Los prejuicios que enfrenta la reforma económica en Cuba

“Las reformas de mercado son un paso abierto al capitalismo”.

“Las desigualdades sociales son inadmisibles”.

“El Estado debe controlar todas y cada una de las esferas de la economía y la sociedad”.

“Todos los cubanos debemos ser igual de ricos o igual de pobres”.

Probablemente usted haya escuchado con frecuencia ideas similares desde que tiene uso de razón. Ellas resumen superficialmente, eso sí, la manera en que supuestamente la sociedad cubana ha entendido conceptos como mercado, desigualdades, papel del Estado o justicia social.

Durante mucho tiempo, el modelo económico moldeó no solo la estructura productiva del país, sino que también creó “verdades absolutas” que ahora están siendo encaradas por las reformas económicas que el Gobierno anunció en junio de 2026.

Toda reforma económica es, en el fondo, un choque de trenes. Por un lado, avanzan los cambios estructurales que implican la redistribución de poder o la reconfiguración de incentivos. Por el otro, resiste el inmenso peso de una cultura forjada bajo reglas que, poco a poco, deben dejar de existir.

Por eso, la reforma no es solo un proceso técnico, sino profundamente político y cultural. Incluso cuando existe consenso sobre la necesidad de cambios, emergen resistencias de todo tipo por todos lados. 

En el caso cubano, la crisis interna y la guerra económica estadounidense suelen ocupar el centro del debate, aunque hay otro obstáculo menos visible pero también persistente: los prejuicios acumulados en la cultura económica del país.

1. Más propiedad privada es regresar al capitalismo.

El argumento por antonomasia narra que la apertura al capital privado implica en automático una transición capitalista. Durante muchas décadas, la propiedad privada, incluso la más pequeña, fue proscrita: en 1968 la “ofensiva revolucionaria” erradicó 55 636 de los micro y pequeños negocios en aquel entonces. No fue hasta los años noventa (precisamente durante una crisis) que se permitió otra vez —con extremas limitaciones— el cuentapropismo.

Fue una época con su propio contexto histórico que sería un poco injusto criticar desde la actualidad, pero arrastra esa cultura prejuiciosa y de “mal necesario” que ha acompañado a la propiedad privada dentro del modelo cubano.

2. Más mercado es menos regulación del Estado.

Este es uno de los falsos dilemas más extendidos, y descansa sobre una confusión de tres cosas distintas: propiedad, gestión y regulación. 

La ampliación del sector privado no implica, por definición, un debilitamiento del Estado, sino una redefinición de su rol. Incluso en las economías capitalistas, el Estado regula, supervisa y trata de corregir fallas de mercado; de hecho, cuanto más mercado hay, más regulación se necesita, no menos. 

Confundir propiedad privada con desregulación conduce a temores infundados y limita la posibilidad de diseñar marcos regulatorios modernos, capaces de fomentar la competencia, proteger al consumidor y asegurar objetivos sociales.

Ahora bien, sería deshonesto despachar el temor como pura paranoia. El paquete de las 176 medidas de junio abre el debate sobre propiedad. La medida 32 ratifica la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y, en la misma oración, plantea avanzar en la gestión no estatal sobre esos medios. 

Las medidas 33 y 34 permiten la compra de acciones de empresas estatales por personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, y la venta de propiedades estatales, incluidos cubanos residentes en el exterior. En la propia sesión de la Asamblea Nacional donde se aprobaron, se pidió definir con precisión qué son los “medios fundamentales de producción” y revisar el punto 32 para evitar la contradicción.

El anclaje del protagonismo estatal, entonces, no está en el documento de junio, sino donde siempre estuvo: en los artículos 18 y 27 de la Constitución. Y ahí está el problema real, que no es ideológico, sino regulatorio. 

Mientras el perímetro de lo “fundamental” siga sin definirse, cada venta de activo estatal y cada emisión de acciones se decidirá caso a caso, por criterio administrativo. Eso no es más mercado ni más Estado: es más discrecionalidad. La definición de ese concepto y las reglas transparentes alrededor de la gestión marcarán la diferencia entre regulación y corrupción.

3. El control es más importante que la reanimación productiva.

El control absoluto es una de las banderas preferidas en algunos debates, sobre todo en redes sociales. Por ejemplo, una buena parte de la ciudadanía sigue pidiendo más inspectores para controlar precios, como si ese mecanismo hubiera sido eficaz alguna vez. Para mayor sorpresa, otros piensan que un cuerpo adicional de inspectores es necesario para controlar a otros inspectores.

