Los Archivos Nacionales han pedido a los expresidentes y vicepresidentes de Estados Unidos que vuelvan a revisar sus archivos personales en busca de documentos clasificados luego de la noticia de que el presidente Joe Biden y el exvicepresidente Mike Pence tenían documentos no autorizados en su poder.
Hoy jueves los Archivos enviaron una carta a representantes de expresidentes y vicepresidentes que se remonta a Ronald Reagan para garantizar el cumplimiento de la Ley de Registros Presidenciales, dijeron dos personas que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a pronunciarse sobre el tema.
La ley establece que todos los registros creados o recibidos por el presidente y el vice son propiedad del gobierno de Estados Unidos y que serán administrados por los Archivos al final de cada mandato.
Los Archivos enviaron la carta a los representantes de los expresidentes Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush y Ronald Reagan, y a los exvicepresidentes Pence, Biden, Dick Cheney, Al Gore y Dan Quayle.
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Los abogados de Biden encontraron documentos clasificados de su época como vicepresidente en un gabinete cerrado con llave mientras empaquetaban una oficina que ya no usa.
Desde entonces, búsquedas realizadas por el FBI y los abogados de Biden han arrojado más documentos. El exvicepresidente Pence también descubrió esta semana documentos y los entregó después de decir previamente que no creía que tuviera alguno.
El manejo de documentos clasificados ha sido un problema eventual durante décadas, desde presidentes hasta miembros del gabinete y personal de múltiples administraciones que se remontan a Jimmy Carter. Pero ha cobrado mayor importancia desde que el expresidente Donald Trump retuvo deliberadamente material clasificado en su propiedad de Florida, lo que provocó la incautación sin precedentes del FBI de miles de páginas de registros el año pasado.
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Funcionarios de todos los niveles del gobierno descubren que están en posesión de material clasificado y lo entregan a las autoridades al menos varias veces al año, según dijo otra persona familiarizada con el asunto.
Los funcionarios actuales y anteriores involucrados en el manejo de información clasificada argumentan que si bien existen políticas claras sobre cómo se debe revisar y almacenar esa información, esas políticas a veces se dejan de lado en los niveles más altos.
Los equipos de funcionarios de seguridad nacional, secretarios y ayudantes militares que comparten la responsabilidad de mantener informados a los ejecutivos de alto nivel, y a los propios ejecutivos, pueden alterar las reglas por conveniencia o a veces por simple descuido.
Si bien gran parte de la atención se ha centrado en la información clasificada, la Ley de Registros Presidenciales en realidad requiere que todos los registros deben transferirse a los Archivos, independientemente de la clasificación.
Va contra la ley federal tener documentos clasificados en un lugar no autorizado, pero solo es un delito si se hizo de manera intencional.
Associated Press/ Washington Post/OnCuba.
