Cuba es, con creces, un país distinto al de hace cinco años. Varios datos dan cuenta de esta afirmación. Entre los más significativos está la pluralidad de visiones y posicionamientos políticos, sobre todo las maneras en que se organizan y se manifiestan.
El Código de las familias ha mostrado, a lo largo de su proceso de conformación y debate, así como de sus antecedentes, un rosario de evidencias del momento político que vive el país. Ha sido un parteaguas para la cultura política y jurídica de la Isla. Las campañas públicas, abiertas, notorias y claramente contrarias respecto al Sí o el No era algo impensable (aunque deseado) unos pocos años atrás.
Los días recientes han sido un apogeo de declaraciones, mensajes, slogans, una carrera por mover el interés de esa franja de votantes indecisos. Los polos que contienden de cara al referéndum tienen la estrategia común de que la gente asista a las urnas y vote, es decir, que la batalla no la defina la abstención ni las boletas anuladas.
En las urnas se cierra el contrapunteo normativo que comenzó en 2018 al hacerse público el entonces proyecto constitucional. El polémico Artículo 68 fue una suerte de divisor en la sociedad cubana, y en buena medida una excesiva distracción respecto a otros asuntos, mucho más trascendentes, que aquel proyecto esgrimía. La modificación de ese artículo, o no, por la comisión redactora tras la consulta popular, fue el asunto más ampliamente esperado entonces.
El Artículo 68, en la redacción que afirmaba que el matrimonio es la unión consensuada entre dos personas, quedó eliminado. Sin embargo, se añadió un capítulo referente al derecho de familia. En el mismo quedaron contenidas, y luego refrendadas en el voto popular aprobatorio de la nueva Constitución, los principales preceptos sobre este tema que, dos años después, fueron explayados en la propuesta del Código de las familias.
Si bien el llamado matrimonio igualitario saltó otra vez al centro de las controversias, otros fueron los tópicos generadores de tensión, como la patria potestad, la autonomía progresiva, la gestación solidaria y la adopción por parejas de igual sexo. Aquellos contrapunteos de 2018 y 2019 regresaron con mayor ahínco, con más argumentaciones, más organización de los grupos y tendencias contendientes, mayor pulseo político en el espacio público, incluso con mensajes de odio como manifestación extrema de la disputa en cuestión.
Este domingo votaremos por un Código que, entre sus valores, nos ha hecho reflexionar, dialogar, caracterizar, proponer sobre muchos temas y enfoques. Este tiempo ha puesto sobre la mesa, más allá del matrimonio igualitario, asuntos como el Estado Laico, el derecho a tener derechos, la relación entre fe y política, el conservadurismo que pervive en la sociedad cubana, entre otros.
Lo cierto es que tenemos delante un referéndum que, con independencia de sus resultados, dejará señales importantes, datos de la sociedad realmente existente. Dejará la necesidad de profundizar en el análisis de lo acontecido hasta aquí y el levantamiento de aprendizajes políticos, jurídicos, educativos y pedagógicos para después de la votación. Dejará una lectura más acabada de las fuerzas y tendencias políticas que nos conforman y los paradigmas de desarrollo, incluyendo los derechos humanos, que dan contenido a sus narrativas políticas.
En lo inmediato, nos corresponde ir a las urnas, en ejercicio pleno de nuestra soberanía, a votar, de manera directa, libre y secreta por el nuevo Código de las familias. Podremos decir, Sí o No, en ese minuto preciso en que cada una y cada uno llevaremos a punta de lápiz nuestras conciencias, nuestro sentido de la justicia, y el acumulado de preceptos culturales, morales y políticas que nos conducirán a marcar en un cuadrado o en el otro.
Sin embargo, parecería, a esta altura del partido, que el 25 de septiembre tendremos dos referéndums distintos. Para muchas personas queda claro que ese día es la oportunidad de aprobar o no un código específico, con contenidos concretos, atenientes a las maneras en las que organizamos, reconocemos y protegemos la pluralidad de familias que somos, las condiciones diferentes en las que estás se desarrollan y la variedad de sujetos que las constituyen.
