Permítaseme comenzar esta reflexión sobre la economía cubana con una pregunta. ¿Por qué es necesaria una reforma económica integral, no cualquier reforma?
Las condiciones que permitieron el funcionamiento de la economía cubana con tasas razonables de crecimiento, sobre todo después de 1975, cambiaron abruptamente en la década de los 90s, tendencia que ya era apreciable desde 1986, cuando, por una parte, la deuda externa con los países occidentales se convirtió en una mayor presión a la vez que las relaciones históricas con el bloque socialista, principalmente con la Unión Soviética, se comenzaron a deteriorar notablemente.
Esta situación iba haciendo evidente desde entonces la necesidad de un cambio profundo del modelo económico vigente en el país, así como de la estrategia de desarrollo, entre otros factores porque se dejaba de disponer de las favorables relaciones con el bloque socialista europeo que permitían el acceso a recursos externos adicionales. Esto en un contexto de hostilidad de la política norteamericana que no solo ha persistido, se ha reforzado.
Estas circunstancias son más que evidente desde hace 30 años y fue lo que motivó el libro que escribimos y publicamos en 1995 con una propuesta de restructuración de la economía nacional (Cuba: La Restructuración de la Economía, una propuesta para el debate, Julio Carranza, Luis Gutiérrez, Pedro Monreal).
Desde entonces a la fecha se han dado cambios importantes, pero aún se está lejos de haber realizado la reforma integral de la economía que a nuestro juicio es imprescindible.
En estas últimas tres décadas se han dado diferentes situaciones en mejores y peores contextos, pero en los últimos cuatro años el país se encuentra en una crisis que comienza con una caída de 10,9 % del PIB en el 2020, seguida por ligeras recuperaciones de 1,3% en el 2021, 1,8% en 2022 para volver a contraerse con 2% negativo en el año 2023 que está a punto de terminar, quiere decir que se está en una franca recesión y aún lejos de superar la crítica situación.
Hay importantes nudos y serias tensiones, no solo económicas, también políticas y sociales —unas refuerzan a las otras—, por lo cual es necesario pensar y actuar integralmente sobre la situación.
A pesar de que este texto se refiere esencialmente a la dimensión económica, es necesario entender que las condiciones sociales y políticas son en última instancia determinantes en el curso de los acontecimientos.
A 65 años de Revolución, y en presencia de nuevas generaciones ya no se cuenta de igual manera con el liderazgo histórico y la mística que en las primeras décadas permitían asimilar y compensar las dificultades materiales con el entusiasmo de las grandes transformaciones y el importante beneficio material, de inclusión y de progreso que adquirieron las grandes masas con los cambios revolucionarios.
Lo que sí ha persistido de una manera u otra, es una fuerte política de agresión cuya expresión, más importante pero no única, es el bloqueo económico comercial y financiero que sufre el país por parte de los Estados Unidos, el cual se hace más dañino en las actuales condiciones nacionales e internacionales.
Sin embargo, superar la actual situación de grandes dificultades económicas es una necesidad a pesar del bloqueo y en este sentido, hay mucho por hacer y transformar, si se cuenta con la voluntad política y una brújula clara que permita el rumbo adecuado.
En la década de los 90s del siglo anterior, cuando se decreta el Período Especial, la situación fue también muy compleja y aunque el modelo económico no cambió integralmente, se dieron importantes transformaciones que para finales década permitieron salir de aquella crisis.
Por una parte, se reinsertó la economía en el mercado mundial con el desarrollo de nuevos sectores como el turismo, la biotecnología, la exportación de servicios profesionales, así como un mayor acceso a las remesas de cubanos residentes en el exterior, etc. Por otra parte, se reforzó la inversión extranjera con mayores oportunidades e incentivos, sobre todo, en los sectores del turismo y la minería.
Paralelamente y en sentido contrario se redujo notablemente el sector azucarero, que había sido históricamente la columna vertebral de la economía nacional. Las razones estaban relacionadas con que después del cierre de los convenios con el campo socialista, las exportaciones del azúcar cubano debían concurrir al marginal mercado mundial de este producto, donde los precios entonces estaban con frecuencia por debajo de los costos de producción. A la luz de hoy las consecuencias de esa decisión y de cómo se implementó, parecen haber sido negativas. Lo cual merece una discusión específica.
Internamente, durante aquella década de los 90s, se dieron también importantes cambios con la reducción de la cantidad de ministerios de gobierno, se flexibilizaron en cierta medida las formas de gestión de la economía, se abrieron mercados libres, tales como el agropecuario, lo que dio lugar a una importante reforma de los precios internos. Por otra parte, se autorizó la tenencia y circulación de divisas, se legalizó el trabajo por cuenta propia y en la agricultura se crearon las llamadas Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
Para principios del 2000 aparecen nuevas alianzas internacionales con los cambios de gobierno en América Latina, fundamentalmente en Venezuela. Estas nuevas alianzas, más la maduración de los cambios ya citados, insuficientes pero importantes, contribuyeron a salir del agujero en el que se encontraba la economía entonces, aunque sin que se apreciara una superación estratégica de la crisis estructural.
Los cambios fueron significativos, pero no se transformó el modelo económico en la medida necesaria. Más bien en los 2000s, después de la recuperación, los cambios más profundos se enlentecieron, esencialmente se reforzaron las políticas sociales con el programa de la Batalla de Ideas.
Desde entonces en diferentes análisis se ha calculado que para crecer más de un 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) se requiere de una inversión de más del 25 % de la cual se está muy lejos aún.
