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Los juicios de los casos de terrorismo deben recomenzar en los primeros días de septiembre, pero los militares de la Base Naval de Guantánamo, donde se han estado celebrando desde hace unos diez años, enfrentan ahora un problema peliagudo: la pandemia de la COVID-19.
La base no tiene ahora ningún caso y sus instalaciones clínicas no son suficientes para los cerca de 8.500 miembros de la Armada, los infantes de Marina y sus familiares, sin contar el personal civil que atiende los servicios. Pero, la preocupación consiste en que a los juicios asisten normalmente familiares de los muertos en los atentados del 11 de septiembre del 2001, periodistas, políticos y abogados. Todos vienen de Estados Unidos y pueden traer la enfermedad a ese territorio del este de Cuba.
Los militares están considerando crear una zona de cuarentena en el recinto del tribunal castrense, de modo de permitir que continúen los procedimientos con una seguridad mínima. Crearlo tardaría cierto tiempo y retrasaría aún más el juicio, suspendido desde principios de año por la cantidad de documentos y citaciones sometidas a los tres jueces en casos de procedimiento, que consisten en demandas y rechazos de ambos lados.
De hecho, los militares calculan que las obras de ampliación del recinto y la construcción de dos nuevas salas tardarían hasta noviembre porque todo el personal constructor tendría que someterse a unos quince días de cuarentena antes de ver por primera vez el lugar donde van a trabajar.
La idea consiste en que el recinto de las carpas de albergues y los remolques de oficinas de los abogados y fiscales sean incluidos en un zona especial, a la cual se añadirían más instalaciones médicas, todo aislado del resto de la base en un ambiente de cuarentena. El plan hasta ahora es que unas cien personas ─la cifra de visitantes que permite el recinto de una sola vez─, volarían a la base y los aislarían durante dos semanas en un lugar improvisado llamado Camp Justicia.
A su vez, los acusados serían llevados desde la prisión a la sala del tribunal para iniciar seis semanas de audiencias en el caso, del 21 de septiembre al 3 de noviembre, el punto álgido de la temporada de huracanes.
El problema es que para reanudar las audiencias enfrentan varios obstáculos: Guantánamo no tiene capacidad para realizar pruebas generalizadas de coronavirus y debe enviar todas las muestras a laboratorios en Estados Unidos.
Y la temporada de huracanes no ayuda. El coronel retirado Morris D. Davis, ex fiscal jefe que renunció al trabajo en una disputa en 2007, mientras que Camp Justice estaba en construcción, dijo a The New York Times que la temporada de huracanes siempre fue una preocupación para «tratar de hacer un juicio por terrorismo en nuestra base militar en Cuba».
Según The New York Times, el fiscal Clayton G. Trivett notificó a los abogados defensores la semana pasada sobre los planes que, según él, mantendrían a las sesiones, abogados, fiscales y visitantes cerca para no caer en “un riesgo innecesario para la población de la base, ahora de 6.000 personas».
Anteriormente se estudió la posibilidad de que excepto los reos, los actores clave fueran puestos en cuarentena individualmente alrededor de la zona militar de la base en cuartos de huéspedes y barracas de estilo motel, en lugar de 50 remolques de dos personas.
Sin embargo, en la notificación del fiscal no queda claro cómo durante las dos semanas de cuarentena los abogados y fiscales se prepararían para las audiencias previas al juicio en el caso de pena de muerte contra Khalid Shaikh Mohammed y otros cuatro acusados de conspirar en los ataques que mataron a casi 3.000 personas. El problema es que las audiencias del juicio son difíciles de realizar, requieren una gran logística y, ahora con el coronavirus, la situación se ha complicado.
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La base estadounidense de 45 millas cuadradas en Guantánamo, detrás de un campo minado, funciona como una pequeña ciudad estadounidense, con un hospital de solo 12 camas, un sistema escolar, bares, un puerto marítimo y parques de caravanas dispersos debido a la escasez de viviendas permanentes. Excepto los reos, el resto de los asistentes no viven permanentemente en la base.
Cuando el coronavirus apareció, el Pentágono detuvo la mayoría de los vuelos, instituyó una cuarentena para los recién llegados e impuso una censura a los reporteros después de que en marzo se detectaran los dos únicos casos hasta ahora.
Para tener una idea del aislamiento de la base, un periodista estadounidense que cubre los juicios que no se puede identificar por estar sujeto a la censura militar y no puede hablar públicamente más allá de los detalles de las audiencias, reveló a OnCuba que en junio se rompió una caldera en la prisión secreta Camp 7 y el personal de la base tuvo que esperar dos meses para recibir una pieza de repuesto, tiempo durante el cual los reos y sus guardianes tuvieron que bañarse con agua fría. Pese a que Guantánamo es de un clima caluroso, las celdas y las habitaciones de los guardianes tienen aire condicionado todo el tiempo. “Eso hace con que las duchas sean árticas”, dijo la fuente.
