La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció este lunes nuevas sanciones contra ministros, mandos militares y órganos de inteligencia cubanos, en una batería de medidas impulsadas por la Administración Trump contra el Gobierno de la isla.
Entre los dirigentes incorporados a la lista figuran Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba; Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; así como los ministros de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; y de Justicia, Rosabel Gamón Verde.
También fueron sancionados altos mandos militares y estructuras de seguridad del Estado, entre ellas la Dirección de Inteligencia de Cuba y la contrainteligencia militar.
La actualización, publicada en la web de la OFAC, incluye además al viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Joaquín Quintas Solá, y a jefes de los ejércitos Oriental y Central.
Las sanciones bloquean cualquier propiedad o interés financiero de los funcionarios afectados bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones económicas con ciudadanos o entidades de Estados Unidos. Estas sanciones se corresponden con la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 1 de mayo para ampliar las restricciones contra funcionarios e instituciones vinculadas al aparato estatal cubano, según informó la OFAC.
La Casa Blanca sostiene que estas acciones buscan responder a lo que considera amenazas a la seguridad nacional estadounidense, además de presuntas violaciones de derechos humanos y vínculos de Cuba con actores adversarios de Washington.
El pasado 7 de mayo, EEUU incluyó en sus sanciones al conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Níquel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt —que terminó por disolver de manera inmediata sus empresas conjuntas en Cuba—, como parte de las acciones para ahogar la economía isleña en medio de las amenazas del presidente, Donald Trump, de hacerse con el control del país caribeño.
EEUU sanciona al conglomerado militar Gaesa y a la empresa minera Moa Níquel
El comunicado del secretario de Estado Marco Rubio aclaró entonces que sanciona a Gaesa por “operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía cubana”, y a su directora, Ania Lastres Morera, por su labor al frente de la entidad, que maneja gran parte de los negocios del Gobierno cubano.
La nueva ofensiva financiera ocurre en un momento que ha sido calificado por la embajadora de la isla en Washington como de “los momentos más difíciles, si no el más difícil, de la relación bilateral”.
Desde enero, Cuba enfrenta un severo bloqueo sobre el suministro de combustibles tras el endurecimiento de las sanciones estadounidenses al transporte petrolero hacia la isla. La reducción de importaciones de crudo ha agravado los apagones y la crisis energética, en medio de una economía golpeada por la inflación, la escasez y la caída del turismo.
En paralelo, Washington mantiene abiertas conversaciones con La Habana, aunque todo indica que no avanza el diálogo bilateral iniciado por las presiones de EE.UU. en busca de reformas en la isla.
El director de la CIA, John Ratcliffe, visitó Cuba la semana pasada para sostener reuniones con altos funcionarios cubanos, en uno de los contactos de más alto nivel entre ambos gobiernos en los últimos años.
La Administración Trump también ofreció recientemente un paquete de ayuda humanitaria valorado en 100 millones de dólares para Cuba, condicionado a que la distribución sea realizada por organizaciones independientes y la Iglesia católica, propuesta que el Gobierno cubano dijo estar dispuesto a analizar “sin maniobras políticas”.
Las nuevas sanciones llegan además tras la publicación de un reportaje de Axios que, citando inteligencia clasificada estadounidense, aseguró que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares provenientes de Rusia e Irán y que funcionarios cubanos habrían discutido posibles escenarios de uso cerca de la base naval de Guantánamo.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reaccionó este lunes defendiendo el derecho “legítimo” de la isla a prepararse ante una eventual agresión externa, mientras el canciller Bruno Rodríguez acusó a Estados Unidos de construir “un expediente fraudulento” para justificar nuevas sanciones y una posible acción militar.
