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El paquete de transformaciones económicas presentado ayer por el Gobierno cubano incluye una reforma integral de salarios para el sector presupuestado, modificaciones en las relaciones laborales y cambios en el sistema de protección social.
La propuesta contempla una “actualización salarial” que beneficiaría al 51 % de los trabajadores del país, señaló un reporte de Cubadebate, citando lo que informó el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura.
Entre las principales medidas aparece el aumento del salario mínimo, que pasaría de 2 100 a 3 110 pesos, además de la actualización de los grupos y escalas salariales vigentes.
De acuerdo con lo anunciado, la reforma comenzaría a aplicarse en julio, mientras que el pago de los nuevos salarios se efectuaría en agosto en un intento por contrarrestar el ínfimo valor adquisitivo de los salarios en medio de una economía cada vez más dolarizada.
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¿Qué sucederá con las pensiones y la jubilación?
Dentro del mismo paquete se incluyen cambios relacionados con las pensiones y la jubilación, golpeadas profundamente en esta coyuntura. El Gobierno propone eliminar los límites actuales sobre la cuantía de las pensiones y reconocer los períodos de pluriempleo para el cálculo de estos ingresos.
También plantea flexibilizar los requisitos de retiro, permitiendo que dentro de los 30 años mínimos de servicio puedan contabilizarse hasta 10 años dedicados al cuidado familiar.
Las medidas incluyen además modificaciones en el mercado laboral. Entre ellas figura la eliminación de la autorización administrativa previa para ejercer el pluriempleo, así como la posibilidad del teletrabajo desde el exterior en determinados casos.
Para jóvenes sin empleo se prevé un incentivo económico equivalente al salario mínimo durante su incorporación a cursos de capacitación, con la posibilidad de que posteriormente pueda ser reembolsable.
Asimismo, los empleadores podrán establecer jornadas laborales reducidas mediante convenios colectivos, sin la obligación de mantener esquemas tradicionales de ocho horas presenciales.
En cuanto al sector no estatal, la propuesta establece una protección económica equivalente a un mes de salario para trabajadores que pierdan su empleo.
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El paquete presentado por Marrero incluye cambios en la gestión de las políticas sociales, con el objetivo de digitalizar los procesos y ampliar la participación de distintos actores económicos.
Otra de las medidas es el uso de la plataforma “Soberanía” para registrar y transparentar las ayudas sociales, permitiendo un mayor seguimiento de los recursos destinados a estos programas.
El Gobierno plantea además que los actores económicos participen en acciones de responsabilidad social mediante convenios con el sistema bancario.
Estas contribuciones podrían dirigirse al apoyo del pago de pensiones, comedores comunitarios, hogares de niños sin amparo parental, hogares de ancianos y personas en situación de vulnerabilidad.
También se incluyen apoyos al transporte social y sanitario, instituciones de salud y educación, servicios comunales, distribución de módulos básicos mensuales y creación de empleos para grupos vulnerables.
El plan contempla igualmente fondos de emergencia ante fenómenos naturales y el fortalecimiento de los servicios funerarios para familias sin recursos.
Según trascendió, el objetivo es favorecer la inserción laboral de personas en condiciones vulnerables, incluyendo servicios educativos y fiscales vinculados a talleres donde trabajen personas con discapacidad.
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Subsidios dirigidos a personas y creación de un fondo de protección
Otra de las líneas es la modificación del actual sistema de subsidios. La propuesta busca sustituir el esquema basado en productos por uno centrado en las personas, eliminando ayudas generalizadas a bienes y trasladando el apoyo directamente a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Para ello se plantea crear un Fondo de Protección Social destinado a fortalecer la atención a estos sectores y mejorar la cobertura de las políticas sociales, señaló Cubadebate.
