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El precio del aceite pronto podría llegar a cero pesos cubanos. No porque haya tanto que las mipymes quieran regalarlo, sino porque la oferta va camino a ser nula. Cuando el precio sea cero —que en este caso significa que no habrá dónde conseguirlo—, nadie podrá comprarlo a 2 mil ni a 6 mil pesos.
Agosto, un mes de ofensiva
A la escasez provocada por los cortes en la cadena de suministros se ha sumado la provocada por la persecución a los negocios privados que comercializan productos de alta demanda, incluidos alimentos. Guantánamo fue la primera provincia en topar el precio del aceite el 5 de agosto. Inmediatamente, en otras siete se aprobaron medidas para limitar el precio o el margen comercial: Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Holguín, Santiago de Cuba y la mencionada Guantánamo.
A partir de ahí, agosto se ha convertido en un mes de ofensiva contra los negocios privados que comercializan aceite, huevo, leche en polvo y otros productos. Día tras día, en la prensa nacional y local aparecen reportes de inspecciones con saldos de cierres, decomisos, multas y ventas forzosas.
La ofensiva no se limita solo a las provincias y municipios donde las autoridades fijaron precios o márgenes. En al menos 13 de las 15 provincias del país se reporta algún tipo de medida punitiva contra el sector privado. Solo Cienfuegos y Granma no ofrecen reportes públicos sobre acciones similares.
Para escribir este artículo me dediqué a compilar los datos que cada territorio ha reportado por su cuenta. Entre el 1 y el 24 de agosto de 2026, el país ha cerrado por lo menos 150 negocios y aplicado entre 2 mil y 4 mil multas. Como cada provincia reporta de manera diferente, el significado de “cierre” no es homogéneo: no es posible determinar si se trata de cierres permanentes o temporales, o de si se trata de un negocio entero o solo de un establecimiento. Es una estimación, pero el orden de magnitud difícilmente sea otro.
El indicador equivocado
El detonante fue el aceite, que pasó de los 990 pesos heredados de un top de 2024 a rondar los 6 mil en junio de 2026, con un salario mínimo de 3210 CUP. Pero el origen del precio no está en el mostrador donde chequea el inspector. Antes, están el tipo de cambio informal, que pasó de 340 a 675 pesos por dólar; el sobrecosto de fletes por las sanciones y la persecución estadounidense; y la producción nacional, que cayó un 80% en 2023.
Bajo cualquier supuesto, el litro no puede regresar a 990 pesos. Se actúa sobre el último eslabón de una cadena mucho más larga.
Mientras el indicador de resultado debiera ser que haya aceite —y cualquier otro producto— a un precio pagable por la mayoría, las autoridades convierten en logro el indicador de proceso: cuántas inspecciones, multas y cierres se hicieron. El problema aquí es que se mide el procedimiento en lugar del efecto en la oferta. El hábito institucional celebra el cierre de 22 negocios, pero no la creación de 22.
Como los topes de precios, las “visitas integrales”, los “ejercicios de control” y otros tipos de inspecciones no han demostrado resultados anteriormente. En marzo de 2025, en el primer día de un Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción y las Ilegalidades, se realizaron 8648 inspecciones, se impusieron 5022 multas y se cerraron 281 establecimientos. No hay evidencia de que, tras ese episodio, la inflación se contuviera o la oferta de comida aumentara.
Como entonces, los castigos en curso a los vendedores de aceite no han producido, hasta el momento, un solo litro adicional del producto.
El costo de cada cierre
Ordenar la clausura de un negocio parece llegar al final de la cadena, pero no. En términos de oferta, el negocio dejará de vender aceite en el mostrador y pasará a venderlo por la puerta de atrás, al mismo precio o incluso mayor. Los negocios que vean cómo los competidores cercanos están siendo multados o cerrados, probablemente decidan “autocerrarse” para evadir a los inspectores hasta que baje la marea. Como las ventas caen, los importadores dejarán de percibir beneficios por la mercancía y decidirán reducir las compras o enfocarse en importar bienes cuyos precios no están topados.
En términos del efecto individual, la multa y la venta forzosa descapitalizan el negocio; los inventarios dejan de reponerse y el estante que hoy tiene un producto caro, mañana estará vacío (el precio cero que mencioné al inicio).
En términos tributarios, la multa se cobra una vez, mientras los impuestos del negocio que nutren directamente el presupuesto del municipio donde radica se cobran todos los años. La contracción de la base imponible no favorece la reducción de un déficit fiscal que hay que controlar.
Y en términos de empleo y costo social, el cierre de un emprendimiento puede significar que los trabajadores del local y sus familias pierdan de inmediato los ingresos que les permiten sostenerse mes a mes.
Al final, en los periódicos se multiplican las noticias sobre clausuras y multas, y en la calle los productos desaparecen para todos.
Nada de esto niega que existan ilegalidades reales y que enfrentarlas sea legítimo. Hay emprendimientos del sector privado que cometen evasión fiscal, venden productos vencidos, no aceptan transferencias, utilizan cuentas personales en vez de fiscales, adquieren mercancía sin origen documentado. Eso es real y debe ser enfrentado. Pero el acorralamiento de la poca fuente de oferta que aún fluye en la economía cubana contradice, paradójicamente, el objetivo de “proteger” a las familias.
La CEPAL acaba de pronosticar una caída de 10,3 % del PIB cubano para este año. De cumplirse, la economía de Cuba cerrará el 2026 siendo casi un 25 % más pequeña que en 2018. En ese escenario, y con el bloqueo estadounidense en su expresión más dura, difícilmente el cierre administrativo de empresas ayude a solucionar los problemas.