Ya desde entonces se calculaba en más de un millón los trabajadores excedentarios empleados en el sector estatal. Sin embargo, a pesar de estos nudos no resueltos, durante los primeros ocho años de los años 2000s, la situación general de la economía del país mejoró notablemente en comparación con las duras penurias del Período Especial de los 90s.
Este hecho redujo el reconocimiento y el desarrollo del debate necesario acerca de la reforma integral de la economía.
La crisis financiera internacional de 2008 y el impacto que ésta implicó para Cuba, vuelven a renovar el tema y el debate sobre la reforma de la economía. En el año 2011 se plantea desde las autoridades y órganos políticos de gobierno, la necesidad de una salida de más largo plazo, esto dio lugar a importantes documentos oficiales, como la Conceptualización del nuevo Modelo Económico y Social y los Lineamientos Económicos.
En los últimos tres años y medio, desde mediados de 2020, se ha entrado en el período más crítico de la crisis económica que, como se apuntó arriba, está lejos de ser superada. La situación es muy compleja y quizás su expresión más visible es la actual inflación, combinada con el estancamiento del Producto Interno Bruto , una de las circunstancias más complejas que puede enfrentar cualquier economía.
Aunque las estadísticas de la inflación interanual no son muy precisas, varían según las fuentes y por lo general las que provienen de fuentes oficiales no incluyen el importante mercado informal (recientemente se ha reconocido en poco más del 30 %), es evidente que una parte muy importante de la población recibe actualmente ingresos por debajo del costo de la canasta básica.
Es decir, no solo hay un problema de desigualdad, sino también de pobreza. Por supuesto que, con las características de la pobreza en Cuba, que no es comparable, debido a las políticas sociales, con la que existen en amplios sectores de la población marginada en los países de América Latina.
Esta situación, donde hay un claro déficit de oferta generalizada, es, en mi opinión, el resultado de varios factores, principalmente, tres:
1. Claramente el bloqueo genocida de la política norteamericana reforzado durante la administración de Donald Trump y no modificada hasta la fecha, por la administración del presidente Biden.
2. El impacto de la pandemia de Covid19, que golpeó sectores estratégicos como el turismo y obligó a dedicar importantes recursos a su enfrentamiento, sumados ahora los efectos de la guerra en Ucrania sobre la economía mundial.
3. Una insuficiente, tardía y desintegrada respuesta en el sentido de las transformaciones económicas necesarias, tanto a nivel del modelo económico, como de la estrategia de desarrollo.
A esto habría que sumar algunas decisiones cuyos resultados fueron evidentemente opuestos a los previstos, claramente, el ordenamiento monetario iniciado en enero de 2021.
Hoy se pudiera decir que, a nivel económico, el país enfrenta tres crisis principales y varios problemas adicionales:
1. Crisis del modelo económico, en mi consideración la más importante de todas. Ésta se expresa en bajos niveles de productividad, intensidad, eficiencia y funcionalidad de la economía, en medio de una clara recesión.
2. Crisis macroeconómica, agravada en los últimos años, se expresa en el estancamiento del PIB, los altos niveles de inflación, el déficit presupuestario, la diversidad de tasas de cambio y el caos monetario actualmente existente.
3. Crisis sectoriales. Fundamentalmente en; a) sector agropecuario (insuficiente producción de alimentos), b) sector energético (insuficiente disponibilidad de combustible, deterioro de las termoeléctricas, baja utilización de energías alternativas). Se debe añadir el deterioro generalizado de las diversas industrias.
Otros problemas importantes presentes en la actual situación serían:
1. La situación demográfica, caracterizada por una baja tasa de natalidad, altos niveles de migración, sobre todo de jóvenes, fuga de fuerzas de trabajo calificada y envejecimiento de la población. Todo esto pone mayores presiones sobre el presupuesto. El decrecimiento demográfico le genera serios obstáculos al desarrollo del país.
2. Dificultades generalizadas que afectan la funcionalidad de la economía. Ineficiente operación de los bancos, correos, infraestructuras, comunicaciones, seguros, etc.
3. Seria afectación de disciplina laboral, motivada por los bajos incentivos salariales y la alta inflación. Esto da lugar a la reducción de los niveles de productividad e intensidad del trabajo.
4. Presión de la deuda externa. A pesar de diversas renegociaciones sigue siendo un factor de fuerte impacto sobre la economía y su potencial recuperación.
Sería necesario actuar sobre todos estos problemas al mismo tiempo, sobre lo coyuntural, lo sectorial, y lo estratégico. A la vez que definir bien la secuencia del proceso de transformaciones; el orden es esencial. Definir bien las prioridades y las posteridades.
Algunos cambios importantes se hicieron a partir del año 2013. Se amplió el sector no estatal con mayores espacios para el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Posteriormente, se legalizaron las micro pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), privadas y cooperativas, se dio cierta flexibilización para las operaciones de comercio exterior, se ampliaron los espacios para la inversión extranjera con nuevas infraestructuras como la zona especial de Mariel, se entregaron más tierras en usufructo, etc.
En el año 2020, en reuniones oficiales del Partido Comunista de Cuba y del gobierno se discute y se establece una estrategia para orientar el avance de la economía hasta el año 2030. En octubre de 2020 se comienza a hablar sobre el ordenamiento monetario.
Sin embargo, en todo este período las transformaciones no adquieren el ritmo y la integralidad que permitían los documentos oficialmente aprobados (fundamentalmente la Conceptualización y los Lineamientos) que parecían expresar un consenso político suficiente para los cambios, esto aún después de la nueva Constitución aprobada por la inmensa mayoría de la población en el 2019, donde los espacios para las transformaciones se reforzaron.
