El aporte de la Economía Social y Solidaria para construir socialismo en Cuba (I)

Como informó el Gobierno cubano el 11 de junio, la estrategia pos COVID-19 constará de dos etapas: la recuperación —regreso a la normalidad, evitar rebrotes, desarrollar las capacidades de enfrentamiento y reducir riesgos y vulnerabilidades—  y el fortalecimiento de la actividad económica del país. Este último comprenderá el ajuste del Plan de la Economía 2020 y 2021, fortalecer el ahorro, generar más ingresos en divisas, utilizar más  los recursos del país de forma más eficiente, e impulsar la producción nacional particularmente de alimentos.

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha insistido en que Cuba retomará el curso de la actualización del modelo económico y social, trazado desde 2010 en los documentos del Partido y el Gobierno.¹ Díaz-Canel planteó que, para enfrentar la crisis que ha provocado la COVID-19, “tenemos que salir con cosas distintas (…) no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera”. Recalcó la necesidad de dirigir el trabajo de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, en función de evaluar “cómo, de una manera más rápida, más decidida, más organizada, implementamos un grupo de cuestiones que están pendientes de implementación en la Conceptualización del Modelo Económico y Social”. Entre los elementos que aún no se han puesto en marcha, mencionó algunas formas de gestión y propiedad. También, el redimensionamiento del sector empresarial y del privado y la adecuada relación que debe haber entre ambos, de lo cual, apuntó, “tenemos buenas experiencias en estos momentos de pandemia”.

Si bien no han trascendido detalles, hay indicaciones de que esto va a incluir, entre otras medidas, un impulso al sector privado —quizás ampliando la lista de actividades autorizadas para el trabajo por cuenta propia o estableciendo una de actividades vedadas, permitiendo las demás— y alguna posibilidad de crear empresas pequeñas y medianas privadas (PYMES). Enhorabuena. Sin embargo, no parece que van a aprobar nuevas cooperativas de industria y servicios, mal llamadas “no agropecuarias” (CnA), mejorar las existentes o modificar el régimen centralizado de manejo de las cooperativas agropecuarias por parte del Ministerio de Agricultura. Lamentable, si así fuera.

A partir de esas ideas, el objetivo de esta serie en dos partes es develar los impactos de las nuevas y necesarias medidas sobre las desigualdades económicas y sociales ya existentes y demostrar que, al asumir consciente y articuladamente la Economía Social y Solidaria (ESS) y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el país tendría más herramientas para enfrentar las desigualdades e impulsar el desarrollo económico local inclusivo, en el marco de la construcción del socialismo.

Crece la desigualdad

La crisis de los noventa obligó a la dirección del país a adoptar una serie de políticas que sacudieron la sociedad básicamente igualitaria construida en las primeras tres décadas de la Revolución. Junto a la apertura al turismo y a las remesas, la emigración temporal y de retorno, las comunicaciones, el acceso a internet y la emergencia de un sector privado en el que una parte lucha por sobrevivir mientras otra disfruta de niveles de vida cómodos y hasta lujosos, se han generado niveles de desigualdad que no existían en las décadas pasadas. Estas medidas dinamizaron la economía, diversificaron el empleo, aumentaron la inserción de los cubanos en el mundo, ampliaron las redes familiares transnacionales y permitieron superar la crisis, a la vez que muchos mejoraron su nivel de vida material.

Las herramientas y políticas para enfrentar las desigualdades en una sociedad más diversificada y compleja, sin embargo, han sido básicamente las mismas: servicios públicos universales y gratuitos —salud, educación y seguridad social—, subsidios a bienes y servicios como el transporte público y la canasta básica, y acceso al empleo en el sector estatal, pero con salarios insuficientes para cubrir las necesidades básicas, después de los 90. Con pocas excepciones, se trata de políticas centralizadas, genéricas e igualitarias, financiadas principalmente por mecanismos fiscales de redistribución del ingreso, en las que los tributos que paga el sector privado y cooperativo de la economía juegan un papel creciente.

El “estira y encoge” del Gobierno con los sectores privado y cooperativo desde 2010, a pesar de su validación como parte del sistema socialista, ha devenido fuente de polémicas, atrasos en la implementación de políticas aprobadas, desencanto para los que apostaron por las cooperativas e inseguridad para aquellos que quieren emprender negocios. Como consecuencia, hemos tenido que pagar altos costos económicos, sociales e individuales —al no alcanzar el potencial de ingresos y empleos bien remunerados— de desencanto y frustración “esperando a Godot”, que parece nunca llegar.

