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La Casa Blanca ha decidido dificultar los pedidos de asilo político invocando razones de seguridad nacional y Trump ha firmado una orden que, aunque no especifica las nacionalidades afectadas, parece estar orientada especialmente hacia la legión de inmigrantes centroamericanos que se están aproximando a la frontera estadounidense en busca de refugio. Se espera que la medida sea litigada en los tribunales.
En un documento preparado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la administración de Donald Trump plantea que solo recibirá solicitudes de pedidos de asilo en los puestos fronterizos terrestres. Estados Unidos tiene fronteras terrestres con Canadá y México.
La idea es escrutar los pedidos de asilo cuando el inmigrante se encuentra literalmente en un limbo migratorio, o sea, ha salido de un país fronterizo pero todavía no ha obtenido autorización de entrada a Estados Unidos. También tiene la intención de controlar acuciosamente quién entra, de ahí la necesidad que lo haga por un punto fronterizo y no por el resto de la frontera que no se encuentra vigilada.
Durante la pasada campaña electoral, Trump refirió varias veces su oposición a las entrada de los inmigrantes centroamericanos y en los sondeos a boca de urnas, muchos electores dijeron que la crisis migratoria jugó una parte importante al momento de decidir su voto.
El viernes, un funcionario superior de la administración, que no se identificó, dijo a la revista Politico que los inmigrantes “están cometiendo una ilegalidad si entran a Estados Unidos por otra parte de la frontera que no sean los pasos fronterizos establecidos. Si lo hacen no tendrán derecho al asilo político”.
Esto ha provocado una fuerte reacción de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que ha anunciado su intención de recurrir a los tribunales. Para la ACLU, la ley de asilo político no establece que los pedidos deben ser presentados obligatoriamente en una frontera terrestre, sino que los solicitantes lo pueden hacer en otros espacios, como los aeropuertos e, incluso, en cualquier embajada o ya dentro de territorio estadounidense ante el departamento de Inmigración y Ciudadanía (USIS, por sus siglas en inglés).
Trump argumentó el jueves que Estados Unidos necesitaba migrantes, «pero deben entrar de forma legal y deben tener mérito”.
En términos jurídicos, la Casa Blanca tiene difícil de lograr la implementación plena de sus designios en este sentido.
El documento de DHS se basa en la sección 212 (f) del Acta de Inmigración y Naturalización, la misma que Trump evocó cuando quiso restringir, y en algunos casos prohibir, el ingreso de ciudadanos de un grupo de países de mayoría musulmana. La sección en cuestión afirma que Estados Unidos puede impedir el ingreso a personas que “representen un peligro” para “los intereses” del país.
Sin embargo, su aplicación a los ciudadanos extranjeros musulmanes se encuentra suspendida desde que en junio el Tribunal Supremo, por tercera vez, la consideró inconstitucional.
“Las leyes de asilo son claras. Esto es un intento ilegal de circundar las leyes aprobadas por el Congreso”, ha comentado Eleanor Acer, directora del programa de protección de refugiados, Human Rights First.
La agencia Associated Press citó a funcionarios que aclararon que aquellos a quienes se les niegue el asilo , pueden ser elegibles para formas similares de protección si demuestran temor de regresar a sus países. No obstante, serían sujetos a una revisión mucho más severa.
Las formas de protección que podrían recibir incluyen la “retención de deportación”, que es un estatus similar al asilo pero no proporciona residencia ni permite llevar a familiares, o el asilo bajo la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.