Los problemas y la lentitud en las respuestas continuaron presionando a la economía. Por ejemplo, era evidente el sobre empleo que, entre otros factores, lastra la eficiencia de las empresas del Estado que actualmente son aproximadamente 2900.
En más de un millón se ha calculado el sobre empleo en este sector. Es evidente la necesidad de sectores económicos más dinámicos, así como la necesidad de mayor inversión extranjera.
En mi consideración entre el año 2011 y 2020 se volvió a perder un tiempo precioso, difícil de recuperar, a pesar de que entre medio estuvo la breve pero importante apertura de la política de los Estados Unidos hacia el país, durante la presidencia de Barack Obama.
En enero de 2021 se decide implementar el llamado ordenamiento monetario que fue concebido como una acción integral sobre la economía en general. Debía implicar un importante cambio en los precios relativos para hacer más competitiva, medible y más dinámica a la economía nacional. Es decir, el Ordenamiento suponía:
- Devaluación de la moneda nacional.
- Establecer una moneda única.
- Unificar las tasas de cambio.
- Aumentar los ingresos de la población para compensar el incremento planificado de los precios.
- Incrementar la competitividad.
- Incrementar la productividad.
- Incrementar la producción.
- Incrementar el interés por el trabajo.
Se realizó una devaluación de la moneda nacional que multiplicó de golpe parte de los costos empresariales por 24. Esto en un contexto muy desfavorable de contracción de la oferta, en medio de la pandemia de Covid19, sin medidas previas que, como parte de la reforma, incentivaran la oferta (serios problemas de secuencia), por tanto, la respuesta de la economía no fue productiva, sino inflacionaria.
La multiplicación de los costos empresariales y el incremento de los ingresos, fundamentalmente, salarios (posteriormente liberados generando un problemático caos salarial) y pensiones, el reparto de ganancias empresariales, con frecuencia sin respaldo productivo y basado en incrementos de precios, más el impacto de la inflación internacional, sumado a una seria crisis de oferta debido a la contracción de la producción y las importaciones, dieron lugar a un fuerte proceso inflacionario fuera de control con todas sus consecuencias económicas, sociales y políticas.
Casi tres años después del Ordenamiento:
a) existe una inflación que no cede,
b) los precios crecen más que los ingresos personales,
c) hay varias tasas de cambio y la informal fuera de control,
d) no se ha incrementado la productividad del trabajo,
e) tampoco el interés por el empleo formal,
f) en términos reales hay una diversidad de monedas circulando en el país.
Es decir, dada las debilidades estructurales y un serio problema de secuencia, el Ordenamiento, contrariamente a lo que se había propuesto tuvo un efecto inflacionario y no productivo. Esto da lugar a una compleja y riesgosa situación no solo económica, sino también social y política. Originalmente se expresó que el salario mínimo sería 1,3 % mayor que la canasta básica, sin embargo, el resultado ha sido muy diferente.
El sector agropecuario (factor esencial en la oferta) se mantiene con producciones insuficientes. Tuvo sus picos de rendimientos y producción en el año 2016, pero su decrecimiento, que se mantiene hasta hoy, comienza en los años 2017-2018.
En el año 2014 las inversiones que en la agricultura eran del 8 % del total, desde entonces comienzan a reducirse. Hoy solo alcanzan el 2,7 %. Significa que en medio de la crisis se redujeron notablemente. Sobre este punto volveremos más adelante.
A continuación, algunas consideraciones puntuales que creo son necesarias para la mayor articulación e integralidad de la reforma integral:
- A la reforma hay que ponerle energía positiva, sin dogmas ni parálisis paradigmáticas.
- Hay que redefinir cuestiones conceptuales sobre el socialismo aquí y ahora (sobre esto hemos escrito en extenso en otros textos anteriormente publicados).
- El problema de la secuencia es esencial, además de la concepción sistémica. Por ejemplo, la descentralización municipal sobre la cual el discurso oficial ha insistido tanto es muy importante, pero un país no es la simple suma de sus municipios.
- La reforma debe ser integral, pero tiene dos componentes esenciales y urgentes; 1) la reforma empresarial, esencialmente de la empresa estatal, 2) la reforma del subsistema de producción agropecuaria.
También es esencial repensar el financiamiento de la economía en general y de la reforma en particular. Hay efectivamente un problema de falta de recursos, pero también hay un problema en el uso de los disponibles. Esto supone la necesidad de una profunda revisión de la política nacional de inversiones.
Sin dudas, hay una presión seria por el insuficiente financiamiento externo, explicado por el bloqueo, la presión de la deuda, la contracción de las exportaciones, la restricción de los créditos (que no solo se explican, aunque también, por el bloqueo, sino por la, con frecuencia injustificada, impuntualidad en los pagos). Por otra parte, y relacionado con lo anterior, la insuficiente disponibilidad de inversión extranjera.
Toda esta situación debe colocar la política inversionista en función de las prioridades cuyos dos primeros componentes son, en mi consideración, la producción de alimentos y la recuperación del sector de la salud pública, actualmente seriamente afectado. Debían añadirse la educación y la asistencia social.
La concentración de inversiones en el sector turístico e inmobiliario de aproximadamente el 33 % del total que, aunque no hay cifras oficiales respecto a sus fuentes, en diversas ocasiones autoridades de gobierno han expresado que tienen un alto componente nacional, debería ser revisada en función de mayores recursos para las prioridades antes identificadas.