Indiscutiblemente, se requiere que el sector estatal lleve el liderazgo de la economía en los sectores estratégicos y que se gobierne mediante la planificación en los diferentes niveles territoriales y sectoriales. Pero eso no nos exime de llevar a cabo la necesaria ampliación del sector no estatal (cooperativo, asociativo y privado) y reconocer la existencia legal de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Como sostiene Julio Carranza, “primero porque generan gran cantidad de empleo que el sector estatal no puede retener si pretende ser eficiente; segundo, porque garantizan determinadas producciones y servicios que pueden contribuir notablemente al crecimiento de la economía y que, como ha demostrado la evidencia histórica, el sector estatal no las puede realizar con eficiencia; y tercero, porque permite movilizar capitales internos (ahorros) y externos (remesas), que de otra forma estarían inactivos o no llegarían al país”. Habría que añadir un mejor aprovechamiento de los recursos endógenos (familiares y comunitarios), el potencial de las alianzas público-privadas y la capacidad de insertarse y aportar a las estrategias de desarrollo local.

La COVID-19 y su impacto sectorial

En eso llegó la doble pandemia de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. La crisis económica asociada evidenció y profundizó aún más las desigualdades sociales. Ante las dificultades con la distribución de alimentos, aquellos con mayores reservas económicas pueden comprar más y hasta acaparar, mientras los “coleros” que revenden a precios más altos se han multiplicado ante la escasez.

La economía cubana ante la Covid-19

Las remesas, aun disminuidas por las nuevas restricciones y la caída de la economía en los países donde residen los familiares, alivian la carga de unos y no de otros. Los dueños de vehículos privados se mueven sin restricción, pero los que dependen del transporte público están limitados. El acceso a internet y el ingreso para costearlo determinan posibilidades de compra virtual, conocimiento del mercado y acceso a la información. El estado de la vivienda y el hábitat condicionan las posibilidades de autocuidado, empleo del tiempo libre y hasta el aprovechamiento de las teleclases de los estudiantes. Las brechas rurales-urbanas y entre territorios rurales se han agudizado.² En un extremo estarían aquellos más productivos y rentables, donde la población ha logrado incrementos en los ingresos familiares, mientras en el otro extremo están los rezagados, que necesitan ayuda.

La crisis sanitaria por la COVID-19 ha tenido impactos generalizados a todos los sectores. En general, ha aumentado el grado de inseguridad económica, en el empleo y en la vida propia. Si bien la gestión del Gobierno ha sido exitosa, Cuba no escapa a esa realidad. Cubanos y cubanas, emprendedores y trabajadores, han sentido ese impacto en el peligro que amenaza sus vidas, sus familias, sus empleos y sus empresas, aunque la situación no afecte a todas las personas por igual.

La crisis actual ha impactado sobremanera al sector privado cubano, aún emergente, con apenas una década de existencia. Han sido solicitadas más de 139 000 suspensiones temporales, el 22 % de los aproximadamente 605 000 cuentapropistas del país. Los efectos de la pandemia han perjudicado a más de 26 000 arrendadores, a más de 500 experiencias de Airbnb y a más de 52 000 transportistas. Han sido beneficiados por reducción de cuotas mensuales unos 13 000 trabajadores privados, mientras que el país ha dejado de percibir unos 101 millones en impuestos.³

A todo ello se le suman las personas que, vinculadas al sector privado, no se encuentran contratadas oficialmente y saltan a una suerte de informalidad. Según algunas investigaciones, las personas negras y provenientes de territorios “opacos” o desventajados se encuentran sobrerepresentadas en grupos de menores ingresos.

El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, expresó que “se trata de garantizar la vitalidad del país, la alimentación de la población y que el impacto económico se absorba con el menor costo social posible; que distribuyamos entre todos los cubanos esta carga en función de salir adelante”.

¿Cómo cumplir eso con los mecanismos redistributivos existentes? ¿Qué papel pueden jugar los propios actores económicos, privados, cooperativos y estatales, para “distribuir la carga” pero, sobre todo, para “garantizar la vitalidad del país”?

Como plantea Pedro Monreal, “durante la eventual recuperación económica debería priorizarse un enfoque equitativo, es decir, reconocer que la desigualdad social necesita acciones diferenciadas para poder propiciar resultados con justicia social (…) No se trata de distribuir ‘parejo’, sino de manera diferenciada. Los grupos sociales en situación de desigualdad —de cualquier tipo— deben recibir más beneficios que los demás. De otra manera no se compensan las causas que originan la desigualdad”.

Pero la aspiración no puede ser solo distribuir mejor y más equitativamente el ingreso público y la ayuda a individuos y grupos sociales más necesitados. Se trata ante todo de poner a trabajar a todos en función de la recuperación económica del país y de relanzar el proyecto de construcción socialista, retomando el curso de la actualización del modelo económico y social.

