Por Luis Garvía Vega, Universidad Pontificia Comillas
En Estados Unidos, el Congreso tiene la potestad de fijar la cantidad máxima que el Tesoro estadounidense puede tomar prestado mediante la emisión de deuda pública. Es lo que se conoce como techo de deuda. Actualmente, ese límite es de 31 400 millones de dólares, una cifra que se alcanzó el 19 de enero de 2023. Desde entonces, el Tesoro estadounidense ha recurrido a medidas extraordinarias para continuar cumpliendo sus compromisos financieros sin superar esa cifra.
Janet Yellen, la secretaria del Tesoro estadounidense, ha marcado el 5 de junio como la fecha límite en la que podrán mantenerse estas medidas extraordinarias. Ese día, tendrá que afrontar el vencimiento de 300 mil millones de dólares en letras del Tesoro. Si el congreso y el gobierno estadounidenses no logran alcanzar un acuerdo antes, EE. UU. no dispondrá de fondos para cumplir con sus obligaciones financieras y, por ende, entrará en situación de impago (default).
¿Qué puede suponer esto?
Los sistemas financieros modernos montan toda su estructura sobre la base del activo libre de riesgo, que no es más que la deuda pública del país en cuestión. Es libre de riesgo porque se considera que el país siempre pagará lo que debe. Si esto no se cumple, todo el sistema queda en entredicho.
Si EE. UU. no pagase lo que debe, su acceso a la financiación se complicaría, el crédito se contraería, la actividad económica caería y la tasa de paro crecería.
A nivel internacional, si EE. UU. incumpliera su deuda podríamos estar ante una crisis global similar, o incluso peor, que la de 2008. Los inversores perderían confianza en los bonos del Tesoro de EE. UU., provocando inestabilidad en los mercados financieros, y las instituciones financieras que poseen grandes cantidades de deuda estadounidense podrían enfrentar graves problemas de liquidez.
Además, los países que mantienen sus reservas de divisas en dólares estadounidenses verían disminuir el valor de éstas, lo que afectaría a su capacidad para estabilizar su economía. Esta situación podría provocar una crisis de confianza a nivel global, llevando a más aumentos de las tasas de interés, la caída de la inversión y, posiblemente, una recesión mundial. Según Janet Yellen, sería “una catástrofe, una tormenta económica sin precedentes”.
Desde un punto de vista general, EE. UU. lleva emitiendo deuda pública, y pagándola puntualmente, desde su fundación, en 1776, si bien históricamente ha habido algunos momentos de dificultades.
En 1790, algún acreedor se quedó sin cobrar cuando el Congreso asumió las deudas de los estados que habían participado en la guerra de la Independencia. 1861, con la Guerra Civil; 1933, durante la Gran Depresión; o la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, durante el gobierno de Nixon, en 1971, son otros ejemplos de estas dificultades.
Breve historia de impagos
Capítulo aparte merecen los denominados defaults técnicos. Un default técnico sucede cuando el gobierno incumple temporalmente algunos pagos debido a problemas técnicos o administrativos. En 1979, el Tesoro estadounidense retrasó el pago de 120 millones de dólares en bonos debido a un problema informático.
Entre 1995 y 1996, bajo el mandato de Bill Clinton, se vivió una situación parecida a la actual. El Tesoro tuvo que recurrir a medidas extraordinarias para evitar el impago hasta que, en marzo de 1996, se consiguió el acuerdo con el Congreso republicano de subir el techo de deuda.
La situación se repitió en 2011, durante la presidencia de Barack Obama. En esta ocasión, la agencia de calificación Standard&Poor’s rebajó, por primera vez en la historia, el rating de EE. UU. Finalmente, el acuerdo con el congreso se alcanzó el mismo día en que vencía el plazo.
En 2013 el Gobierno federal se vió obligado a cerrar durante 16 días. Durante estos cierres se suspende la prestación de los servicios públicos gestionados por la administración federal, menos aquellos considerados esenciales, lo que provoca la baja de un gran número de empleados públicos que, al no ejercer sus funciones, no son remunerados.
Ahora estamos ante la gestación del quinto default técnico, esta vez bajo el mandato de Joe Biden.
Crítica y crucial
En resumen, la situación es crítica y su resolución es crucial para la economía global. Aunque EE. UU. ha demostrado una larga historia de compromiso con sus obligaciones financieras, cada vez ocurren desafíos de diferente índole que hacen más necesaria la reforma y la adaptación del sistema financiero. La inminente fecha límite del 5 de junio pone una vez más en perspectiva esta situación.
De no llegar a un acuerdo, las implicaciones no sólo serían graves para la economía estadounidense, sino que también tendrían repercusiones profundas y duraderas en los mercados financieros internacionales. Probablemente por ello, se vuelva a llegar a un acuerdo de último momento. Aun así, no está de más recordar el dicho: “tanto va el cántaro a la fuente que acaba por romperse”.
Luis Garvía Vega, Director del Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros (MUGRF) en ICADE Business School, Universidad Pontificia Comillas
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
