Rui Ferreira
A inicios de julio, al fin, entró en vigor en Florida una ley que prohíbe textear y manejar al mismo tiempo. Algunos abogados, incluso, hacen una lectura más amplia y afirman que también se puede aplicar a quien va hablando por teléfono. Hasta ahora, textear era apenas una contravención y una multa se aplicaba solo si la policía detenía un vehículo por otra razón. Aún así, la cifra de accidentes subió a más de 100 muertos anuales, según el departamento de Vehículos Motores.
Pero en mes y medio de la aplicación de una medida más severa las cosas no han cambiado. El lunes, manejando Uber, conté en menos de tres millas en una importante autopista de alta velocidad 18 personas que manejaban y parecía textear, algunas seguían hablando por teléfono. Mientras texteaban sus ojos de movían entre la pantalla del celular y el carro de enfrente.
Esto representa tres cosas: que muchos choferes en Miami no tienen conciencia del peligro, están viciados en sus teléfono o sencillamente no se han enterado de lo que hay en la botica. Uber y Lyft, las dos plataformas de transporte más populares en el sur de Florida han advertido a los sus choferes de que no se puede textear, aunque debemos tener nuestra aplicación abierta y seguir las instrucciones de sonido del GPS sin dejar de mirar hacia el frente. Yo no acostumbro a atender llamadas cuando manejo y mucho menos si tengo un cliente a bordo. Pero muchos sí lo hacen.
He preguntado a un policía amigo cómo ve el asunto y me ha comentado que hay dos cuestiones en todo este asunto. La primera, y creo que la más seria, es que el Gobierno no hizo una campaña de concientización pública hacia la nueva prohibición, no hubo grandes explicaciones, anuncios, ruedas de prensa, entrevistas en televisión. Lo único que se escuchó fueron los argumentos de los políticos el año pasado cuando la legislatura estatal aprobó la nueva regulación que, sólo por un problema burocrático, no tiene el nombre de “ley”.
La otra cuestión que le preocupa a mi amigo policía, y que me parece también seria, es la falta de personal. Me dio esta respuesta cuando le comenté que no estaba viendo la policía haciendo un esfuerzo grande para obligar a aplicar esta nueva norma. “No damos abasto”. Así de sencillo. Ni el condado ni las ciudades tienen policías suficientes para perseguir a la gente que textea y maneja. Además, es muy difícil atrapar a alguien en ello. “Tendría que perseguirlo, verlo texteando o hablando por teléfono, obligarlo a parar, multarlo o arrestarlo”, dijo. “En este sentido muchos de mis colegas no están dispuestos a hacerlo”.
Hay también otro problema práctico. Si el chofer infractor se percata de que hay un patrullero siguiéndolo lo más natural que haga es que suelte el teléfono celular. No queda otra alternativa que darle esa tarea a los policías encubiertos. Pero eso también es un problema. “Con tanta gente haciéndolo no tenemos recursos para eso. En mi departamento (de la ciudad de Miami) tenemos una docena de carros anónimos pero están todos dedicados a perseguir el tráfico de drogas o la prostitución. Nadie nos va a dar dinero para conseguir más carros”, me explica.
Una forma de “capturar” a los infractores pudiera ser con las llamadas “camaritas” pero esto es una vieja controversia. Cuando hace una década comenzaron a proliferar en las intersecciones más concurridas, la gente comenzó a protestar porque se quejaban que tanto las multas por violar la luz roja eran muy altas, 158 dólares, como su adjudicación era muy estricta. La queja más común fue que el paso de la luz amarilla a la roja era demasiado rápido y no daba tiempo para frenar.
Las protestas llegaron a tal punto que el asunto terminó en los tribunales. Al final, los jueces determinaron que las ciudades no tenían autoridad para imponer esas multas porque las infracciones eran determinadas por una sola empresa privada en Texas, que además era la encargada de cobrar, y no por los departamentos de policía locales. Las ciudades lo que hicieron fue otorgar la concesión a a esa empresa y no atribuir a la policía la responsabilidad de la supervisión de las cámaras a la policía. El público argumentó que con eso las multas no eran más que un nuevo impuesto oculto.
Las cámaras terminaron desapareciendo también porque los alcaldes vieron en su cancelación una forma de hacer política y ser reelegidos. En ciudades como Hialeah, Sweetwater, Doral y Miami, no hizo falta una determinación judicial, los ediles acabaron ellos mismos con las cámaras. Fue una promesa electoral que cumplieron con creces.
Además, las cámaras no tienen gran utilidad en el caso de atrapar a la gente texteando ya que estaban orientadas apenas hacia el ángulo derecho de los carros de modo a identificar por la chapa a los choferes que se llevaban las luces rojas.
Es un problema serio. No solo para las personas que sean víctimas de gente texteando como también para los mismos choferes. Incluyendo los de Uber como yo. Si ya teníamos este problema, porque la gente texteando reduce bastante el flujo del tráfico ahora la gente que textea y maneja cuando se de cuenta que las autoridades no van a hacer nada, sea porque no pueden o no quieran, van a seguir con lo suyo. Y cada día hay más gente manejando en la ciudad. Es un mundo de locos. Aprueban normas y luego no tienen recursos para aplicarlas, al menos en los centros urbanos, y estas se tornan inútiles. Como decía Mafalda, la de Quino, “paren este mundo, que me quiero bajar”.
