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La Corte Suprema de EEUU escuchará este lunes los argumentos en dos casos centrados en la Ley Helms-Burton, uno relacionado con ExxonMobil y otro con las navieras Carnival Corporation, Royal Caribbean Group, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises, según reportes de Reuters y Prensa Latina.
De acuerdo con Prensa Latina, la audiencia refleja una “guerra jurídica” contra Cuba.
Coincidiendo con la vista, se convocó una protesta pacífica en el Edificio Metodista Unido, cercano al tribunal, para denunciar “la guerra petrolera contra Cuba y el ataque de guerra jurídica (lawfare) de Exxon”.
Corte Suprema de Estados Unidos revisará demandas contra Cuba por expropiaciones
El caso de Exxon se refiere a la expropiación de su refinería —hoy Ñico López—, terminales y 117 estaciones de servicio tras el triunfo de la Revolución en 1959.
La demanda se presentó en 2019, luego de que la Administración del presidente Donald Trump activara el Título III de la Ley Helms-Burton, promulgada en 1996 por el entonces mandatario Bill Clinton.
Exxon quiere miles de millones por expropiación de refinería Ñico López
De acuerdo con Reuters, la apelación de Exxon podría implicar compensaciones que, con intereses y daños triplicados, superarían los miles de millones de dólares.
En 1969, una comisión estadounidense certificó pérdidas de Standard Oil (hoy Exxon) en 72 millones de dólares, como parte de 1900 millones en reclamaciones de unas 6000 personas y empresas.
El caso enfrenta obstáculos legales vinculados a la inmunidad de gobiernos extranjeros en tribunales estadounidenses, un punto que Exxon solicita aclarar.
En paralelo, Havana Docks reclama cientos de millones de dólares a las navieras por el uso, entre 2015 y 2019, de un muelle construido en 1905 y confiscado tras la Revolución.
La empresa sostiene que las compañías pagaron al Gobierno cubano al menos 130 millones de dólares sin su autorización, mientras que las navieras alegan que el acuerdo original expiró en 2004.
Si bien la noticia se anunció el pasado octubre, cuando la Corte Suprema de EEUU aceptó revisar dos casos relacionados con la confiscación de propiedades en Cuba, no es hasta este lunes que se escucharán los argumentos de ambos casos.
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Prensa Latina recordó que en 2019 el Gobierno cubano pidió ante un tribunal en Washington D. C. que se desestimara la demanda de Exxon contra entidades de la isla.
Entonces el Gobierno de la isla argumentó falta de jurisdicción, ya que las empresas cubanas acusadas no obtienen compensaciones financieras fuera del país por el uso de las propiedades nacionalizadas.
Asimismo, el medio señaló que el pasado 29 de enero Trump emitió una orden ejecutiva que calificó a Cuba como una “amenaza extraordinaria e inusual” y amenazó con imponer aranceles a países que suministren combustible a la isla, medida que evidencia la extraterritorialidad del bloqueo.
Durante la manifestación convocada en Washington intervendrán, entre otros, Paul Coates, Blake Burdge, Leonardo Flores, Basev Sen, la reverenda Nozomi Ikuta y Cheryl LaBash.
Allí anunciarán acciones para que la ciudadanía estadounidense contribuya a enfrentar la situación humanitaria que generan las medidas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos sin aprobación del Congreso.
La transcripción del nº 24-699, Exxon Mobil Corp. contra Corporación CIMEX S.A., recoge los argumentos orales celebrados el 23 de febrero de 2026. El caso se centra en si una empresa estadounidense puede demandar a una entidad estatal extranjera por bienes confiscados por un gobierno extranjero hace más de 60 años.
Aquí están los puntos principales y argumentos legales presentados en el documento:
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1. La cuestión legal central: Derogación legal
El debate principal es si el Título III de la Ley Helms-Burton (Ley LIBERTAD) fue concebido por el Congreso para “derogar” (cancelar) la inmunidad soberana normalmente concedida a estados extranjeros bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).
