El Consejo de Estado de Cuba convocó para este jueves una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para evaluar las reformas económicas anunciadas el viernes pasado por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel.
La cita, anunciada este martes en la Gaceta Oficial, sucederá al pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) previsto para este miércoles, donde también se estudiará el paquete de medidas de apertura, liberalización y descentralización.
Como es procedimiento habitual en Cuba, una vez que las medidas reciban luz verde del Comité Central del PCC, un órgano político clave en la isla, le toca el turno de ratificación a la ANPP, donde normalmente se aprueban por unanimidad todas las propuestas que le llegan.
Las medidas anunciadas por Díaz-Canel van de la entrada en el sector turístico de “nuevos actores” en “nuevas modalidades” al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por cambios para ampliar el rol del sector privado.
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También se listó un grupo de reformas que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, así como medidas para dotar de una mayor autonomía a las empresas estatales y a los municipios del país.
Las autoridades cubanas se encuentran doblemente presionadas para tomar medidas en el ámbito económico.
De un lado, por la acuciante crisis económica de la isla, y de otro, por la presión estadounidense para implementar cambios.
La profunda crisis —que ya era grave antes de las últimas medidas de asfixia de EE.UU.— está llevando al límite a la gran mayoría de la población, como evidencian las pequeñas pero cada vez más frecuentes protestas pacíficas de las últimas semanas.
En la isla la situación es dramática: se han normalizado los apagones de al menos 20 horas al día por todo el país, la comida y las medicinas escasean, apenas hay combustible y transporte público, las escuelas adelantaron el fin de curso y los hospitales están en servicios mínimos.
Además del importante deterioro de las condiciones de vida, el sistema político —con el Gobierno cubano y el PCC a la cabeza— ha sufrido en los últimos meses y años un evidente desgaste en términos de respaldo popular y legitimidad.
También está la presión de Washington, que ha exigido a La Habana cambios políticos y económicos sustantivos y quiere ver resultados este mismo año, aludiendo para ello hasta la opción de la intervención militar en la isla.
Entre las medidas de presión estadounidenses se incluye el bloqueo petrolero, vigente desde enero, y la reciente oleada de sanciones secundarias, que han provocado una desbandada entre empresas extranjeras en Cuba.