La economía social y solidaria cobra vigencia

La ética del comportamiento en el socialismo es la cooperación para transformar la naturaleza humana y natural, en aras de mejorar la vida de todas las personas.

La ética distributiva del socialismo es la igualdad de oportunidades para todos. La “lotería” de recursos individuales, familiares, comunitarios y territoriales no debe determinar los beneficios y perjuicios en la vida de las personas. Igualdad de oportunidades significa compensar a los perjudicados en la “lotería” mediante educación y formación y fomento de emprendimientos, además de asistencia directa.

Las relaciones de propiedad en el socialismo deben estar dirigidas a asegurar la igualdad de oportunidades, en el contexto de una economía mixta de socialismo con mercado, y reflejar la ética del comportamiento cooperativo.

Es aquí donde podemos encontrar la utilidad de apelar a la Economía Social y Solidaria (ESS). Se trata de formas de actividad económica que priorizan metas sociales y ambientales e involucran a productores, trabajadores, consumidores y ciudadanos que actúan colectiva y solidariamente. Abarca la empresa estatal socialista, las empresas mixtas de capital extranjero, las cooperativas, medianas y pequeñas empresas (PYMES) privadas y trabajadores autónomos. Está orientada a la constitución de relaciones sociales diferentes, basadas en la horizontalidad y la cooperación, las condiciones de trabajo dignas, la repartición equitativa de las ganancias y los valores de solidaridad y responsabilidad. Estos elementos construyen una economía cuyo eje no es la reproducción del capital, sino la centralidad del trabajo en la reproducción de la vida.

El socialismo cubano ha sido, históricamente, social y solidario. La razón de ser de la economía socialista es satisfacer las necesidades materiales de la sociedad y apoyar el proceso de transformación, no generar utilidades para sus propietarios. El objetivo estratégico del modelo, como lo define la Conceptualización, es impulsar y consolidar la construcción de una sociedad socialista próspera y sostenible en lo económico, social y medioambiental, comprometida con el fortalecimiento de los valores éticos, culturales y políticos forjados por la Revolución, en un país soberano, independiente, socialista, democrático, próspero y sostenible.⁴

¿Cómo se ha concebido hasta ahora la economía social en Cuba? Esencialmente promovida desde el Gobierno central, “de arriba hacia abajo” y con fuerte predominio del sector estatal. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es implícita y naturalizada, pero ejercida sin autonomía empresarial, en respuesta a “orientaciones superiores”.

Ahora, con un país mucho más diverso en formas de propiedad y gestión, se trata de impulsar una economía compuesta por el conjunto de actores económicos estatales y privados, que asumen de manera explícita y como parte de su gestión económica de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, los principios de responsabilidad con la sociedad —familia, trabajadores, clientes y otros actores involucrados en el emprendimiento y la comunidad— y con el medioambiente natural y construido (patrimonio), en aras de la construcción de un socialismo próspero, democrático y sostenible.

La responsabilidad social empresarial (RSE) se refiere a un conjunto de actividades sociales y ambientales que desempeñan las empresas más allá de las obligaciones de la ley. Esto abarca no solo a las grandes empresas —en nuestro caso, de propiedad estatal— sino también a las PYMES, las cooperativas y los emprendimientos solidarios.

La RSE contribuye a solucionar problemas sociales y ambientales. Puede reducir la carga financiera/regulatoria del Estado, asumiendo funciones que hasta ahora solo las desempeña el sector público. Por tanto, constituye una pieza clave para la creación de cadenas de suministros que conducen a mercados inclusivos.

En Cuba, la RSE de las empresas de todo tipo no solo contribuye a solucionar problemas y a satisfacer necesidades, sino que también fomenta valores socialistas en sus trabajadores, administradores y dueños. En especial cuando se forjan alianzas público-privadas, que ayudan a la articulación de las diferentes formas de propiedad en función del desarrollo local.

(Continuará).

Notas

1. Partido Comunista de Cuba (2011) Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 2011-2015; (2016) Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 2016-2020; (2016) Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista; (2016) Proyecto Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. Asamblea Nacional del Poder Popular (2019) Constitución de la República de Cuba.
2. Luisa Íñiguez Rojas, Edgar Figueroa Fernández y Enrique Frómeta Sánchez (2019). “La heterogeneidad territorial en las actuales estrategias de desarrollo rural en Cuba”. Temas 98: 56-64, abril-junio de 2019.
3. Datos ofrecidos por Vladimir Regueiro, viceministro primero de Finanzas y Precios, citado por AUGE, Privados del turismo.
4. Partido Comunista de Cuba (2016). Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, art. 49, pág. 6.