El Departamento de Estado anunció este miércoles la detención de tres ciudadanos cubanos, entre ellos un exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), tras la cancelación de su estatus legal por decisión del secretario de Estado Marco Rubio.
Las autoridades estadounidenses informaron que Carlos Antonio Lloga Domínguez, su esposa y su hijo permanecen bajo custodia federal mientras avanza el proceso para su expulsión del país.
For decades, the Cuban Institute of Friendship with the People – or “ICAP” – has been a vehicle for radical left-wing extremism and subversive foreign influence in the United States and across our hemisphere. ICAP is the Cuban regime’s premier influence and intelligence front…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 1, 2026
Según el Departamento de Estado, Lloga trabajó durante más de una década para el ICAP, organización que Washington sancionó recientemente y a la que acusa de servir como plataforma de influencia e inteligencia del Gobierno cubano.
En un comunicado, el Departamento de Estado sostuvo que Lloga “ha continuado manteniendo vínculos con la red transnacional de subversión comunista” desde que se estableció en Estados Unidos y aseguró que el ICAP mantiene una estructura de influencia integrada por más de 2 mil organizaciones en más de 150 países.
La Administración Trump afirmó que no permitirá que personas vinculadas con operaciones de propaganda o influencia del Gobierno cubano permanezcan en territorio estadounidense y advirtió que otros ciudadanos extranjeros relacionados con el ICAP podrían enfrentar procesos similares de detención y deportación.
El comunicado recuerda que el ICAP fue incorporado este mes al listado de entidades sancionadas mediante la Orden Ejecutiva 14404, lo que bloquea sus bienes e intereses en Estados Unidos y prohíbe transacciones con la organización sin autorización expresa de los departamentos del Tesoro o de Estado.
El Gobierno estadounidense recordó el vínculo del actual presidente del ICAP, Fernando González Llort, con actividades de inteligencia cubanas y lo identificó como integrante de la denominada Red Avispa, por la que cumplió una condena de 15 años de prisión en Estados Unidos.
La detención de Carlos Antonio Lloga Domínguez se inscribe en una serie de acciones emprendidas este año por la Administración Trump contra ciudadanos cubanos o personas presuntamente vinculadas al Gobierno de la isla que residen en Estados Unidos.
En junio, las autoridades migratorias arrestaron en Florida a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general Ulises Rosales del Toro y quien permaneció en el país tras el vencimiento de su visa de turista. El caso fue presentado como parte de una política de mayor vigilancia sobre personas relacionadas con el aparato estatal cubano.
La Administración estadounidense ha ampliado las sanciones contra instituciones y funcionarios cubanos. En mayo impuso nuevas medidas contra nueve altos cargos del Gobierno, entre ellos Roberto Morales Ojeda, Esteban Lazo, Vicente de la O Levy y varios órganos de inteligencia, dentro de una estrategia de incremento de la presión sobre La Habana.
El Departamento de Estado impuso también sanciones financieras a Miguel Díaz-Canel, su esposa, su hijastro, al coronel Alejandro Castro Espín y al hijo de este. La medida también abarcó a cinco instituciones, entre ellas al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
