El Parlamento libanés aprobó este jueves el estado de emergencia en Beirut declarado la semana pasada por el Gobierno, tras la gran explosión que dejó al menos 177 muertos y 6.000 heridos, además de prorrogar esa situación por el coronavirus, ante las dificultades del sistema sanitario para tratar a las víctimas de la tragedia.
«El Líbano se está muriendo ante nuestros ojos», afirmó en la sesión de hoy el presidente del Parlamento, Nabih Berri, quien agregó que lo que único que le queda es una «cirugía» para poder salvarse de su peor crisis desde el final de la guerra civil (1975-1990).
Además, llamó a la formación «rápida» de un nuevo Gobierno que tenga como prioridades las reformas y la lucha contra la corrupción, después de que el gabinete del primer ministro Hasan Diab dimitiera en bloque hace tres días.
Doble emergencia
Casi al mismo tiempo, el ministro libanés de Sanidad en funciones, Hamad Hasan, anunció que también se extenderá el estado de emergencia declarado en marzo por la pandemia de coronavirus, un mes más a partir del 18 de agosto.
Hasan justificó esta decisión por las previsiones de «un incremento en los contagios por coronavirus debido a las aglomeraciones que hubo en los hospitales tras la explosión y a la falta de mascarillas y de compromiso con las medidas de prevención en ese momento», explicó en una rueda de prensa.
El Líbano declaró por primera vez el estado de emergencia el 15 de marzo por la COVID-19, pero había ido relajando las medidas por la baja incidencia de la enfermedad en el país.
El estado de emergencia otorga poderes al Ejército para actuar contra la libertad de reunión, de prensa y de expresión y para arrestar a toda aquella persona considerada una «amenaza» para la seguridad del país.
La investigadora para el Líbano de la organización Human Rights Watch (HRW), Aya Majzoub, aseguró a Efe que están «preocupados de que se use el estado de emergencia como pretexto para reprimir las protestas» antigubernamentales tras la explosión.
«La violencia desatada contra los manifestantes el pasado sábado es un indicio preocupante de lo que está por venir», alertó Majzoub, en alusión al llamado «sábado de la ira» en el que miles de personas salieron a las calles para pedir la dimisión del Gobierno y hubo choques con las fuerzas de seguridad con decenas de heridos.
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Los enfrentamientos se repitieron en los días posteriores, alimentados por la indignación popular por la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenados sin custodiar desde hacía seis años en el puerto de Beirut.
Según HRW y Amnistía Internacional, oficiales armados vestidos como civiles, el Ejército y las fuerzas de seguridad de Interior utilizaron una «fuerza excesiva» contra los manifestantes, un extremo que niegan estos cuerpos.
El FBI se une a la investigación
El subsecretario de Asuntos Políticos de EE.UU., David Hale, anunció hoy durante una visita a Beirut que el FBI va a investigar, por invitación de las autoridades libanesas, lo sucedido en el puerto.
«El FBI pronto se unirá a los investigadores libaneses e internacionales por invitación de los libaneses con el fin de ayudar a responder las preguntas que todo el mundo se hace sobre las circunstancias que llevaron a esta explosión», afirmó Hale, que fue embajador en Beirut entre 2013 y 2015.
Hale, que se dirigió a la prensa después de recorrer el barrio de Gemmayze, uno de los más afectados por la deflagración, afirmó que durante su visita, que se prolongará hasta el sábado, se reunirá con políticos y autoridades, pero también con miembros de la sociedad civil y líderes religiosos.
Invitó a los libaneses a seguir trabajando juntos a fin de «hacer las reformas necesarias para traer la transformación» que necesita el país y abogó por «el final de gobiernos disfuncionales y de promesas incumplidas».
«Estamos verdaderamente en vías de restaurar lo que, creo, todos los libaneses quieren ver, que es un Líbano dirigido por el pueblo libanés y satisfacer sus ambiciones y sus necesidades, no las de otros», añadió.
El presidente del Líbano, Michel Aoun, reconoció ayer, miércoles, que sabía de la existencia de una «gran cantidad» de nitrato de amonio en el puerto dos semanas antes del suceso.
Más de cuarenta expertos en derechos humanos de Naciones Unidas pidieron hoy en un comunicado conjunto una investigación pronta e independiente para identificar a los responsables de la explosión, que «debería estar protegida de cualquier influencia indebida».
