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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo este jueves, 5 de noviembre, en medio de una profunda crisis política y financiera desatada por el colapso de Ueno Bank, una entidad cuyos problemas de solvencia dejaron sin acceso a sus ahorros a cerca de tres millones de clientes.
Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó por unanimidad la dimisión, con 78 votos, y aprobó avanzar con un juicio político contra el mandatario, en una decisión que busca impedir que su salida del Ejecutivo le permita acogerse a los fueros correspondientes a su condición de senador vitalicio.
Según informó el diario español El País, la renuncia fue anunciada por Peña a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, prácticamente al mismo tiempo que los diputados debatían su destitución. En un breve vídeo, el gobernante aseguró que había tomado la decisión pensando en la estabilidad del país, la paz social y la preservación de las instituciones democráticas.
También expresó que su principal preocupación era garantizar la devolución de los recursos de los ciudadanos afectados por la crisis bancaria.
La decisión se produjo apenas 48 horas después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) interviniera Ueno Bank por graves problemas de solvencia. La medida dejó a millones de depositantes sin acceso a sus cuentas y provocó protestas en distintas calles del país, especialmente en Asunción, donde los manifestantes exigieron respuestas y responsabilidades políticas.
El escándalo terminó debilitando rápidamente el respaldo político de Peña, incluso dentro del Partido Colorado, actualmente en el gobierno. Uno de los golpes más significativos fue el distanciamiento del expresidente Horacio Cartes, antiguo aliado y figura de peso dentro de esa organización política.
Cartes manifestó públicamente que su partido no respaldaría acciones relacionadas con el supuesto uso irregular de fondos públicos, privados y de los jubilados. Su posicionamiento contribuyó a profundizar el aislamiento del presidente, mientras dirigentes oficialistas comenzaban a apoyar la iniciativa de juicio político.
Entre ellos destacó el vicepresidente Pedro Alliana, quien había expresado días antes sus preocupaciones por la situación financiera del país y por asuntos que, según afirmó, ya había planteado anteriormente a Peña y a otros miembros del Gobierno.
Investigaciones y posibles responsabilidades
La crisis también adquirió una dimensión judicial. Legisladores opositores presentaron ante la Fiscalía una ampliación de una denuncia penal contra Peña por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza y estafa.
La denuncia incluye además al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera; al expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo; a integrantes del directorio de esa institución y a otras autoridades públicas vinculadas con organismos que mantenían importantes depósitos en Ueno Bank.
El Ministerio Público anunció igualmente el inicio de un proceso contra el mandatario. Entretanto, el presidente de la entidad bancaria y varios de sus directivos fueron detenidos e imputados por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con la crisis.
En un intento por contener el descontento, Peña había promulgado el miércoles una ley de emergencia destinada a facilitar la devolución de parte de los fondos afectados y promovido cambios en la dirección del Banco Central. Las medidas, sin embargo, no consiguieron frenar las protestas ni recuperar el respaldo político perdido.
Un cambio de poder en medio de la incertidumbre
Con el rechazo parlamentario a la renuncia y la aprobación del juicio político, el futuro institucional de Peña quedó en manos del Senado, que deberá pronunciarse sobre el proceso.
De acuerdo con El País, Pedro Alliana asumiría la Presidencia en caso de concretarse la salida de Peña, con la responsabilidad de completar el mandato hasta el 15 de agosto de 2028.
La crisis representa un duro revés para un gobernante que había llegado al poder presentándose como un perfil tecnocrático y con promesas de modernización económica para Paraguay. El colapso de una entidad financiera con millones de clientes, las denuncias sobre posibles irregularidades y la ruptura de alianzas dentro del oficialismo han colocado a su administración ante una de sus mayores crisis.
Mientras avanzan las decisiones parlamentarias y las investigaciones judiciales, miles de paraguayos siguen pendientes de la recuperación de sus ahorros, en un escenario de incertidumbre económica y política.
