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Por Lucila Nejamkis/Latinoamérica21
El Día Internacional de los Cuidados ofrece una oportunidad inmejorable para poner el debate sobre esta tarea en el centro de la escena. La fecha no debe limitarse a celebrar a quienes cuidan, sino que tiene que servir para preguntar cuánto invierten los Estados, las empresas privadas, las familias y las sociedades en garantizar que ese trabajo se realice con derechos.
Cuando miramos la realidad de quienes trabajan en este sector, las cifras revelan una fuerte desprotección. Según el informe ¿Quién cuida? Cómo apoyar y reconocer a quienes cuidan de personas mayores en América Latina y el Caribe, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2025), en la región, cuidar a una persona mayor es un trabajo esencial, pero quienes lo realizan reciben, en promedio, ingresos equivalentes al 90 % del salario mínimo. Mientras tanto, la población ocupada en general gana 1,9 veces esa cifra. La comparación revela una paradoja: una tarea indispensable para sostener la vida y el bienestar de millones de personas se desarrolla, con frecuencia, en condiciones de precariedad.
El promedio regional resume la desigualdad: quienes trabajan en cuidados reciben menos que el piso legal de ingresos, mientras que el resto de la población trabajadora se ubica ampliamente por encima. No se trata solamente de una diferencia salarial. Las cuidadoras remuneradas suelen trabajar a tiempo parcial y enfrentar la falta de contratos, de protección social y de oportunidades de formación (BID, 2025).
Para entender la raíz de esta precariedad, es necesario recordar que gran parte del cuidado ni siquiera se paga. Aunque no son lo mismo, el cuidado no remunerado y el remunerado forman parte de un mismo sistema, y la escasa valoración del primero explica en gran medida la desvalorización del segundo. Una actividad considerada históricamente como una responsabilidad “natural” de las mujeres se convierte con facilidad en un empleo mal pagado cuando ingresa al mercado laboral.
Cocinar, limpiar, acompañar a una persona mayor, ayudarla a vestirse o gestionar una consulta médica son actividades indispensables para el funcionamiento de los hogares y de toda la economía. Sin embargo, cuando se realizan dentro de la familia, suelen quedar fuera de las cuentas laborales y recaen desproporcionadamente sobre las mujeres.
Este trabajo funciona como un enorme subsidio invisible. En América Latina y el Caribe, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale aproximadamente al 21 % del producto interno bruto, y las mujeres generan cerca de tres cuartas partes de ese valor, según PNUD. En otras palabras, los hogares —y especialmente las mujeres— absorben gratuitamente costos que, de otro modo, deberían asumir el Estado, el mercado o las familias mediante servicios remunerados.
La palabra “subsidio” de género resulta pertinente porque ese trabajo no remunerado permite que otras personas estudien, tengan empleos remunerados y participen en la economía. También reduce la demanda de servicios públicos y privados. Pero quienes proporcionan ese tiempo pagan un costo: menos oportunidades laborales, menores ingresos, más dificultades para acceder a la seguridad social y una mayor exposición a la pobreza durante la vejez.
A su vez, cuando el cuidado se ejerce de forma remunerada, la precariedad laboral tampoco se distribuye al azar. La fuerza de trabajo remunerada está compuesta mayoritariamente por mujeres de mediana edad. Además, el sector está fuertemente atravesado por la desigualdad racial y étnica: más de la mitad de las trabajadoras son afrodescendientes y alrededor de un 3% pertenece a pueblos indígenas. Las mujeres migrantes y de sectores de bajos ingresos también están sobrerrepresentadas. Quienes enfrentan mayores barreras en el mercado laboral terminan asumiendo los trabajos menos protegidos y remunerados.
La situación es todavía más compleja si consideramos que los hogares de menores ingresos dedican una proporción mucho mayor de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que refuerza el ciclo de la pobreza, según revela el informe La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género, de CEPAL.
El trabajo de cuidados es indispensable, pero quienes lo necesitan y quienes lo brindan están fallando en recibir el apoyo adecuado. Ante esta realidad, surge un consenso creciente: es urgente reconocer, reducir y redistribuir los cuidados. Esto implica, por un lado, ampliar la oferta de servicios públicos y promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Por otro lado, significa transformar radicalmente las condiciones de quienes trabajan en el sector.
El envejecimiento de la población hará que esta agenda sea ineludible. En las próximas décadas, la demanda de cuidados de larga duración crecerá aceleradamente. Sin embargo, no habrá forma de satisfacerla si no se ofrecen salarios dignos, empleos formales y condiciones atractivas para construir una fuerza laboral estable de cuidados de calidad.
Reconocer el valor del cuidado requiere superar una idea persistente: que cuidar es una disposición natural de las mujeres y, por esa razón, un trabajo que puede pagarse poco o realizarse sin remuneración. Cuidar es una actividad socialmente necesaria, con responsabilidades concretas y efectos directos sobre la calidad de vida de las personas.
Una sociedad que necesita cuidados debe reconocer a quienes los proporcionan. Mientras las personas cuidadoras sigan ganando menos que el salario mínimo, la región mantendrá una contradicción difícil de ignorar. El trabajo que permite sostener la vida continuará siendo indispensable para todos, pero insuficiente para sostener dignamente a quienes lo realizan.
Lucila Nejamkis es profesora de la UNSAM y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora del Conicet en el IDAES/UNSAM.
