La nueva política de desarrollo territorial en Cuba

El 22 de julio de 2020 el Consejo de Ministros aprobó una nueva Política de Desarrollo Territorial que deberá ser desarrollada en algunas disposiciones normativas, la más importante de ellas la Ley de Municipio prevista para la próxima legislatura a partir de 2022.

La Constitución de 2019 abrió la puerta a la autonomía municipal como vía hacia el desarrollo local y la micro democracia y recogió formas de participación indispensables para recorrer un camino de empoderamiento de abajo hacia arriba.

La política aprobada por el máximo órgano de gobierno en Cuba cita la relación de ella con los lineamientos del Partido aprobados en los dos últimos Congresos. El documento ampliamente divulgado aclara:

«La presente Política para el Desarrollo Territorial tiene correspondencia con el Lineamiento 17 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016 – 2021, que expresa: Impulsar el desarrollo de los territorios a partir de la estrategia del país, de modo que se fortalezcan los municipios como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, sustentables, con una sólida base económico-productiva, y se reduzcan las principales desproporciones entre estos, aprovechando sus potencialidades. Elaborar el marco jurídico correspondiente».

La práctica consistente en hacer pública una política general, antes de la aparición de las disposiciones normativas que hagan legales y legítimas las políticas públicas posteriores, permite a la ciudadanía y a los analistas una aproximación a las intenciones del gobierno sobre asuntos cruciales de la nación.

En este caso la Política de Desarrollo Territorial permite esperar prácticas, instituciones, procesos y normas de apertura al desarrollo municipal y a una verdadera autonomía local.

Las políticas aprobadas antes de la aprobación de normas definitivas tienen a favor, también, la posibilidad de su discusión y crítica, así como la identificación de conceptos centrales que se deberán desarrollar.

Este es el caso de los siguientes conceptos que aparecen en la Política de Desarrollo Territorial:

La política define el desarrollo local como «un proceso esencialmente endógeno, participativo, innovador y de articulación de intereses entre actores, territorios y escalas (municipal, provincial y sectorial/nacional). Se sustenta en el liderazgo de los gobiernos municipales y provinciales para la gestión de sus estrategias de desarrollo dirigidas, desde la gestión del conocimiento y la innovación, al fomento de proyectos que generen transformaciones económico-productivas, socioculturales, ambientales e institucionales, con el objetivo de elevar la calidad de vida de la población».

Para el logro de su objetivo central la Política hace hincapié en los Proyectos de Desarrollo Local, que son tratados de una manera amplia, flexible y participativa, lo que parece indicar un fomento real de estas iniciativas.

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Los Proyectos de Desarrollo Local se reconocen, entonces, como “un conjunto de recursos, esfuerzos y acciones que tienen el propósito de transformar una situación existente a otra deseada, que contribuya al desarrollo de los municipios, provincias y comunidades donde actúa, e impacte en la calidad de vida de la población. En su diseño e implementación debe primar el criterio de potenciar las capacidades de los grupos y actores participantes, aprovechar los recursos endógenos en la solución de las problemáticas planteadas y el carácter participativo de su gestión».

La Política explica cómo los municipios y provincias trabajarán mediante estrategias diseñadas de antemano y conceptualiza de forma detallada lo que debe contener cada uno de estos documentos.

Un elemento primordial de la Política es la definición de sus principios, lo que permite presumir que estos serán los que se usarán como punto de partida de las normativas que la desarrollen.

Algunos de estos principios son: «fomentar el desarrollo local sobre la base de la gestión del potencial humano, la ciencia, la innovación y el uso de tecnologías apropiadas y la planificación física (geoespacial),promover la integración entre actores estatales y no estatales sobre la base de encadenamientos productivos…,potenciar proyectos de desarrollo local de producción de alimentos con destino al consumo interno; así como los que generen exportaciones, sustitución de importaciones, encadenamientos productivos y flujos monetario-mercantiles al interior del territorio».

Entre los principios de la nueva Política de Desarrollo Territorial llama la atención las facilidades que se promueven para la asociación de sujetos estatales y no estatales y para el financiamiento de proyectos a partir de un fondo de fideicomiso municipal previsto para esto.

Igualmente es bienvenida una de las figuras de la democracia local más pedidas y esperadas por el pueblo cubano, el Presupuesto Participativo, que se considera uno de los principios de la Política, por lo que debemos esperarlo en algunas de las leyes de desarrollo de los próximos años.

Sobre este particular vale la pena citar este principio, según el documento que analizamos, que explica que se trata de:

«Aplicar mecanismos de presupuestos participativos con parte de la contribución territorial, que permitan a la población residente, así como formas de gestión estatal y no estatal enclavadas en los territorios, decidir sobre el destino del mismo en función del mejoramiento y transformación de la comunidad».

La Política también anuncia que se crearán sistemas de información e innovación a nivel municipal, como apoyo a las estrategias de desarrollo y a la realización de los proyectos locales aprobados.

De gran importancia en este documento es la conceptualización de los tipos de proyectos de desarrollo local posibles. La Política establece que pueden ser:

– Económicos – productivos: generan bienes y servicios comercializables que se destinan al beneficio local y de forma sostenible.

– Socioculturales: se identifican con el incremento, diversificación y/o mejoramiento de la calidad de los servicios sociales que se brindan a la población. Implica prestar atención al comportamiento humano y formas de organización social, se incluyen rasgos de la cultura popular en el entorno en transformación, promueven sentidos de pertenencia y generan valores que pueden llegar a ser patrimoniales.

– Ambientales: proyectos dirigidos a la protección y uso sostenible de los recursos naturales y al mejoramiento de las condiciones ambientales. Pueden generar beneficios en el uso de los recursos naturales o minimizar los costos asociados al mismo.

– Institucionales: proyectos que tributan al fortalecimiento de las capacidades institucionales, tangibles e intangibles, para la gestión estratégica del desarrollo local. Atiende con énfasis especial los temas de planificación estratégica, multinivel e interterritorial.

– Investigación, desarrollo e innovación: respalda actividades vinculadas a la I+D+i, potencialmente generadoras de mejoras tecnológicas. Incluye una descripción sintética de los aportes e impactos que se realizan desde la gestión del conocimiento y la innovación al desarrollo local.

De gran trascendencia es también la aclaración de la Política sobre las posibilidades de asociaciones contractuales entre personas naturales y jurídicas para realizar un Proyecto de Desarrollo Local, así como las facilidades de financiamiento que tendrán —podrán usar cualquier forma lícita contemplada o no prohibida por el ordenamiento jurídico cubano— y las facultades para tener cuentas bancarias independientes a las que tienen los sujetos que las componen, podrán contratar trabajadores y tener contabilidad independiente.

Por último, quiero llamar la atención sobre otro elemento esperanzador contenido en esta Política y que se explica por sí mismo en el documento:

«Disponer del 50 % de la utilidad después de impuestos, para distribuir en el propio proyecto según los mismos destinos establecidos para la empresa estatal. El otro 50 % o una parte de este, podrá utilizarse como fuente de financiamiento para impulsar otros proyectos de desarrollo local, como parte de su responsabilidad social; para financiar la contratación de personal que tribute a las acciones vinculadas a los procesos del desarrollo local y para otras prioridades estratégicas que se consideren, vinculadas o no al proyecto».

Presupuestos básicos, como este, para encaminarnos a otras formas de desarrollo y de soberanía popular municipal, son bien recibidos y los debemos alimentar con buenas políticas públicas y suficientes normas jurídicas, que no ahoguen lo previsto ni permitan una discrecionalidad de la administración que interrumpa el camino hacia el desarrollo local.