El Tribunal Supremo de Estados Unidos comenzó este lunes el curso judicial 2026-2027 con asuntos relevantes sobre la mesa relacionados con la política migratoria del presidente Donald Trump, la tenencia de armas o sobre cuestiones electorales a menos de un mes de que se celebren los comicios de medio mandato.
Aunque en el período de sesiones ya se analizaron asuntos importantes relativos a la inmigración, dos de las decisiones más polémicas de la Administración Trump quedaron pendientes y ambas las dilucidará el tribunal en los próximos meses.
Uno de los casos decidirá la legalidad de enviar a inmigrantes a terceros países con los que no tienen relación, una política que el tribunal ha permitido que continúe por el momento mientras resuelve el caso.
Otro de ellos tiene que ver con la política de detención obligatoria para los inmigrantes que esperan ser deportados.
Además de estos dos asuntos, el Supremo se enfrenta a los recursos que le puedan llegar en materia electoral con las elecciones de medio mandato en menos de un mes, después de haber tenido que pronunciarse sobre el voto por correo y los nuevos mapas electorales de algunos estados.
Sus decisiones en esta materia resultarán clave de cara a unos comicios que se presentan muy competitivos según las encuestas y ante el temor a que se pueda alegar algún tipo de fraude electoral, por lo ajustado del resultado y todo lo que hay en juego.
Los magistrados tienen también pendiente para los próximos meses resolver una importante cuestión sobre la tenencia de armas, ya que tienen que decidir si los estados pueden prohibir los rifles de asalto ligero AR-15 y armas semiautomáticas similares, o si la Segunda Enmienda otorga a las personas el derecho a poseer un arma que los demandantes describen como “el rifle estadounidense por excelencia”.
Se cree que hay entre 20 y 30 millones de rifles de asalto ligeros en manos de civiles estadounidenses.
La primera sesión del nuevo curso para el Supremo, que se celebra este lunes, examinará además si los gobiernos estatales y locales pueden reclamar ante los tribunales, con base en las leyes de sus respectivos estados, responsabilidades a las compañías petroleras por los daños atribuidos al cambio climático y los miles de millones de dólares que cuestan a las arcas públicas inundaciones, incendios y otros fenómenos extremos.
El Supremo de Estados Unidos arranca el período de sesiones con la peor valoración ciudadana sobre su labor desde 1972, según una encuesta de la consultora Gallup publicada la semana pasada.
El sondeo muestra que menos de la mitad de los adultos estadounidenses, el 46%, afirma tener mucha o bastante confianza en el máximo tribunal, por debajo del rango del 47% al 49% registrado entre 2022 y 2025.