Sin dudas, el turismo es un sector con alta potencialidad en Cuba y fue fundamental para superar la situación de crisis de los años 90s. Pero es también muy vulnerable, no solo las coyunturas internacionales como la pandemia, las guerras, etc., también es muy sensible a la agresión externa, por ejemplo, recientemente la administración norteamericana decidió exigir el trámite de visas a los ciudadanos europeos que visiten Cuba.
Una discusión estratégica es cómo se va a rearticular el sector 1 de la economía (productor de medios de producción). Esto exige en todos los sectores una política económica efectiva que utilice las herramientas e incentivos disponibles para incrementar las exportaciones y la sustitución de importaciones. (No se trata solo de la simple apelación a “una voluntad exportadora”).
Por otra parte, es preciso hacer las operaciones necesarias para una mayor apertura de los créditos internacionales. Esto supone actuar sobre el tema de la deuda externa, lo cual implica una mejor política de pagos, renegociaciones, swaps y la posibilidad de emplear determinados activos, incluyendo hipotecas, con análisis rigurosos, como parte del servicio de la deuda.
Alcanzar mayor inversión extranjera para la reactivación de la economía es también esencial y parte de la política integral, esto debería incluir, la ampliación de las zonas especiales, esquemas sectoriales, nuevos sectores tecnológicos de punta, para los cuales Cuba posee aún ciertas ventajas, así como comprender y utilizar favorablemente los espacios que abre la nueva y cambiante situación geopolítica internacional, considerando importantes actores como Rusia, China, los BRICS, etc.
Volviendo al tema de la política inversionista, como se ha señalado el sector turístico ha mantenido más del 30 % del total de esta. Es obvio que la tasa de inversión expresa prioridades y esto conduce a una pregunta y reflexión esencial.
El turismo alcanzó su pico en el año 2018, luego cae abruptamente debido a la agresiva política de la administración Trump y al impacto de la pandemia de Covid19. Los mercados internacionales no se han recuperado suficientemente, además de que como antes apunté, son bastante vulnerables a la agresión externa.
Cuba cuenta hoy con aproximadamente 91 mil habitaciones para un turismo anual de menos de dos millones de visitantes. República Dominicana, por ejemplo, tiene 98 mil habitaciones, pero para un turismo sostenido de aproximadamente 8 millones de visitantes al año.
No hay una explicación suficientemente clara del actual nivel de concentración de la inversión en el sector turístico e inmobiliario, cuando el país tiene claras prioridades como es la producción de alimentos, entre otras.
Insisto en la idea de que, aunque no hay cifras, por las declaraciones que se pueden encontrar, la inversión turística tiene un alto componente de recursos nacionales. Quiere decir, que parecería que esta desproporción no se explica, al menos solamente, por la decisión o preferencia de los inversionistas extranjeros.
Ahora me referiré al importante problema de la tasa de cambio:
El desorden de tasas de cambio que actualmente existe es expresión del estado general de la economía cubana, resultado también de una fuerte devaluación a la que dio lugar el Ordenamiento con una nueva tasa fija de 24 pesos cubanos por un dólar a todas luces alejada de lo que se podría considerar la tasa de equilibrio.
Más adelante se introdujo una nueva tasa para determinados sectores de 120 pesos cubanos por un dólar (población y MIPYMES). El mercado monetario informal se mueve con una tasa actualmente por encima de los 260 pesos por un dólar. Esta última, obviamente, tampoco es la tasa de equilibrio porque también está afectada por la especulación.
Probablemente una tasa entre 150 y 180 pesos por un dólar se podría acercar más a una tasa de equilibrio, pero lo que quiero destacar aquí es que esta es toda una discusión técnica que se debe realizar a profundidad para decidir una política monetaria más acertada. Sin una tasa de equilibrio como referente, la economía nacional no podría ser competitiva. Esto requiere una discusión específica y fundamental dentro de la integralidad de la reforma.
Hoy se funciona con una tasa de cambio dual y fija, pero con una tasa informal volátil y por fuera del control del Estado. Esa tasa informal, que además permite el acceso rápido a divisas, es fundamental para que el sector no estatal de la economía (MIPYMES) puedan cerrar su ciclo operacional.
Parece más conveniente un régimen cambiario de mayor flexibilidad y mayor control del Estado, con una política monetaria y cambiaria activa en función de la estrategia económica, pero hay dos dificultades para este objetivo. De una parte, el Estado no cuenta con suficiente reservas y por otra, y muy importante, las empresas del Estado no asisten al actual mercado informal de divisas sin lo cual éste, no podría estar bajo un control y dinámica adecuada.
El problema del crecimiento general de la oferta y de la participación de las empresas del Estado en el mercado cambiario es esencial. Sin eso es casi imposible poner la tasa de cambio bajo control. Mientras el sector no estatal cierra su ciclo en el marcado informal de divisas, con todas sus distorsiones, el sector estatal (el fundamental de la economía) no puede siquiera comenzar ese ciclo, atado a regulaciones administrativas y burocráticas en la asignación de divisas internacionales.
Todos estos argumentos conducen a la hipótesis central que tratamos de probar aquí. La necesidad de la integralidad de la reforma económica, incluida en primer lugar la reforma de la empresa estatal y del subsistema de producción agropecuaria.