Por otro lado, parecería que estamos ante un plebiscito referido a la situación del país, a la gestión de la economía, la situación eléctrica, la escasez de pan, el transporte deficitario, los altos precios, y un largo etcétera. Parecería que estamos ante la posibilidad de un “voto de castigo” por la compleja situación del país.
Este enfoque, que ha ido cobrando fuerza en los últimos días, tiene, al menos, dos perspectivas de análisis. De un lado, es encaminado por fuerzas de oposición que lo son contra todo lo que venga del gobierno cubano y sus instituciones, usen los argumentos que usen, sea el tema que sea, muestre los avances que muestre, incluso en el ámbito de los derechos humanos. Fuerzas organizadas y conscientes con una clara agenda política que no contempla ni una pequeña zona de diálogo posible.
De otro lado, están personas ciertamente agobiadas por la tensa y prolongada situación de crisis cotidiana. Quiénes ven el referéndum como oportunidad para reiterar, de otra manera, y en otro espacio, el desacuerdo con el creciente deterioro en la calidad de vida de las cubanas y los cubanos. Esta postura, comprensible e incluso legítima, permite intuir potencialidades para el diálogo.
Lo que pretendo significar con este potencial referéndum de facto es que sus motivos, intensiones, sentidos e impulsos no son homogéneos. Esto complejiza las circunstancias en las que votaremos el Código y enriquece la comprensión de la sociedad que somos y las tensiones que la describen.
Ante la idea, también en circulación, de que no era momento para enrolarnos en esta lid, considero que en cualquier momento que se produjera saldrían a relucir tantas o más aristas de análisis e interpretaciones. La cuestión central acá, y el proceso del Código es solo un catalizador (un importante catalizador), repito, es que la sociedad cubana no es la misma de hace cinco años. La manera en que interactúan asuntos como los derechos, la fe y la política son diferentes en sus contenidos, en sus manifestaciones; también difieren las dinámicas y características de los actores sociales que las conjugan.
Quienes apostamos por un país de justicia, equidad, dignidad, derechos y soberanía, tenemos en el Código una oportunidad tremenda para empujar un mejor orden social; aun y cuando el voto no resolverá el problema de la electricidad, el pan, el transporte, la inflación y otras tensiones. Es la oportunidad de que, también quienes viven insatisfacciones en clave de ruptura con todo orden establecido, voten en positivo por una zona de mejor país.
El Código tiene, entre otros, un valor esencial, no niega ningún derecho, más bien explaya derechos. Anunciar condiciones de mayor calidad, legales, morales y de modelos, para la convivencia familiar es un empujón importante que podemos dar, entre todas y todos, en medio de la crisis que vivimos. No sería justo, ni atinado, cerrar las puertas a los derechos y valores que el Código anuncia, para esgrimir desacuerdo con la prolongada coyuntura de crisis.
A la puerta del colegio electoral tendremos, como soberanas y soberanos, dos caminos posibles: votar Si, y tener condiciones más favorables (legales y morales) para el desarrollo de nuestras familias cuando salgamos del atolladero en el que vivimos; o votar NO, y salir de la crisis (porque en algún momento saldremos) con la deuda histórica de seguir en la batalla por los derechos que hoy tenemos la posibilidad de refrendar.
En medio de la situación compleja, tensa y definitoria en la que vivimos, confío en la sabiduría popular, en el espíritu de justicia que entrañamos como pueblo. Creo firmemente en el don del discernimiento como ejercicio de la voluntad política de nuestra gente que, sin desatender sus inconformidades, sus zonas de desesperanza, su agotamiento cotidiano, votará Sí por las familias que sostienen la lucha por superar la crisis y producir un país de más justicia, prosperidad, pan y belleza.
