El hijo del presidente Joe Biden, Hunter, llegó a un acuerdo con los fiscales para aceptar su culpabilidad por no pagar impuestos federales sobre los ingresos y por posesión ilegal de un arma de fuego en un momento en que era adicto a las drogas.
El caso ha provocado en los últimos tiempos un fuerte enfrentamiento de los republicanos con la Casa Blanca, que han intentado usarlo para sacar al padre de la mansión presidencial.
Hunter se declarará culpable de faltas tributarias como parte del acuerdo hecho público este martes. Eso lo librará de ser acusado de portar ilegalmente el arma de fuego siendo consumidor de drogas, si cumple con las condiciones establecidas por los fiscales.
Este acuerdo pone fin a una larga investigación del Departamento de Justicia sobre el segundo hijo del presidente, quien admitió haber luchado contra la adicción a las drogas después de la muerte de su hermano Beau Biden en 2015.
Se espera que el Departamento de Justicia recomiende la libertad condicional debido a los cargos fiscales, lo que significa que Hunter Biden no enfrentará una pena de prisión efectiva.
Christopher Clark, abogado de Hunter Biden, dijo en un comunicado que considera completo el proceso de investigación.
“Sé que Hunter cree que es importante asumir la responsabilidad por los errores que cometió durante un momento de confusión y adicción en su vida. Ahora espera seguir adelante”, dijo Clark.
La noticia de este acuerdo llega cuando los republicanos inician en el Congreso investigaciones sobre los diversos tratos de Hunter Biden, tanto dentro como fuera de las fronteras.
La Casa Blanca reaccionó a la noticia del acuerdo de culpabilidad mostrando la solidaridad de los padres. “El presidente y la primera dama aman a su hijo y lo apoyan mientras continúa reconstruyendo su vida”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
El cargo de posesión ilegal de un arma concluye que Hunter Biden tenía en su poder una pistola Colt Cobra 38, a pesar de tener conocimiento de que era consumidor de drogas, en octubre de 2018.
Este delito conllevaba una pena máxima de hasta 10 años de prisión, pero el Departamento de Justicia dijo que Hunter Biden había llegado a un acuerdo extrajudicial.
Los delitos fiscales menores de los que Hunter Biden se declarará culpable son mucho más limitados que las acusaciones que le imputan los republicanos en el Congreso, quienes seguirán investigando los aludidos pagos a de empresas extranjeras.
La investigación del Departamento de Justicia comenzó en diciembre de 2020, un mes después de las elecciones presidenciales, cuando Hunter Biden reveló que había recibido una citación como parte del escrutinio de sus impuestos.
La citación se refería a información sobre sus tratos con varias empresas y organizaciones, incluida Burisma, una empresa de gas ucraniana de cuya junta directiva formaba parte.