El sector agropecuario
Como he señalado ya, los alimentos deben ser un componente esencial de la oferta y ésta debería ser en gran medida de producción nacional, misma que hoy es insuficiente y que mantiene un notable nivel de importaciones. Por ejemplo, al caer notablemente la producción nacional de carne de cerdo y de pollo, el incremento de la importación de pollo fundamentalmente de Estados Unidas (posible debido a la excepción que el bloqueo ha establecido para este rubro) ha sido casi imprescindible, desde un mercado que, debido al bloqueo, no permite la obtención de créditos.
Hace siete años la producción y el rendimiento agrícolas se contraen, a la vez que, la inversión en la agricultura se ha reducido del 8 % en 2014, a menos del 3 % en este momento.
La producción agropecuaria además de su importancia para la economía en general es también un asunto de seguridad nacional, debe ser una de las prioridades urgentes de la reforma. Aunque ha sido objeto de múltiples medidas por lo general positivas, el sector agropecuario no ha tenido una reforma fundamental como subsistema de producción y esto es esencial.
Después de 1990 se realizaron importantes cambios en el sector:
a) la creación de las unidades básicas de producción cooperativa,
b) la entrega de tierras en usufructo a productores individuales,
c) la apertura de mercados.
Sin embargo, ha mantenido un bajo nivel de inversión y un bajo nivel de gastos corrientes. Parece evidente que persisten en el sector problemas de insuficientes escalas de producción para el sector no estatal (con gran peso hoy en la producción de alimentos), problemas de centralización, de comercialización, incluidas las reiteradas insuficiencias del mecanismo de ACOPIO.
Quiere decir que los recursos asignados a la agricultura (tanto inversión como gasto corriente) son insuficientes para la producción de alimentos: sistemas de regadío, fábricas de sacos y envases, maquinaria agrícola de todo tipo, más fertilizantes y herbicidas, etc.
Para la asignación de insumos para la agricultura (el llamado paquete tecnológico) hay tres productos priorizados: tabaco, arroz, y papa. Estos reciben asignaciones insuficientes pero muy superiores a las recibidas por otros cultivos fundamentales. En el último tiempo el arroz y la papa se beneficiaron debido a las afectaciones climáticas que sufrieron los cultivos de tabaco.
En resumen, es importante comprender que sin un incremento de las asignaciones de recursos a la agricultura sería imposible recuperar la producción a los niveles necesarios. Esta es una condición necesaria, imprescindible, aunque no suficiente.
Si hablamos de la producción agropecuaria por formas de propiedad, no de gestión, las estadísticas arrojan que aproximadamente la propiedad estatal cubre el 79.3 % del total. Las cooperativas (CPA) el 6,8 % y los campesinos individuales el 13,9 %, sería relevante la pregunta de si esta estructura es la más adecuada o si es conveniente, aun sin modificaciones significativas en la propiedad, pero sí continuar diversificando las formas de gestión, con una extensión del usufructo, pero, con mayores garantías, escalas, apoyo y autonomía.
Los cambios en el subsistema de producción agropecuaria son esenciales: mayor descentralización, mayores escalas al sector no estatal para permitir un uso más eficiente del suelo e incrementar los rendimientos, mayor asignación de recursos.
El problema de la escala de producción es fundamental. Hoy día, el promedio de la tierra en usufructo es de 5.5 hectáreas por unidad. El promedio de los propietarios individuales es de 10.9 hectáreas. El promedio de las granjas estatales es de 700 hectáreas. Teniendo en cuenta los aportes realizados por las diferentes formas de gestión, incluyendo el sector privado y las cooperativas, sería importante revisar las actuales escalas que corresponden a cada una de ellas, para ampliar aquellas que están produciendo más y mejor.
La agricultura concentra aproximadamente el 18 % de la fuerza de trabajo, unos 900 mil trabajadores, equivalente a una quinta parte del total. Por su forma de gestión, no de propiedad, las granjas estatales poseen cerca del 32.2 % de la tierra. Las cooperativas el 32 % y entre propietarios individuales y usufructuarios el 35 %.
Actualmente, entre propietarios, usufructuarios y empleados por estas formas no estatales, suman aproximadamente 540 mil personas, a los cuales habría que añadir los participantes en las diferentes formas de las cooperativas agropecuarias. Estas estadísticas confirman la importancia que tienen hoy las formas no estatales en la producción agrícola.
Resumiendo, es por estas razones que insistimos en la necesidad de revisar las escalas de producción y favorecer las formas no estatales a través de usufructos en mejores condiciones, cambiar la forma de comercialización transformando el actual mecanismo de acopio, mayor inversión y recursos, mayores créditos y una correcta política de incentivos y subsidios. Esto es determinante para un incremento de la oferta de alimentos y de la oferta en general.
El déficit presupuestario
Un nudo en la actual situación de la economía es el déficit del presupuesto, al respecto, se pueden consultar interesantes intervenciones del actual ministro de Finanzas. El déficit está monetizado, el crecimiento del circulante ha sido muy notable después del ordenamiento, a la vez que los ingresos al presupuesto nacional han estado ocluidos o reducidos.
El problema de la insuficiente oferta y la inflación son nudos que impiden que los salarios y las pensiones sean variantes de ajustes debido a que estos en términos reales han sido llevados al extremo, lo cual tiene obviamente implicaciones políticas.
Las empresas estatales, que son un factor fundamental de aporte al presupuesto, tienen una situación muy compleja. Hay muchas en condiciones no rentables y muchas otras con tasas de rentabilidad mínimas lo que implica limitados aportes al presupuesto. En esto obviamente impacta los diferentes tipos de cambio que operan en la economía nacional (24 a1, 120 a1, 260 a 1).
