El primer ministro de Canadá, Mark Carney, espera información detallada antes de decidir cómo responder a las revelaciones sobre la actuación de diplomáticos canadienses en Cuba durante el período en que funcionarios de ese país y de Estados Unidos comenzaron a reportar síntomas de salud inexplicables, conocidos como el síndrome de La Habana.
“Espero recibir información sobre la situación. Ha salido a la luz nueva información, como usted señala, y tomaré una determinación una vez que eso haya ocurrido”, declaró Carney el martes durante una conferencia de prensa en Vancouver, en sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto desde que se difundieron las informaciones.
Una investigación de The Globe and Mail reveló el fin de semana que Canadá y Estados Unidos mantenían una estrecha colaboración en Cuba entre 2016 y 2018, cuando diplomáticos de ambos países comenzaron a experimentar síntomas como hemorragias nasales, mareos, dolores de cabeza, visión borrosa y pérdida de memoria.
Según una fuente citada por el periódico, un diplomático canadiense compartía información de inteligencia con agentes estadounidenses en La Habana. Otra fuente aseguró que ciudadanos canadienses también utilizaban equipos satelitales introducidos en Cuba bajo cobertura diplomática estadounidense.
Las revelaciones han abierto interrogantes sobre la posible relación entre esas actividades y los problemas de salud denunciados por los diplomáticos, así como sobre la respuesta posterior de las autoridades canadienses. No se ha establecido que la colaboración descrita provocara los síntomas.
“Tenemos una responsabilidad y cumplimos con nuestro deber de proteger a los diplomáticos canadienses que están en primera línea al servicio de los ciudadanos”, dijo Carney.
Exagentes de inteligencia y antiguos altos cargos de seguridad han pedido que se examine si Rusia pudo haber atacado a los diplomáticos por su presunta colaboración con los servicios estadounidenses y cómo actuó Ottawa frente a los afectados.
La controversia se amplió después de que el Gobierno canadiense recurriera el año pasado a la sección 38 de la Ley de Pruebas de Canadá para mantener bajo reserva nuevos detalles de una demanda millonaria presentada por diez diplomáticos que estuvieron en La Habana.
La disposición permite restringir la divulgación de información cuya publicación pueda perjudicar la seguridad nacional, la defensa o las relaciones internacionales.
En tanto, la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, declaró el lunes que las dolencias inexplicables constituyen un asunto de recursos humanos de su departamento y que había pedido a su principal viceministro dar seguimiento al caso.
Su oficina aclaró posteriormente que no ordenó reabrir el informe interdepartamental de 2024, que concluyó que los problemas de salud no fueron resultado de “ningún acto malicioso de un actor extranjero”.
Esa respuesta fue cuestionada por el abogado de los diplomáticos y sus familiares, Paul Miller, quien afirmó que los afectados merecen una explicación sobre el origen de sus dolencias. Comprender las causas, sostuvo, permitiría determinar responsabilidades y ayudar a los médicos a tratar a quienes todavía presentan síntomas.
Investigadores de la Universidad de Pensilvania examinaron a 21 diplomáticos estadounidenses y describieron lesiones similares a las de una conmoción cerebral. Otras hipótesis han apuntado a condiciones médicas preexistentes, factores ambientales y causas psicosomáticas.
En enero, CNN informó que el Pentágono llevaba más de un año probando un dispositivo que algunos investigadores consideran una posible causa de síntomas similares a los del síndrome.
EEUU estudia un dispositivo que pudiera estar vinculado al origen del “Síndrome de La Habana”
Por su parte, el ministro de Defensa canadiense, David McGuinty, evitó comentar el martes el intercambio de tecnología satelital entre Canadá y Estados Unidos en sus embajadas. Señaló que algunos asuntos permanecen bajo confidencialidad y que no le corresponde pedir al Comité de Parlamentarios sobre Seguridad e Inteligencia Nacional que inicie una revisión.
El comité, integrado por legisladores con autorización para acceder a información clasificada y que reporta directamente al primer ministro, no hizo comentarios sobre el caso. Por el momento, Carney no ha anunciado medidas ni ha precisado cuándo recibirá el informe solicitado.
