El Consejo de Estado de Cuba publicó este miércoles el Decreto-Ley 133 que da luz verde a la constitución de empresas privadas con más de 100 trabajadores, una nueva figura que se suma a las ya existentes mipymes (micros, pequeñas y medianas empresas) nacidas en 2021.
Con la publicación en la Gaceta Oficial, la norma entra en vigor siete días después, y es parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio pasado por el Gobierno cubano.
Estas empresas privadas llevarán por siglas S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada), si hay varios propietarios; o S.U.R.L. (Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada) cuando haya un único dueño.
Las compañías podrán abrir locales o establecimientos secundarios en cualquier otra provincia del país.
Las empresas tendrán que realizar todo el movimiento de dinero en cuentas bancarias corrientes y comercializar productos y servicios en pesos cubanos, excepto si hay alguna ley que permita divisas en su actividad.
Antes de que las empresas sean aprobadas, el Banco Central exige que los socios depositen el capital inicial en una cuenta transitoria. Deben certificar la procedencia licita de los fondos.
Entre los derechos y libertades del negocio, tendrán autonomía para fijar precios (aunque respetando reglas y límites gubernamentales), podrán decidir el salario de los trabajadores, y aunque se permitirá importar o exportar directamente, necesitarán una autorización del Ministerio de Comercio Exterior. También podrán asociarse con capital extranjero.
Con respecto a la propiedad, podrán ser cubanos, tanto residentes en la isla como en el exterior, y extranjeros residentes. No se permitirá ser dueños o administradores a funcionarios o dirigentes del Estado y del Gobierno, ni a personas con deudas o condenadas por delitos incompatibles con el negocio a abrir.
La ley también establece que las empresas han de tener “una responsabilidad social” con la que ayuden a la comunidad.
En cuanto a las cooperativas, estas también podrán expandirse geográficamente, exportar e importar con autorización del Mincex y deberán realizar su actividad en pesos cubanos.
El trabajo por cuenta propia solo podrá contar con colaboración de la familia de forma puntual, aunque se les permitirá viajar hasta tres meses al año natural al exterior sin perder la licencia. Deberán bancarizar los salarios si contratan.
Entre lo publicado este miércoles también destaca la Resolución 30/2026 del Ministerio de Educación, que permite Casas de Cuidado Infantil (guarderías) privadas. Las cuidadoras deberán pasar un curso de capacitación y enseñar respeto a los símbolos nacionales y mantener valores acorde a la sociedad.
También se permitirán clases de idiomas privadas, cuyos profesores deberán acreditar frente al Estado un nivel mínimo de B1.
Se autorizan las clases particulares privadas y se permitirá que los profesores de la educación pública puedan dar repaso fuera de su horario de trabajo. No podrán emitir títulos ni diplomas, ni usar instalaciones o libros oficiales, y tendrán que tener una labor social, dando clases gratuitas a niños vulnerables de su comunidad.
También hay novedades para el sector inmobiliario: los propietarios podrán rentar a las nuevas empresas privadas y a cooperativas. Además, todo alquiler deberá llevar un registro de las personas que duerman en el inmueble durante cinco años y si el alojado es un cubano residente en el exterior, o un extranjero, deberán reportar los datos directamente al Ministerio del Interior.
Las nuevas medidas llegan un día después de que el Mincex replicara en sus redes sociales las palabras del viceministro, Carlos Luis Jorge Méndez, en las que aseguraba que las reformas “van en serio”.
Gobierno cubano aprueba nuevos decretos que modifican reglas del sector privado y las importaciones
El paquete aprobado en junio busca liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por la profunda policrisis que padece la isla desde hace décadas por motivos internos y externos.
Las transformaciones incluyen cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones, dotar de una mayor “autonomía” a empresas estatales y autorizar la participación del capital privado en la actividad financiera, entre otros.
Su entrada en vigor se produce en un momento en el que Cuba se encuentra sumida en una grave crisis desde hace seis años, agudizada desde enero, cuando inició el bloqueo petrolero de Estados Unidos, al que se han sumado una serie de sanciones adicionales con el fin de lograr cambios políticos y económicos en la isla.
