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El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) respondió este miércoles a la confiscación en EE.UU. de un cargamento de biodiésel destinado a Cuba, y consideró como “piratería” la incautación de envíos de combustible para la isla.
A la par, acusó a Washington de presionar a gobiernos y empresas para impedir el suministro de petróleo a Cuba, en momentos en que el país atraviesa una severa crisis energética.
El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío cuestionó la operación anunciada por autoridades estadounidenses, que informaron del decomiso de más de 600 mil galones de biodiésel (unos 2,3 millones de litros) valorados en alrededor de 2,8 millones de dólares.
“La importación de combustibles por entidades estatales y privadas en Cuba desde cualquier país es legal, conforme a la legislación nacional y el Derecho Internacional”, afirmó el diplomático en una declaración publicada en las redes sociales.
Fernández de Cossío sostuvo que la ilegalidad, desde la perspectiva del Gobierno cubano, radica en las presiones ejercidas por Washington contra terceros países y compañías que intervienen en operaciones comerciales relacionadas con el suministro energético a la isla.
“Lo que resulta ilegal es intimidar a Estados soberanos con amenazas de represalias del gobierno de EE.UU. si exportan combustible a Cuba o a empresas exportadoras o transportistas de cualquier país por participar en operaciones comerciales de esa naturaleza”, afirmó.
Intercepción de embarcaciones
El vicecanciller también cuestionó las acciones estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al transporte de combustible hacia Cuba.
Consideró “ilegal” el hecho de “hostigar e interceptar en aguas internacionales buques que transporten crudo y sus derivados a la isla, como es ilegal la piratería y el pillaje”.
Fernández de Cossío insistió, además, en que el combustible puede ser comercializado y utilizado legalmente dentro del país.
“Disponer, almacenar, distribuir y comercializar ese combustible dentro del territorio cubano también es legal, como lo es transportarlo en aguas internacionales”, recalcó.
El funcionario extendió sus críticas al impacto de las medidas estadounidenses sobre la población cubana y calificó de “ilegal, inmoral y criminal someter a un pueblo entero a la asfixia económica como castigo colectivo con fines políticos”.
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Incautación en EE.UU.
Las autoridades estadounidenses anunciaron este miércoles que varias agencias federales incautaron 90 cargamentos de biodiésel que tenían como destino Cuba. De ellos, 71 salieron del Puerto Everglades, en Florida, y otros 19 del Puerto Houston, en Texas.
Según la versión de Washington, los envíos estaban dirigidos a Enetec, una empresa cubana incluida en su régimen de sanciones.
“Es un intento deliberado para socavar las sanciones de EEUU y todo eso está en este momento bajo investigación”, afirmó José R. Figueroa, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami.
El volumen confiscado ronda los 2,3 millones de litros, equivalentes a unas 2 mil toneladas métricas o aproximadamente 14 600 barriles, señaló un despacho de la agencia EFE.
La operación estuvo a cargo de HSI, en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio.
De acuerdo con el Gobierno estadounidense, la CBP identificó a comienzos de septiembre los cargamentos mediante el análisis de información comercial y de inteligencia. Los envíos habían partido de los dos puertos estadounidenses con destino a La Habana.
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Decomiso y crisis energética
El decomiso se produce en un momento especialmente crítico para el suministro energético de Cuba, que atraviesa una prolongada crisis signada por la falta de combustible, reiteradas averías en sus centrales de generación y prolongados apagones.
Estas dificultades se han agudizado desde comienzos de año, a raíz de las medidas estadounidenses contra el suministro de petróleo a la isla, entre ellas nuevas sanciones y un cerco petrolero a las importaciones de combustible por el Estado.
Naciones Unidas ha cuestionado estas acciones y las ha considerado contrarias al derecho internacional, una postura también compartida por las autoridades de Cuba y otros países.
La escasez de combustible ha repercutido especialmente en la ya precaria economía cubana, en particular la producción agropecuaria e industrial, así como servicios esenciales, en un escenario marcado por dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y otros productos básicos.
