trabajaremos para evitarlo, pero es imprescindible que todas las instituciones, partidos democráticos y sociedad civil defiendan el Estado de derecho. La amenaza es real y es muy grave.”
Según encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los cubanos nacionalizados españoles se inclinan principalmente por el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) con el 26,15% de apoyo.
Pero el segundo destino de su voto es Vox, con el 19,27% —por encima del Partido Popular (PP) con 16,97%.
La defensa del Gobierno: derechos fundamentales en juego
En la vista ante el Supremo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado rechazaron la suspensión cautelar, argumentando que restringiría para miles de nacionalizados el derecho al voto, derecho fundamental recogido en la Constitución.
El Gobierno planteó un argumento fundamental: “¿Cómo se puede privar a un español del derecho de sufragio sin anular previamente el acto que le concede la nacionalidad española?”
La Abogacía del Estado advirtió que la admisión de la suspensión cautelar sería una medida “positiva o innovativa, no meramente conservativa”. Es decir, una intervención judicial sin precedentes en una cuestión de derechos políticos.
Este argumento toca la naturaleza de la nacionalidad misma. Una vez otorgada legalmente, ¿pueden suspenderse sus consecuencias electorales en espera de un juicio que podría tardar años?