La política fiscal no es suficientemente progresiva y tiene problemas de verificación de declaración de ingresos sobre todo en el sector no estatal, por ejemplo. Ahí no se emiten facturas como se debe y las facturas son un documento fundamental de control fiscal.
Por otra parte, la política de bancarización que se inició durante el último año, no tiene los resultados esperados. No se trata de que su propósito sea positivo y favorable para el funcionamiento general de la economía. Obviamente lo es, pero ha sufrido también problemas de escala (permite muy bajo nivel de disposición de circulante para las operaciones corrientes, sobre todo en el sector no estatal), problemas de secuencia y de condiciones necesarias, de infraestructura. Es decir, fue inoportuna y desproporcionada.
Aunque hubo una reducción relativa del déficit presupuestario de 17 % a un 11 %, este no solo se ha estancado, sino que se incrementa nuevamente.
La Asamblea Nacional ha aprobado un nuevo incremento del déficit mayor al 18 % del PIB, esto coloca a la economía nacional en una situación más compleja aún, puesto que, entre otros factores, dificulta la efectividad de una política de estabilización macroeconómica y por tanto el control de la inflación.
El tema es complicado, pero se debería abordar eficazmente. Como se repite hasta la saciedad, hay un serio problema de estancamiento en la producción de bienes y servicios, en 2023 el PIB se ha contraído en 2 %. Esto no se soluciona con llamados retóricos a la necesidad de producir más, a la necesidad de crear riquezas. Obvio que eso es así, pero en economía la pregunta relevante que se debe solucionar es cómo establecer las condiciones para obtener esos resultados; quiere decir, cómo incentivar la producción.
Por tanto, las empresas (todas) no pueden descapitalizase a través de subidas excesivas de impuestos como vía para equilibrar el presupuesto porque esto afectaría sus ya escasos recursos para la producción. Es a través de de incrementos productivos y de rentabilidad que se puede alcanzar un mayor y sano aporte de las empresas al presupuesto. En economía el orden de los factores sí afecta el resultado. Esto supone, como condición imprescindible y urgente la reforma empresarial, una y otra vez postergada y subestimada.
Por otra parte, el gasto se debe ajustar bien. Sobre esto se trató en la Asamblea Nacional reciente, especialmente en el sector presupuestado que emplea a más del 50 % de la fuerza de trabajo en el sector estatal.
La política para este sector debe ser ajustada, con la excepción de los sectores de salud, educación y asistencia social, donde no se deben reducir gastos, al contrario, pero sí se debe buscar mayor eficiencia. Esos sectores son parte del corazón mismo del proceso revolucionario en Cuba, su deterioro debe ser detenido, no debe haber duda alguna sobre su prioridad.
El déficit presupuestario debería bajar al menos al 6 %, muy lejos del recientemente aprobado, superior al 18 %. La discusión parlamentaria al respecto ha sido, en mi opinión, insuficiente. Con la actual inflación, el salario real y las pensiones se han seguido ajustando. El salario medio hoy es de aproximadamente 4 mil pesos y el salario mínimo es de 2100 pesos; las pensiones son en general aún más bajas.
Si se incluyen en el cálculo de gastos todos los mercados existentes, imprescindibles hoy, la canasta básica en términos reales está por encima de esos ingresos, lo cual, como ya hemos apuntado, es un problema serio.
Permítaseme insistir en una consideración específica relacionada con el tema de los ingresos que merecen los dos sectores sociales más importantes. La salud y la educación. Muy afectados por el salario real que reciben sus empleados, tanto médicos como profesores, así como, personal paramédico y asistentes docentes. La última sesión de la Asamblea Nacional aprobó un incremento de salarios para esos sectores, lo cual es imprescindible, pero habría que hacer los ajustes necesarios para que esto no impida la también fundamental reducción general del déficit. ¿Difícil y complejo? Sí ¿Imposible? No.
Se aprobaron nuevas medidas de ajuste de subsidios, tarifa eléctrica, de agua, precios de combustible, etc (medidas en general necesarias), pero por la sensibilidad y el impacto de estos rubros es necesario hacer un seguimiento de sus efectos y realizar los ajustes que se requieran de manera ágil y oportuna.
En Cuba el déficit no ha funcionado como un estímulo al crecimiento de la producción. A diferencia de lo que sucede en otras experiencias internacionales, ésta no crece suficientemente, aunque el déficit sea alto. O sea, los problemas estructurales de la economía impiden una respuesta productiva al crecimiento de la demanda.
Los actuales márgenes de déficit fiscal son muy cerrados, esto expresa de manera muy clara la necesidad de mayor contribución de las empresas y una política fiscal más efectiva y progresiva. Pero ello solo es posible con empresas eficientes y rentables.
Por el lado de los ingresos, una política fiscal más eficaz, por el lado del gasto, los salarios y las pensiones no pueden ser una variable de ajuste, debido a su actual bajo nivel. Se necesita mayor eficacia en los gastos que deberían estar sujetos a la competencia, a la disminución del empleo no productivo y a un enfrentamiento serio y efectivo a la corrupción y a la evasión fiscal.
La Reforma empresarial
El otro corazón y principal de la reforma integral es la reforma empresarial.
Hoy la economía cubana no es lo que era hace algunos años, sino mucho más diversa en su forma de propiedad y gestión. La empresa pública (mayoritaria) debe ejercer un liderazgo en un sistema más competitivo y abierto para eso debe ser profundamente transformada, no para que deje de ser pública sino para que deje de ser ineficiente.
