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Una jueza federal de Miami rechazó este jueves la petición del Gobierno de EEUU para desestimar una demanda que busca facilitar la regularización de cientos de miles de cubanos con documentos I-220A.
La decisión que permite que el proceso judicial avance y que los abogados del caso consideran un primer paso para acceder nuevamente a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano, señaló EFE.
La magistrada Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, determinó durante una audiencia que el tribunal tiene jurisdicción para abordar la demanda presentada por 992 ciudadanos cubanos.
Una jueza federal en Miami determinó que tiene jurisdicción para avanzar en la demanda que busca la regularización migratoria de cientos de miles de cubanos con I-220A en EE. UU.
El abogado Mark Prada calificó la decisión como “una victoria importante”.#EstoEsAmérica aquí:… pic.twitter.com/zPlUWsTCFa
— VPItv (@VPITV) September 10, 2026
No obstante, concedió una semana al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para modificar su solicitud de desestimación.
“Eso es lo más importante de todo”, declaró a los medios el abogado Mark Prada, principal representante de los demandantes, al destacar que la jueza confirmó la jurisdicción del tribunal.
La demanda pretende que se reconozca como beneficiarios de la Ley de Ajuste Cubano a cubanos que ingresaron a EEUU por la frontera con México y fueron liberados con un formulario I-220A, documento que las autoridades migratorias estadounidenses no consideran equivalente al parole.
El conflicto por el I-220A
De acuerdo con el reporte de EFE, el centro de la disputa parte de la naturaleza del documento. Los demandantes sostienen que, después de ser detenidos en la frontera y colocados en procedimientos migratorios, fueron liberados de una manera que, según su interpretación, debió implicar la concesión de parole.
El reconocimiento del I-220A como una forma de parole permitiría a estos cubanos cumplir uno de los requisitos fundamentales para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
“Nos enfocaremos en el punto de que todos son elegibles para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste”, afirmó Prada.
De acuerdo con el sitio Café Fuerte, el abogado añadió que todavía quedan varios aspectos por discutir en las próximas audiencias, aunque considera que existe una posibilidad favorable para los demandantes.
La estrategia legal busca que el caso sea certificado como una acción colectiva de alcance nacional, lo que permitiría extender sus efectos a otros cubanos que se encuentren en una situación migratoria similar.
Prada explicó que los abogados pretenden abarcar a los cubanos que carecen de parole y “abrir la puerta a aplicar al Ajuste Cubano a la mayor cantidad de gente posible”.
En los casos de personas que ya tienen órdenes de deportación, la intención sería que pudieran solicitar la reapertura de sus procesos ante los jueces de inmigración.
Cubanos en EEUU buscan revitalizar la Ley de Ajuste en corte de Miami
El limbo de cientos de miles de cubanos
El problema afecta especialmente a los cubanos que llegaron a Estados Unidos durante el éxodo por la frontera mexicana entre 2019 y 2023.
Según estimaciones de varios medios, entre 500 mil y 600 mil cubanos ingresaron durante ese período. Una parte mayoritaria recibió el formulario I-220A, conocido como “libertad bajo palabra”.
Aunque este documento permite permanecer en libertad mientras avanza un proceso migratorio, las autoridades estadounidenses han establecido que no equivale al parole necesario para acceder a la vía de regularización prevista en la Ley de Ajuste Cubano.
Esa diferencia técnica ha dejado a numerosos cubanos en un prolongado limbo migratorio: pueden permanecer físicamente en EEUU mientras se resuelve su situación, pero no cumplen, según la interpretación vigente de las autoridades, el requisito que les permitiría solicitar la residencia permanente mediante el Ajuste Cubano.
Algunos inmigrantes con I-220A han recibido órdenes de deportación y a otros los han expulsado hacia Cuba o terceros países.
¿Y la Ley de Ajuste?
La Ley de Ajuste Cubano se promulgó en 1966 durante la administración del presidente Lyndon B. Johnson y establece un procedimiento migratorio especial para ciudadanos cubanos que cumplen determinados requisitos de permanencia y admisibilidad.
Durante décadas, la legislación se convirtió en una de las principales vías de regularización para los cubanos que llegaban a Estados Unidos.
El escenario migratorio, sin embargo, ha cambiado sustancialmente desde que Barack Obama puso fin en enero de 2017 a la política de “Pies secos, pies mojados”.
Dicha política permitía a los cubanos que alcanzaban territorio estadounidense permanecer en el país y solicitar posteriormente determinados beneficios migratorios.
Los cubanos que llegaron después de esa fecha quedaron sometidos a un marco diferente, y la cuestión del I-220A se convirtió en uno de los principales obstáculos para quienes pretenden acogerse al Ajuste Cubano.
La demanda de Miami intenta ahora resolver judicialmente esa diferencia.
Apenas comienza para los cubanos
La decisión de Becerra no concede por sí misma la residencia a los demandantes ni establece todavía que el I-220A sea equivalente al parole. Lo que determina, por ahora, es que la demanda puede continuar ante el tribunal federal.
El siguiente paso será determinar si el caso puede convertirse en una acción colectiva nacional y, posteriormente, resolver el fondo de la disputa: si las autoridades migratorias actuaron correctamente al liberar a estos cubanos mediante I-220A y si ese documento puede considerarse legalmente equivalente al parole a efectos de la Ley de Ajuste Cubano.
La abogada Claudia Cañizares destacó la “impaciencia” existente entre los miembros de la comunidad cubana ante un proceso que podría tener consecuencias para cientos de miles de personas.
El caso avanza además en un contexto de endurecimiento de la política migratoria de la Administración de Donald Trump, que ha incrementado los arrestos y las deportaciones y ha reducido las posibilidades de regularización para numerosos inmigrantes.
Para los cubanos con I-220A, la decisión de la jueza representa por ahora un avance procesal, no una solución definitiva. Sin embargo, mantiene abierta una vía judicial que podría determinar si cientos de miles de ellos tienen finalmente acceso a la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano.
