México superó la cifra de cien mil personas desaparecidas desde que existe registro en 1964 con un panorama de visibilización de las víctimas y sus familiares, pero con índices de impunidad alarmantes y promesas de las instituciones “sin cumplir”.
“Lo más importante es que son cien mil personas que están siendo buscadas por sus familias, que están en todo lo largo del país, porque las desapariciones en México son generalizadas, además son desapariciones que continúan sucediendo, no se trata de una herencia del pasado como se ha querido decir”, dijo María Luisa Aguilar, coordinadora del área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El lunes se superó esta cifra, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas desaparecidas o no localizadas, ante lo que las ONG reaccionaron este martes urgiendo al gobierno a atajar esta lacra que consideraron que va mucho más de la cifra oficial.
La ONU-DH manifestó a través de un comunicado del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) y del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias su “profunda preocupación por el creciente número. Más de cien mil personas desaparecidas registradas oficialmente en México es una tragedia desgarradora. La cifra habla por sí sola y es una advertencia inequívoca”.
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) consideró que “la desaparición no es tema del pasado “y que a pesar de avances importantes como la Ley general en materia de desaparición, todavía faltan por “implementar mecanismos efectivos”.
En ese sentido se expresó Aguilar, en nombre del Centro Prodh: “Creo que es la falta de una política de Estado que se vea liderado desde las más altas esferas del país y que pueda permear a las distintas autoridades”, sentenció.
Consideró que desde hace algunos años esta problemática, además de haberse mantenido en el tiempo, se ha hecho más visible gracias a la sociedad civil y a los familiares de las personas desaparecidas.
Pero este avance no se corresponde con las medidas institucionales que, dijo, “tienen intenciones” individuales. Pero no hay un seguimiento de las propuestas o promesas, tanto presidenciales como por parte de gobernadores estatales o fiscalías, tanto la fiscalía general de la República como las fiscalías de los estados.
Modificar esta situación “está en manos principalmente de las fiscalías” de los estados, pero también de la FGR, institución que Aguilar no ve “que lidere una política específica sobre desapariciones”.
Hace una semana, el 10 de mayo, Día de las Madres en el país, miles de mujeres caminaron en Ciudad de México, al grito de “poco que celebrar, mucho que pedir” para exigir a las autoridades ampliar sus esfuerzos en la búsqueda y en la prevención de las desapariciones.