Trata de personas y abuso sexual en Cuba: No dormirnos en cómodos laureles

Varios chulos o proxenetas que obligaron a las prostitutas a darles dinero, en algunos casos bajo intimidación, amenazas y violencia; una mujer que permitió que dos hombres, uno de ellos anciano, toqueteara a su hija de diez años a cambio de regalos; otra madre y un padrastro que hicieron algo similar con una niña de once; un profesor de un instituto politécnico que prostituyó a una menor y tenía relaciones íntimas con varias alumnas, a quienes filmaba y chantajeaba para tuvieran sexo con extranjeros…

Esas fueron en resumen las nueve causas judiciales por las cuales en Cuba durante el 2012 fueron condenadas 14 personas, en los únicos casos que clasificarían como delito de trata de personas, según los estándares internacionales, de acuerdo con un informe hecho público el martes último por la Ministra de Justicia, y cuyo texto íntegro fue publicado en el sitio de la Cancillería.

Aunque el documento añade otras cifras un poco más significativas, como el procesamiento penal en igual periodo de 241 personas por el delito de proxenetismo, de las cuales 224 —el 92,94%— fueron condenadas; o las 2 mil 117 denuncias de delitos sexuales que involucraron como presuntas víctimas a niñas y niños (el 0,09% del total de población infantil); o las 2 mil 480 mujeres que acudieron a servicios de orientación por casos de violencia, el problema parecería de escasa entidad, como afirma el Gobierno cubano, en relación con otras realidades probablemente mucho más sórdidas.

Sin embargo, el mismo análisis que hacen las autoridades de la Isla ameritaría que en lugar de complacernos, los y las activistas y la ciudadanía en general nos cuestionáramos mucho más lo que ocurre en el país en esta materia, en particular alrededor de la prostitución, que parece ser la práctica que con más frecuencia alienta este tipo de delitos.

Si tal y como afirma el informe, “la atención al fenómeno de la prostitución constituye un problema de máxima prioridad para el Estado y la Sociedad Civil”, lo primero tal vez sería cuestionar por qué no aparecen tan claramente definidas sus causas.

Porque si bien cualquier persona en la Isla podría tal vez suscribir que, efectivamente, existe un “rechazo mayoritario de la población a las conductas delictivas que involucran a niñas y niños”, ya todos no estaríamos tan seguros quizás de que esto tenga un reflejo en el nivel de denuncias, ni en una “generalizada participación popular” en las acciones del Estado, las autoridades policiales y la sociedad civil para enfrentarlas.

Y contradice ese planteamiento la propia aseveración del informe, cuando explica que en los casos de prostitución infantil predomina el sexo femenino y una edad promedio de 15 años. “Las niñas y niños involucrados  usualmente actúan por iniciativa propia, sin que medie la figura de un proxeneta, aprovechando el descontrol de la familia”. ¿Solo falta de control o también complicidad?

Tampoco tengo la certeza, como padre atento que soy a la formación de mi hijo, de que desde la enseñanza preescolar se aplique un programa de educación sexual “con fuerte componente ético y en la formación de valores para prevenir el ejercicio de la prostitución”, como afirma el citado texto.

Por el contrario, muchas veces incluso desde instituciones estatales especializadas como el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), han trascendido las insatisfacciones por la manera en que se abordan tales asuntos en las distintas enseñanzas.

De hecho, esta propia información hecha pública señala que “el  Ministerio de Educación introdujo en los currículos escolares y programas extraescolares la educación sobre salud reproductiva”, lo cual insinúa la visión biologicista y salubrista con que todavía enfocan los libros de texto y los docentes el tema de la sexualidad.

No obstante a que el reporte indique que solo siete extranjeros cumplen sanción de privación de libertad por el delito de corrupción de menores, asociado al abuso sexual infantil, y aunque resultan bastante convincentes las pruebas de que el Estado cubano potencia como política el turismo familiar, tampoco me parece que la protección en este terreno sea lo suficientemente rigurosa, y para ello solo hay que ir a la puerta de cualquier discoteca o centro recreativo nocturno, donde con demasiada frecuencia es posible ver a jóvenes casi adolescentes en compañía de turistas de otros países.