La idea del “control popular” de los precios tampoco ha funcionado. Las denuncias ciudadanas pueden activarse y los ejercicios de control conjunto detectan infracciones; ninguna produce un kilogramo adicional de pollo. La vigilancia, además de documentar infracciones, empuja la venta hacia la informalidad, donde ya no hay precio visible que vigilar. 

Ahora bien, la población cubana vive agobiada por una vida de problemas inagotables las 24 horas del día; necesita soluciones con urgencia. 

En contextos de crisis, la tentación de priorizar el control sobre la actividad económica es comprensible, pero contraproducente. Sin crecimiento de la producción, cualquier esquema de control se vuelve insostenible. La experiencia comparada sugiere que la estabilidad duradera depende más de expandir la oferta que de restringir la demanda.

Frente a las exigencias de más controles, multas e inspecciones, es raro encontrar criterios que aboguen por que haya más empresas, menos permisos burocráticos o más facilidades para los productores.

El control debe dejar de ser la prioridad absoluta del Estado y la población para integrarse como un componente más de los mecanismos de regulación.

4. La escasez y los altos precios se resuelven con voluntad política y control popular.

Lo anterior lleva a otro prejuicio. La persistencia de la escasez y los precios altos no responde a la falta de voluntad de los empresarios estatales, privados o cooperativos, sino a desequilibrios estructurales entre oferta y demanda. Intentar corregirlos mediante controles administrativos suele generar efectos contraproducentes: desincentiva la producción, reduce la oferta y amplifica los mercados informales.

La economía cubana tiene ejemplos recientes perfectos para reflejar esta realidad. En 2024, el Ministerio de Finanzas y Precios topó el precio de seis alimentos básicos, cuya oferta depende fundamentalmente de la importación privada. El aceite de cocina, por ejemplo, se topó a 990 pesos por litro. En junio de 2026, justo antes de la derogación de los topes de precios, el mismo producto se vendía entre 1500 y 2222 pesos, según las mismas estadísticas oficiales.

Los topes de precios han demostrado, una y otra vez, que son incapaces de evitar la subida de precios, la desaparición de los productos o la venta en el mercado negro. Sin embargo, la decisión del Gobierno de abandonar esta política, recogida explícitamente en las reformas económicas, fue recibida con sorpresa por una parte de la población.

Más allá de su ineficacia, los topes de precios han servido de justificación fácil sobre la baja oferta. Han desviado la culpa del desequilibrio macro.

5. Las empresas privadas son responsables de (casi) todos los problemas.

Como no puedo ser absoluto, diría que Cuba es uno de los pocos países del mundo donde las mipymes se han demonizado. Hay quien espera que un micronegocio de tres personas que vende alimentos en el portal de la casa familiar resuelva el problema alimentario o de precios de toda la economía. Eso es una expectativa idealista.

El sector privado se ha convertido en un chivo expiatorio al que se le atribuyen distorsiones que en muchos casos responden a desequilibrios macroeconómicos y fallas de diseño institucional. Esta narrativa erosiona la confianza necesaria para que el sector privado se inserte en un modelo económico cada vez más heterogéneo e interconectado.

6. Las empresas privadas deben solucionar los problemas del ciudadano común.

Este prejuicio es el reverso del anterior. Mientras se critica al sector privado, también se le exige que supla las deficiencias estructurales del sistema. Pero las empresas operan bajo incentivos y restricciones específicas. El fin de una empresa es obtener ganancias, y para ello produce y vende un bien o un servicio cuya demanda en el mercado está insatisfecha.

Sí, las empresas privadas pueden tener acciones de responsabilidad social y, de hecho, los ejemplos son numerosos: donaciones de alimentos a escuelas, centros de salud y a víctimas de desastres naturales; donación de ambulancias a hospitales; restauración de áreas públicas; cooperación con el sistema de atención a la familia para cubrir parte del plan alimenticio de personas pobres y vulnerables, entre otros.

Desde el marco regulatorio puede fomentarse más la responsabilidad social empresarial, pero no es realista esperar que las empresas privadas resuelvan los problemas de los servicios públicos o que hagan caridad. Ninguna empresa privada venderá sus mercancías a precio de costo o por debajo de un margen de rentabilidad marcado por desabastecimiento agudo e inflación elevada. Ninguna empresa privada importará el combustible que necesitan las termoeléctricas para generar electricidad para todos los cubanos. Ninguna empresa privada se encargará de cubrir la canasta familiar normada de su comunidad.

Su papel es otro: producir bienes, prestar servicios, vender mercancía, crear empleo, pagar sus tributos, respetar las regulaciones y competir con otras empresas.

