Caso Gil: ¿una campaña anticorrupción en Cuba?

Por Juan Palop

El destape de una serie de delitos económicos en Cuba que ha culminado con el aldabonazo de la investigación al exministro de Economía Alejandro Gil evidencia que el Gobierno y los medios oficiales se han embarcado, sin anunciarlo, en una campaña anticorrupción.

Los mensajes de “mano dura” de altos cargos en las últimas semanas y la inusual sucesión en medios oficiales de informaciones destacadas sobre actuaciones policiales y judiciales contra la corrupción apuntan en la dirección de una campaña organizada, de acuerdo a analistas consultados por EFE.

El profesor de Relaciones Internacionales y experto en la isla Arturo López-Levy destaca a EFE que, como en otras ocasiones, esta campaña se caracteriza por el “estilo dramático”, la “retorica altisonante” , “y la forma discrecional en la aplicación de la ley”.

También señala que la situación socioeconómica la hacía en cierto modo previsible por la creciente “centralizacion del poder” frente a la profunda crisis que sufre la isla y el abanico de nuevas posibilidades que abre la “transición” del país hacia “una economía más orientada al mercado”.

De forma simultánea, apunta a EFE el exdiplomático cubano y columnista Carlos Alzugaray, la “falta de transparencia”, el “descontento popular” con la crisis y el aumento de las desigualdades sociales (con personas exhibiendo “comportamientos que evidencian una gran acumulación de riqueza”) han elevado la sensibilidad social ante la corrupción.

No obstante, Alzugaray considera que esta nueva campaña genera también interrogantes.

“El gobierno está reaccionando, y lo hace con gran propaganda, para poder alegar que se está luchando contra la corrupción. Otra cosa es saber si esta política tiene éxito, pues hay la sospecha de que no es una ofensiva generalizada donde se persigan todos los casos de corrupción o enriquecimiento ilícito”, afirma. 

Salto cualitativo

El rumbo de la campaña anticorrupción es, además, un misterio. Pocos observadores creen que se haya acabado, aunque la investigación a Gil haya supuesto un salto cualitativo frente a los casos previos, que afectaban a cargos bajos y medios.

Gil, además de ministro de Economía y Planificación, había sido viceprimer ministro y ejercido, como aún recoge la web de la Asamblea Nacional, “un papel clave en la actualización del modelo económico cubano”. Es el mayor alto cargo cubano caído en desgracia en al menos hace doce años.

El investigado llegó a Economía en 2018, de la mano del entonces recién nombrado presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

En su mandato fue el responsable de afrontar la crisis —agudizada por la pandemia y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses—, pero también de empeorar la situación implementando medidas mal diseñadas y contraproducentes.

Fue asimismo el encargado de pilotar la tímida apertura del país socialista, entre otras cosas con la aprobación, tras medio siglo de veto, de las primeras empresas privadas cubanas, que actualmente superan las 10.000. 

Cronología de la escalada

Gil fue cesado el 2 de febrero y entonces, ante la falta de explicaciones oficiales, se ligó mayoritariamente la decisión a los errores en política económica, especialmente a la Tarea Ordenamiento, una reforma fallida que no logró acabar con la dualidad monetaria y disparó la inflación.

La decisión, sin embargo, resultó desconcertante porque el país se encontraba a punto de poner en marcha un profundo plan de ajuste macroeconómico.

Añadieron confusión el hecho de que este plan no hubiese sido anunciado por Gil —sino por el primer ministro, Manuel Marrero— y que cuatro días después del cese Díaz-Canel felicitase por su cumpleaños en redes sociales al ya exministro.

Entonces empezó a cobrar cuerpo la campaña anticorrupción. Una semana luego del cese, el noticiero nocturno daba cuenta de la desarticulación de una trama que había robado 133 toneladas de pollo congelado de un almacén estatal. Había 30 detenidos.

El diario oficial Granma llevaba poco después un editorial a su portada en el que pedía “mano dura” contra la “delincuencia” y la “corrupción”.

A los días, Díaz-Canel pedía “tolerancia cero” con los delitos económicos y de seguido Marrero era citado en medios oficiales pidiendo “más mano dura” frente a “la blandenguería”, “la falta de exigencia” y “de control” en el sector estatal.

Mientras tanto, seguían difundiéndose nuevos casos en los medios. El 26 de febrero se anunciaban las condenas de entre 2 y 22 años de cárcel para 203 trabajadores estatales por diversos casos de corrupción y a principios de marzo se difundía el desmantelamiento de una red (18 imputados) que robó más de 41.000 dólares en tiendas estatales.