Pero lo que más me alarma, en realidad, es el reconocimiento acrítico por parte de las autoridades de que “en general existe un vínculo consensuado entre prostitutas y proxenetas para ejecutar la actividad ilícita” —ya sabemos que la prostitución no está penada, solo el proxenetismo y la trata de personas—; y que se presente esta connivencia como algo contrastante frente a la realidad de otras naciones “donde la explotación sexual de adultos, niñas y niños está asociada a redes criminales que los mantienen en condiciones de semiesclavitud, de las que muy pocas víctimas consiguen escapar”.

¿No será tan terrible como esa dura circunstancia ajena, o peor incluso, que en Cuba haya mujeres, adolescentes y jóvenes dispuestos a la prostitución sin que medie “el empleo de la amenaza, coacción u otras formas de intimidación”, o sea, de manera voluntaria?

Al respecto resulta en extremo superficial y  justificativo, casi ofensivo a la inteligencia, el argumento oficial de que prostitutas y proxenetas —olvidan a los prostitutos, por cierto—  pactan “motivados por el ánimo de lucro”, y de que “en general esta práctica es ejercida para satisfacer gustos, lujos, placeres y asegurar condiciones materiales de vida superiores al resto de la población”, o de que “otras personas ejercen la prostitución para conocer a un extranjero con el cual puedan casarse, como vía para emigrar”.

Aquí tendríamos que cuestionarnos muy seriamente, o al menos argumentar mucho mejor, porque la prostituta o el prostituto —un oficio de sobrevivencia como norma en el mundo—, pueden tener en Cuba un nivel de vida superior al promedio, y si en verdad tales “gustos, lujos y placeres” son tan excepcionales y rebuscados, o pueden ser en muchos casos, simplemente, hasta lo más elemental para vivir.

¿Tecnicismos por resolver?

En el informe también llaman la atención otras carencias y anacronismos de la legislación penal vigente en Cuba, los cuales, al parecer, no parece que estén en la cartera de las modificaciones, a pesar de las sugerencias de activistas y expertos.

No hablemos ya de contemplar, como hasta ahora en el código penal, no solo las figuras del proxenetismo y la trata de personas para sancionar a quienes obtengan beneficios de la prostitución, sino también incluir la penalización al cliente que estimula ese mercado sexual, lo cual parecería ser solo una remota aspiración de algunas voces más radicales en la defensa de los derechos de la mujer.

Me refiero incluso a aspectos tal vez menos difíciles de resolver. Por ejemplo, al destacar la mayor severidad del marco sancionador cuando hay actos ilícitos que involucran a niñas y niños o estos sufren por abuso sexual o de otra índole, el documento enumera entre los delitos la violación y la pederastia con violencia, que es en esencia la misma conducta criminal, pero que de acuerdo con la legislación vigente recibe diferente tratamiento si la víctima es hembra o varón, un remanente machista que al parecer los juristas no tienen mucha prisa en enmendar.

Como un mensaje ambiguo queda también la especificación de que el sistema penal cubano fija la edad de 16 años como límite mínimo para asumir la responsabilidad criminal,  criterio atribuido a factores de orden cultural, socioeconómicos y jurídicos imperantes durante el desarrollo histórico de la nación, pero que “no impide su revisión y eventual modificación en el ordenamiento legal si llegaran a modificarse estas causales”. ¿Para subirla, para bajarla?

Otra contradicción emerge de la aparentemente demasiada amplia facultad que ofrece la ley a los tribunales “para imponer medidas de seguridad reeducativas que comprenden el internamiento en instituciones especializadas a aquellas prostitutas que realicen actividades vinculadas con actos delictivos”. Ese eufemismo que puede servir y lo ha hecho en determinadas épocas, para justificar la persecución y reclusión de estas mujeres —tampoco aplica para los hombres que venden su cuerpo— es una manera de criminalizar la prostitución femenina, lo cual no es la solución del problema.

En fin, que sin negar la voluntad política y los esfuerzos del Estado y el gobierno de Cuba, junto con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, por enfrentar la trata de personas y otras formas de abuso sexual, tenemos la obligación de no conformarnos con un enfoque triunfalista o incompleto, y el deber de discutir a fondo las causas últimas de los problemas que tenemos, para no dormirnos en cómodos laureles.