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La participación de empresas privadas, cooperativas y trabajadores autónomos en el desarrollo de la ciencia en Cuba tendrá por primera vez un respaldo legal específico en la isla.
El Gobierno publicó este lunes la Ley 182/2025 de Ciencia, Tecnología e Innovación, norma que reorganiza el sistema nacional del sector y establece mecanismos para fomentar las alianzas entre entidades estatales y actores económicos no estatales.
La disposición, publicada en la Gaceta Oficial y que entrará en vigor 60 días después de su publicación, regula la creación de empresas de base tecnológica mediante alianzas público-privadas y reconoce a las formas de gestión no estatal como integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
“Uno de los objetivos de la ley es justamente que la participación (en proyectos de ciencia) sea creciente tanto en el ámbito de lo estatal como no estatal, de lo público como de lo privado”, explicó a la agencia EFE el viceministro del sector, Daimar Cánovas, durante una conferencia de prensa en La Habana.
El funcionario consideró que una mayor incorporación de los distintos actores económicos a los procesos de innovación puede acelerar el desarrollo del país.
“En la medida en que haya más innovación en todos los actores económicos, podremos avanzar con más velocidad como país”, afirmó.
Hoy se publicó la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, fruto de la construcción colectiva de investigadores, profesores, estudiantes, innovadores y empresarios a lo largo y ancho del país.
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— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 9, 2026
La ciencia en la ley nueva
La legislación incluye formalmente a las empresas privadas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, proyectos de desarrollo local y trabajadores por cuenta propia.
Estos actores podrán acceder a instrumentos de capacitación y financiación contemplados en la norma, junto a universidades y centros de investigación estatales.
Uno de los componentes centrales de la nueva ley es la creación de mecanismos económicos para impulsar proyectos científicos y su aplicación productiva.
Entre ellos figuran instrumentos de financiación de riesgo y capital semilla destinados a empresas de base tecnológica.
La norma también autoriza la creación de compañías sustentadas en patentes y marcas, con el propósito de canalizar inversiones privadas o extranjeras, y respalda contratos que contemplen el pago de regalías y la comercialización de paquetes tecnológicos entre entidades estatales y privadas.
La apertura hacia una mayor participación empresarial forma parte de un conjunto de 176 reformas económicas impulsadas por el Gobierno cubano en los últimos meses, en un contexto de profunda crisis. Ese proceso se ha extendido a sectores como la educación y la gestión de farmacias.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 16 mil empresas privadas operan actualmente en Cuba.
Especialistas independientes consultados por EFE consideran que estas entidades se han convertido en un componente necesario de la economía nacional ante las dificultades que atraviesa el país.
Cooperación científica
El ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, explicó al diario Granma que la ley es resultado de un proceso de construcción colectiva con la comunidad científica y de la evolución de la política nacional de ciencia e innovación.
La disposición incorpora y reconoce estructuras creadas en los últimos años para impulsar la investigación y su aplicación económica, entre ellas el Consejo Nacional de Ciencia e Innovación, los parques científico-tecnológicos, las fundaciones de Ciencia y Tecnología, las empresas de interfaz vinculadas a universidades y las empresas de alta tecnología.
También aborda problemas que enfrenta el sistema científico cubano, como la pérdida de potencial humano, la insuficiencia de financiamiento en divisas, el escaso aprovechamiento del conocimiento en la toma de decisiones y la necesidad de demostrar con mayor claridad el impacto económico y social de la investigación, señala Granma.
En el ámbito internacional, promueve la cooperación científica con otros países. Como ejemplo de esa estrategia, las autoridades mencionaron una convocatoria conjunta entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China para financiar proyectos de investigación sobre inteligencia artificial y medicina natural y tradicional.
Reorganización del sector científico
La publicación de la ley coincide con la entrada en vigor de otra disposición que reduce la estructura del Ejecutivo cubano y establece la integración del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) con el Ministerio de Educación Superior.
El proceso de disolución del Citma se desarrollará gradualmente durante un período de entre seis meses y un año, refiere EFE.
La norma, según Rodríguez Batista, reconoce además el papel de la Academia de Ciencias de Cuba como institución independiente atendida por el Consejo de Ministros y ratifica la importancia de la ética y la vocación de servicio de los científicos e innovadores del país.