1. Argumento de Exxon Mobil: Sostienen que, dado que la Ley Helms-Burton define “persona” como “cualquier agencia o instrumento de un estado extranjero”, el Congreso pretendía explícitamente permitir demandas contra empresas estatales como CIMEX. Argumentan que la ley posterior y más específica (Helms-Burton) debería prevalecer sobre la inmunidad general de la FSIA.
2. Argumento de CIMEX: Argumentan que la FSIA es la única base para obtener jurisdicción sobre un estado extranjero en los tribunales estadounidenses. Dado que Helms-Burton no contiene una “declaración clara” explícita que diga “la inmunidad soberana queda por la presente renunciada”, la regla por defecto de inmunidad debe mantenerse.
2. La excepción de “actividad comercial”
Un punto secundario de controversia involucra la excepción de “actividad comercial” de la FSIA.
1. Exxon argumenta que, incluso si la FSIA se aplica, CIMEX pierde su inmunidad porque está utilizando la propiedad confiscada (refinerías y gasolineras) para obtener beneficios comerciales que tienen un “efecto directo” en Estados Unidos.
2. Los jueces cuestionaron si el mero acto de “tráfico” (poseer o usar) la propiedad constituye suficiente nexo con Estados Unidos para cumplir los estrictos requisitos de la FSIA.
3. Responsabilidad retrospectiva vs. Responsabilidad prospectiva
Los jueces mostraron un interés significativo en la presunción contra la retroactividad.
1. El problema: La conducta (la incautación de bienes) ocurrió en 1960, pero la ley que permitía la demanda (Helms-Burton) se aprobó en 1996.
2. Discusión: El Tribunal exploró si aplicar el Título III a las incautaciones de los años 60 crea una “nueva responsabilidad” por actos pasados, que generalmente requiere un nivel extremadamente alto de claridad legislativa que algunos jueces sugirieron que podría faltar.
4. Papel del Poder Ejecutivo
El Fiscal General de EE. UU . participó en la discusión, representando las opiniones de la Administración Trump.
1. El gobierno se puso mayoritariamente del lado de Exxon Mobil, argumentando que la capacidad del Poder Ejecutivo para implementar la Ley Helms-Burton es una herramienta clave de la política exterior.
2. Argumentaron que la “suspensión prolongada” del Título III (de 1996 a 2019) fue una elección política, y ahora que está activo, los tribunales deberían respetar la intención legislativa de responsabilizar al gobierno cubano y a sus agencias.
5. Preocupaciones sobre el “caos” en política exterior
Varios jueces (especialmente el ala más liberal) expresaron su preocupación de que, si Exxon gana, podría abrir la puerta a miles de demandas contra otros países extranjeros, lo que podría llevar a demandas de represalia contra el gobierno estadounidense en el extranjero. Se preguntaron si “trata” es un término demasiado amplio, que podría atrapar a terceros inocentes en el fuego cruzado.
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Resumen del estado actual
La transcripción muestra un Tribunal profundamente dividido sobre cómo equilibrar la intención del Congreso (de castigar al gobierno cubano) con los principios legales establecidos (inmunidad soberana y la FSIA).
El veredicto: Actualmente estamos en la fase “post-argumento”. Los jueces deliberarán ahora en privado. Según la transcripción, se espera una decisión para junio de 2026.
¿Le gustaría que analice cómo se alinean estos argumentos orales concretos con la “Ley del Antídoto” (Ley 80) que el gobierno cubano utiliza como defensa legal principal?
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La postura legal y política de Cuba está fundamentalmente diseñada para deslegitimar las propias reclamaciones que se están argumentando en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Mientras que la transcripción del Tribunal Supremo (Exxon Mobil contra CIMEX) se centra en la interpretación legal (si una ley estadounidense prevalece sobre otra), la posición de Cuba está basada en la soberanía nacional y en la demanda de daños recíprocos.