7. Las desigualdades son inadmisibles.

La preocupación por la equidad es legítima y necesaria, pero equiparar cualquier desigualdad con injusticia es una trampa conceptual peligrosa. El problema no es la brecha en sí: es de dónde sale y qué ocurre mientras crece.

En 1986, Cuba tenía una de las desigualdades más bajas del mundo: un índice de Gini de 0.22. La implosión del socialismo soviético dejó al país sin el respaldo material para sostener un modelo equitativo, pero basado en políticas igualitaristas. Las reformas del periodo especial —apertura a la inversión extranjera, despenalización del dólar, flexibilización del cuentapropismo— salvaron al país de la debacle, pero crearon nuevas desigualdades. Para 1999, el Gini había escalado a 0.40, cifra que proviene de encuestas urbanas y que no es estrictamente comparable con la de 1986, pero indica una agudización en los datos que ya era evidente en la vida cotidiana. No existen mediciones oficiales o independientes más recientes.

Conviene además precisar de qué desigualdad hablamos, porque la cubana es de un tipo particular. En una economía de mercado madura, la brecha de ingresos refleja diferencias de productividad, calificación y riesgo asumido. En la Cuba de hoy, el principal determinante de la posición de un hogar es el acceso a divisas: quién recibe remesas y quién no, quién factura en dólares y quién cobra en pesos, quién tiene licencia para importar y quién espera en una cola. Un especialista con veinte años de ejercicio puede estar por debajo de un joven cuyo mérito fue tener un tío en el exterior. Esto se llama desigualdad de acceso, y no tiene nada que ver con la desigualdad de recompensa productiva.

Esta es la clave del prejuicio, y también su parte de razón. Cuando la gente percibe que la desigualdad es inmerecida —que no premia el esfuerzo sino la suerte geográfica o el privilegio administrativo—, rechazarla es una intuición correcta más que un dogmatismo igualitarista. Pero el error consiste en trasladar ese rechazo a toda desigualdad, incluida la que sí premiaría producir.

Ahí está el argumento a favor de la reforma en este terreno. En lugar de aceptar más desigualdad, debería cambiar el eje que la genera: que el ingreso dependa más de lo que se produce y menos de dónde vive un familiar.

Ahora bien, creer que el enriquecimiento de unos ocurre a costa del empobrecimiento de otros es una visión simplista, como si la economía fuera un juego de suma cero.

La meta de eliminar las desigualdades es una quimera. El desafío no es ese, sino evitar que las desigualdades se conviertan en exclusión estructural. Para ello, se requieren políticas redistributivas efectivas en lugar de la contención del dinamismo económico. En ello, el rol del Estado —otra vez el rol del Estado— es incuestionable.

8. El término “reforma económica” implica una desviación ideológica.

Quizás el prejuicio más profundo es asociar la reforma con una renuncia a principios. Esta visión convierte el debate económico en un campo de lealtades ideológicas, en lugar de un espacio de evaluación pragmática. Sin embargo, las reformas no son un fin en sí mismo, sino un instrumento para adaptar el modelo a nuevas realidades.

El debate sobre profundidad, ritmo, secuencia, políticas sociales o rol de las instituciones aporta valor porque discute sobre contenido. Otra cosa son quienes reniegan de la reforma en nombre de un purismo inexistente.

La mayoría de los custodios de la ortodoxia esgrimen razones simbólicas sin profundizar en el contenido económico. Esto es tan evidente que sus argumentos terminan en una crítica vacía que no logra articular una alternativa pragmática viable. Caen en el inmovilismo en un momento histórico en que el país puede hacer de todo menos quedarse quieto. En esa paradoja, los custodios de la ortodoxia terminan erosionando los propios objetivos que buscan preservar.

De otro lado, está el Gobierno como promotor de la reforma. Aunque parezca una simpleza, el discurso oficial ha llamado a las 176 medidas “transformaciones económicas”, evadiendo una vez más el término “reforma económica”. No significa que no haya voluntad política de cambio, pero sí puede indicar que el consenso no se ha alcanzado.

Superar estos prejuicios no es una tarea inmediata. Implica abrir espacios de debate, generar evidencia y, sobre todo, construir nuevas narrativas sobre el papel del Estado, el mercado y la ciudadanía. Tampoco se puede desestimar de plano a las personas por sostener los prejuicios. Más bien, columnas como esta son espacios ideales para explicar, persuadir y construir cultura económica. También desde la prensa, la academia, los gobiernos locales y, claro, el gobierno central.

Las reformas económicas pueden fracasar por errores técnicos o restricciones externas, pero también pueden naufragar en el terreno de las ideas. Sin embargo, el debate y la búsqueda de consenso no pueden entorpecer el pragmatismo económico del momento.