Antes de continuar quiero detenerme en un tema conceptual sobre el cual he insistido en varios textos: lo que es socialista o capitalista no es la empresa, es el sistema que las articula a todas, conducido y garantizado por el Estado.
Las empresas públicas de los países capitalistas no son empresas socialistas por ser públicas, son las empresas públicas de un sistema capitalista. Igualmente, las empresas privadas en Cuba (MIPYMES) no son capitalistas por ser privadas, son las empresas privadas de un sistema socialista. Esta definición conceptual me parece de la mayor importancia, debido a que como se expresa en el discurso oficial al denominar la empresa estatal como socialista, por exclusión se estaría calificando a todas las demás (que hoy constituyen un sector complementario pero imprescindible de la economía) como capitalistas, lo cual las coloca automáticamente en una lógica anti sistémica con todas las consecuencias que esto tiene.
Las empresas públicas, cooperativas y privadas, son parte integrante de un solo sistema cuyo carácter es socialista, bajo el control de un Estado en manos del pueblo, que debe funcionar democráticamente.
La reforma de le empresa estatal, pública (líder del sistema), y la mayor apertura al sector privado en los límites que fundamentadamente se establezcan, son dos caras de una misma moneda y deben avanzar de manera simultánea e integrada, con una visión sistémica.
La rentabilidad empresarial no puede ser una precondición garantizada por el precio, mucho menos en aquellas empresas públicas con la condición de monopolios. La ganancia debe ser un resultado de la producción y gestión de la empresa, en una competencia donde concurran en igualdad de condiciones todos los actores económicos. Obviamente, existen excepciones imprescindibles que por razones muy justificadas deben ser objeto de subsidios y control de precios.
Igualmente, es muy importante definir bien la diferencia entre salario y reparto de ganancia entre los trabajadores. Desde el punto de vista conceptual no se deben mezclar ambos ingresos.
La base del precio debe estar en el juego de la oferta y la demanda y a partir de allí es que se debe regular de manera fundamentada lo que sea necesario.
Hoy en muchas actividades económicas empresariales, debido al sobre empleo, el costo de salario es muy alto. Esto lastra a la empresa porque se mantiene una fuerza de trabajo con bajos niveles de productividad. En nuestra opinión y así está incluido en el libro de 1995, es necesario una clasificación más precisa de las empresas por su actividad y escalas.
Los medios fundamentales y estratégicos de producción deben ser siempre públicos, pero hay que redefinir ese concepto, las escalas y las condiciones: establecer de manera más precisa qué sectores y hasta qué nivel deben abrirse a la participación de empresas no estatales, sin que aquellas pierdan el liderazgo dentro del sistema económico.
Las empresas existen para cumplir determinadas funciones y condiciones; producir con eficiencia, innovar, generar empleo; estos indicadores deben ser objeto de medición constante, sobre todo en las empresas públicas. Además, deben funcionar en un régimen de restricciones financieras fuertes que compulsen a la eficiencia.
Las empresas públicas han sido entregadas por sus dueños, el pueblo, al gobierno para que las administre y las gestione bien, y debe haber un claro sistema de rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos, no sobre su gestión que debe ser autónoma. Este es un concepto fundamental.
Para una ley de empresa
Circula un proyecto de nueva ley de empresas, su completamiento y aprobación es de la mayor importancia para la economía. Por lo que hemos conocido tiene componentes de avances positivos, por ejemplo, incluye el asunto de las juntas de gobierno (estructura que ya habíamos propuesto en el libro de 1995) para resolver el llamado problema principal-agente. Es decir, una estructura que permita un mayor control, no de gestión, pero sí de estrategias y resultados por parte de los dueños de la empresa, representantes del pueblo y los trabajadores (principal) y los directivos de la empresa (agentes) que tendrían la autonomía de la gestión, pero, la obligación de rendir cuenta de los resultados y seguir la estrategia general definida por la junta de gobierno.
Este es un tema esencial porque tiene que ver con la manera en que se establecen, operan y se reproducen las relaciones de propiedad, que como sabemos son determinantes en el carácter de una formación económica social.
El texto que hemos conocido también tiene otros factores positivos como mayores niveles de descentralización y autonomía, cese de la subordinación de las empresas a los ministerios sectoriales, etc.
Sin embargo, ese borrador presenta algunas insuficiencias e incertidumbres:
1) solo se refiere a las empresas estatales que además llama socialistas, no incluye a las empresas no estatales de la economía (problema de definición).
2) La descentralización es aún limitada.
3) Se plantea la creación de un llamado ministerio de activos cuyas funciones no están claras, ni cómo se le controla. Esto presenta un peligro en términos de una excesiva centralización si no se establecen criterios muy claros y precisos al respecto; entre otros, que empresas estarían bajo su atención, etc.
4) No queda claro el papel que jugarían las actuales organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDEs), que hasta el momento y en la mayoría de los casos han dificultado la necesaria descentralización y autonomía de las empresas. Habría que precisar muy bien cuando una estructura así es realmente conveniente para solo dejar aquellas que están plenamente justificadas.
5) No se incluye, hasta el momento, un pronunciamiento claro sobre el cambio del carácter de la planificación, actualmente, centralizada y burocrática, cuando debería ser más financiera y estratégica. El actual carácter de la planificación es un obstáculo para el avance y el dinamismo que la economía necesita.
6) El borrador de ley no es claro acerca del papel de la oferta y demanda y la competencia en la formación de precios (se dice que las empresas fijarán precios).