El siguiente análisis compara los argumentos legales específicos de la transcripción del Tribunal Supremo con la posición oficial de Cuba tal como se expone en los informes gubernamentales y la Ley 80.
1. Jurisdicción y la “Ley del Antídoto” (Ley 80)
1. Debate ante el Tribunal Supremo: El argumento principal en Exxon contra CIMEX es si la Ley Helms-Burton otorga jurisdicción a los tribunales estadounidenses sobre las agencias estatales cubanas, o si esas agencias siguen protegidas por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).
2. Posición de Cuba: La Ley 80 de Cuba (la “Ley del Antídoto”) declara explícitamente que la Ley Helms-Burton es “ilegal, inaplicable y sin ningún valor legal”. Cuba sostiene que ningún tribunal estadounidense tiene autoridad para juzgar asuntos que involucren bienes nacionales cubanos, considerando tales demandas como una violación del derecho internacional y una “flagrante interferencia” en sus asuntos internos.
2. Valoración de la propiedad confiscada
1. Contexto del Tribunal Supremo: En la transcripción, Exxon Mobil busca una indemnización basada en el valor actual de las reclamaciones certificadas, que incluye décadas de intereses acumulados y la posibilidad de daños “triples” (triples).
2. Posición de Cuba: El gobierno cubano rechaza la valoración de 1.900 millones de dólares (ahora ~8.000 millones de dólares) proporcionada por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de EE. UU. (FCSC). En cambio, Cuba sostiene que la compensación debería basarse en el valor imponible declarado por las empresas en los años 60, que sumaría solo alrededor de 1.000 millones de dólares.
3. La “Reconvención” por daños por embargo
1. Enfoque del Tribunal Supremo: Los argumentos orales se centran estrictamente en la responsabilidad de las entidades cubanas por las incautaciones de los años 60. No existe ningún mecanismo legal dentro del Tribunal Supremo de EE. UU. que valore estas reclamaciones frente a los daños causados a Cuba por el embargo estadounidense.
2. Posición de Cuba: Cuba se niega a resolver reclamaciones de propiedad de forma aislada. Su postura legal es que cualquier negociación debe incluir una “contrademanda” por los daños económicos y humanos causados por el embargo estadounidense. A principios de 2020, Cuba estimaba oficialmente estos daños acumulados en 144.000 millones de dólares, una suma que supera con creces los 8.000 millones de dólares en reclamaciones de propiedad estadounidenses.
4. “Tráfico” vs. nacionalización legal
1. Debate ante el Tribunal Supremo: Los jueces están debatiendo la definición de “trata” —específicamente, si una agencia cubana que simplemente gestiona una gasolinera incautada en 1960 está actualmente “traficando” de una manera que les permita ser demandados hoy en día.
2. Posición de Cuba: Cuba sostiene que las nacionalizaciones de los años 60 fueron actos lícitos de un Estado soberano y que las empresas (como CIMEX) están desempeñando funciones legítimas del Estado. Argumentan que el término “trata” es una fabricación legal estadounidense diseñada para criminalizar la actividad comercial ordinaria en Cuba.
Comparación resumida
Característica Argumentos ante el Tribunal Supremo de EE. UU. (Exxon contra CIMEX) La posición jurídica de Cuba (Ley 80)
Base legal FSIA contra la Ley Helms-Burton Ley 80 (Ley del antídoto)
Jurisdicción Debatiendo si la ley estadounidense puede retirar la inmunidad a Cuba. Niega la jurisdicción estadounidense por completo por considerarla una violación de la soberanía.
Daños y perjuicios Buscando ~8.000 millones + posibles daños triplicados. Exige 144.000 millones de dólares en daños por el embargo estadounidense.
Resultado Centrado en si el caso puede continuar en EE. UU. Considera cualquier fallo estadounidense como “nulo y sin sentido”.