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El Gobierno cubano y el Banco Nacional de Cuba (BNC) enfrentarían un nuevo contratiempo judicial en Reino Unido después de que el bufete británico PCB Byrne habría dejado de representarlos en uno de los litigios más importantes relacionados con la deuda cubana heredada de la época de Fidel Castro, según Bloomberg.
El despacho presentó en julio una solicitud confidencial ante el Tribunal Mercantil de Londres para retirarse de la representación del BNC y de la República de Cuba en el proceso que mantienen frente al fondo de inversión CRF I y el banco ICBC Standard Bank.
Según Bloomberg, una orden judicial fechada el 31 de julio confirmó la salida de los abogados, aunque no hizo públicos sus motivos.
Personas conocedoras del caso citadas por el medio atribuyeron la decisión al impago de los honorarios profesionales durante más de un año.
PCB Byrne confirmó que ya no representa a las entidades cubanas, pero declinó ofrecer detalles sobre su relación financiera con sus antiguos clientes.
La salida del bufete se produce, además, después de que el BNC incumpliera una orden judicial emitida en diciembre que le exigía pagar 50 mil libras esterlinas por costes procesales, señaló Bloomberg.
El incumplimiento añade presión sobre una entidad que ya enfrenta la posibilidad de que se dicten sentencias en rebeldía por reclamaciones que rondan los 2500 millones de euros.
Disputa por deudas
El proceso forma parte de una prolongada batalla judicial por créditos cubanos que comenzaron a quedar impagados después del colapso de la Unión Soviética, momento en el que la isla perdió su principal apoyo económico.
Aunque el Banco Nacional de Cuba dejó de ejercer como banco central en 1997, mantiene responsabilidades relacionadas con préstamos y obligaciones financieras contraídas durante aquella etapa.
CRF I, un vehículo de inversión creado específicamente para adquirir deuda cubana en mora, reclama créditos que originalmente fueron concedidos por entidades financieras europeas.
El fondo posee alrededor de 70 millones de euros en préstamos cubanos y ha recurrido a los tribunales británicos para intentar hacerlos efectivos.
La disputa también involucra a ICBC Standard Bank, que reclama alrededor de 200 millones de euros de principal, además de una cantidad cercana a mil millones de euros en intereses en cada una de las dos demandas.
El BNC ya sufrió una derrota definitiva frente a CRF. Tras perder en primera instancia y posteriormente en apelación, el Tribunal Supremo británico rechazó en 2025 el último recurso presentado por la entidad cubana para cuestionar su responsabilidad respecto a los créditos adquiridos por el fondo.
Otro revés
La situación judicial se complicó todavía más en julio, cuando el Tribunal Mercantil de Londres dictó una sentencia en rebeldía contra el BNC y le ordenó pagar 18,1 millones de libras esterlinas en concepto de daños y costes a CRF.
La decisión se produjo después de que la parte cubana no presentara alegaciones en el procedimiento.
Para CRF, el fallo constituye un hito porque representa la primera cuantificación monetaria de una deuda cuya legitimidad y exigibilidad ya habían sido reconocidas previamente por los tribunales británicos.
El escenario deja al BNC en una posición especialmente vulnerable: además de las obligaciones económicas derivadas de los fallos judiciales, ahora deberá afrontar los procesos sin el bufete que hasta hace poco defendía sus intereses en Londres.
CRF asegura que intentó negociar con La Habana
El fondo de inversión sostiene que, antes de continuar con sus acciones judiciales, intentó alcanzar un acuerdo con el Gobierno cubano.
Su presidente, David Charters, afirmó que CRF envió el 22 de junio de 2026 una comunicación directamente al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, para proponer conversaciones confidenciales y explorar diferentes alternativas de reestructuración.
Entre las opciones planteadas, según Charters, estaban mecanismos vinculados al crecimiento económico de Cuba y acuerdos de deuda por capital.
El fondo asegura que no recibió respuesta de La Habana ni del BNC.
CRF sostiene que todavía está dispuesto a negociar y argumenta que una reestructuración permitiría resolver sus reclamaciones sin exigir de inmediato un desembolso que pudiera afectar aún más la liquidez del Estado cubano.
Sin embargo, el vehículo de inversión también ha dejado claro que mantendrá las acciones judiciales mientras no exista una propuesta que considere creíble.
Un nuevo problema
La retirada de PCB Byrne ocurre mientras Cuba atraviesa una de las etapas económicas más difíciles en décadas, marcada por la falta de liquidez, el deterioro de sus ingresos externos y las dificultades para acceder a financiamiento.
El episodio también expone una dimensión menos visible de la crisis: la capacidad del Estado cubano para mantener costosas disputas legales internacionales y cumplir incluso con los pagos derivados de esos propios procesos.
Además, el caso británico amenaza con convertirse en una fuente adicional de presión financiera sobre La Habana.
Las reclamaciones acumuladas por los distintos acreedores ascienden a miles de millones de euros y, tras varios fallos desfavorables, el margen de maniobra de las autoridades cubanas ante los tribunales británicos se ha reducido considerablemente.
De acuerdo con Bloomberg, la salida de sus abogados no significa por sí misma que Cuba haya perdido todos sus recursos legales en el proceso. Sin embargo, sí constituye un nuevo revés para el BNC y añade incertidumbre sobre la estrategia que seguirá La Habana para enfrentar unas reclamaciones que se remontan a obligaciones financieras contraídas hace varias décadas.