7) No queda claro que los subsidios que se consideren necesarios deben ser esencialmente al consumidor no a la empresa. Por otra parte, parece que aún no hay consenso entre los ministerios porque esta ley aún no está incluida en la agenda de la Asamblea Nacional, lo cual preocupa debido a los esencial y urgente de este tema.
En el proceso de reforma de la empresa hay unas cuestiones esenciales; ¿cómo garantizar la rentabilidad? ¿cuál es el límite adecuado y compatible con el socialismo que se debe establecer para la privatización de activos? ¿cómo generar empleo para los que están sobre empleados en el sector estatal? ¿Cómo abrir la inserción internacional directa de las empresas, sin estructuras empresariales intermedias, solo la necesaria asesoría técnica del ministerio de Comercio Exterior? ¿Cómo hacer que las empresas públicas respondan a los intereses de sus legítimos dueños (funcionamiento de la Junta de Gobierno)?
Considero de la mayor importancia evaluar de la manera más rigurosa otras experiencias de reformas socialistas exitosas como Vietnam y China. Allí el crédito y la banca, que es estatal, son mecanismos fundamentales para el control de la economía y de las empresas. Los créditos no son ni pueden ser un “regalo“, sino un instrumento fundamental de la política económica y con ese rigor deben ser empleados.
La descentralización y el cambio en el carácter de la planificación burocrática es una necesidad imperiosa.
Lo más avanzado de la experiencia socialista europea fue la llamada reforma LIBERMAN-KOSIGUIN, al final por diferentes razones esta no fue exitosa, tampoco la autogestión Yugoslava. Son procesos que hay que evaluar de manera crítica y rigurosa para, en las condiciones concretas de Cuba ir más allá se esos límites.
Sin la asistencia de las empresas públicas, la mayor parte de ellas en condiciones de descentralización, a los mercados internos, incluidos el mercado monetario y de medios de producción, estos no podrían funcionar bien. Las empresas tampoco, habida cuenta de que estos mercados deben ser transparentes en su funcionamiento e información.
La descentralización empresarial debe estar acompañada de restricciones financieras fuertes y mayores incentivos. Es imperioso completar y aprobar una adecuada ley de empresas más amplia que el borrador que circula y también una ley de bancarrota.
Otro tema fundamental es la mayor articulación del sector no estatal de la economía (MIPYMES, privadas y cooperativas) en la dinámica general de la economía y en el funcionamiento de los mercados con la autonomía y las garantías necesarias, así como, de las regulaciones necesarias y fundamentadas que garanticen el funcionamiento integral del sistema socialista.
Los encadenamientos productivos que toda la economía necesita, no se pueden establecer por decreto, son el resultado de la propia evolución de una economía dinámica y del uso efectivo de las herramientas que ofrece la política económica.
Es fundamental tener presente el concepto en el que he insistido frecuentemente de que el socialismo no es la supresión del mercado, ni la supresión total de la propiedad privada. El socialismo es la supresión de la hegemonía del capital que debe garantizar el Estado en manos de un poder popular que se pueda ejercer de manera democrática. O sea, impedir el predominio del interés del capital por encima del interés general de la sociedad y de los trabajadores en particular.
Esto no solo debe estar reflejado en la leyes, también en la forma en que se ejerce la política, en la forma en que se garantiza la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y en la forma en que se reproduce y se desarrollan la educación y la cultura.
Es imperativo considerar además las condiciones específicas de Cuba, país subdesarrollado, con una escasa dotación de recursos naturales, fuertemente bloqueado y en una posición geopolítica muy complicada. Sería absurdo pedirle a una nación en esas condiciones que soluciones los grandes problemas teóricos y prácticos del socialismo, se debe responder desde las condiciones específicas del país, sin idealismos fatuos que solo entorpecen las transformaciones necesarias, desde una concepción socialista, sí, pero sin perder el horizonte de lo que es históricamente posible aquí y ahora.
Conclusión
La reforma integral de la economía no solo es imprescindible, es además urgente, el carácter sistémico y la secuencia de este proceso es fundamental.
La reforma implica el todo, pero sus dos corazones hoy son: la reforma de la empresa estatal y la reforma del subsistema de producción agropecuaria. Sin estas dos condiciones es casi imposible superar la actual situación de recesión e inflación, más allá de cómo se mueva la coyuntura internacional que es compleja y muy incierta.
Las prioridades identificadas como son la producción de alimentos y la recuperación de la salud pública deben ser respaldadas con los recursos disponibles.
Presentar e implementar un claro plan de estabilización macroeconómica y antinflacionario que hoy, a pesar de las declaraciones oficiales, no se aprecia con claridad, es imprescindible para crear las condiciones que permitan el mayor avance de la reforma integral.
El nivel del actual déficit presupuestario recientemente aprobado para el año 2024 es un obstáculo adicional y fuerte para este objetivo.
Es también fundamental redefinir, focalizar y financiar eficientemente las políticas sociales; sin mayores gravámenes al presupuesto, como demuestran las evidencias, hay un amplio sector de la población hoy en condiciones de vulnerabilidad que debe ser más apoyado eficazmente, sobre todo la población de edades mayores.
Como apuntamos más arriba, es esencial redefinir conceptualmente el socialismo que debe ser en las condiciones concretas de Cuba, hoy este no es un asunto meramente teórico, es un asunto de importancia práctica, porque determina en medida esencial el curso de la acción.
*Este texto se publicó originalmente en la cuenta de Facebook de su autor. Se reproduce con su autorización expresa.