Cuba aprobará 22 nuevas medidas para mejorar la eficiencia de sus empresas estatales, muchas de ellas deficitarias, y anunciará en breve nuevas normas jurídicas para “flexibilizar” el trabajo por cuenta propia, en un momento en que la isla se prepara para enfrentar una seria crisis económica.
El jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo, explicó este sábado a la Asamblea Nacional la aprobación de 22 nuevas medidas que se aplicarán a corto y medio plazo para tratar de impulsar las empresas estatales socialistas, informaron medios oficiales.
Entre ellas, mencionó que las entidades que operan en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, el proyecto estrella de Cuba para atraer inversión extranjera, podrán retener parte de las divisas ingresadas por sus exportaciones para así asegurar sus inversiones y futuras producciones.
Según datos oficiales publicados en febrero pasado por la prensa oficial cubana, de las 1.776 empresas estatales que existen en el país solo 43 son deficitarias.
Sin embargo, el panorama real es otro, ya que estas cifras se obtienen a partir de un cálculo distorsionado por la dualidad monetaria de Cuba, donde al peso nacional (CUP) y el peso convertible (CUC, equivalente al dólar) se les aplican varias tasas diferentes de cambio, que para las empresas estatales es 1-1 pese a que oficialmente la tasa de CUP a CUC es de 25-1.
Pese a la moderada apertura económica impulsada por Raúl Castro durante su década como presidente (2008-2018), la mayoría del tejido empresarial cubano sigue siendo íntegramente estatal, aunque en los últimos tiempos se ha incrementado la constitución de empresas mixtas con participación extranjera.
El Gobierno impulsa un plan para mejorar el rendimiento de las firmas estatales, lastradas por la ineficiencia y la desmotivación de los trabajadores por los bajos salarios, y para ello se han aprobado políticas que buscan desligar las funciones estatales de las empresariales y dotar de mayor autonomía a las empresas.
Por otro lado, Murillo no especificó este sábado en qué consistirá la nueva normativa para “flexibilizar” el sector privado, que da empleo, de acuerdo a los últimos datos disponibles, a 580.828 personas, de las que el 29 % son jóvenes, el 34 % son mujeres y un 10 % jubilados que se han sumado al llamado “cuentapropismo”.
Solo precisó que esa normativa forma parte del “perfeccionamiento” de esta modalidad de empleo -impulsada por el Gobierno cubano para aligerar las abultadas plantillas de trabajadores estatales- que se extiende a unas 130 actividades, de las que las más florecientes son la gastronomía, el alojamiento y los servicios relacionados con el turismo.
Desde diciembre pasado las autoridades han ido anunciando nuevas medidas para el sector, que se puso en pie de guerra el año pasado cuando el Gobierno anunció que limitaría a uno el número de licencias que podría tener cada “cuentapropista”, y que los restaurantes privados no podrían superar la capacidad de 50 plazas.
El malestar causado por estas decisiones hizo que el Ejecutivo diera marcha atrás en el último momento, a lo que se sumó en febrero la aprobación de cinco nuevas actividades y la posibilidad de que las personas jurídicas puedan contratar productos y servicios de los trabajadores autónomos, entre otras novedades.
Cuba se prepara para enfrentar su peor momento económico de la última década, provocado por el agravamiento de las sanciones de Estados Unidos, la crisis en su aliada Venezuela, la caída de las exportaciones y los desastres meteorológicos sufridos en el último trienio.
