El expresidente Jair Bolsonaro enfrenta uno de los momentos más críticos de su carrera política al quedar en manos, a partir de este martes, de la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, según reveló un informe de la agencia Associate Press (AP), citado por el periódico mexicano La Jornada.
La alta judicatura inició el proceso para decidir si el exmandatario y varios de sus compinches políticos serán juzgados por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, en las que perdió frente a Luis Inácio Lula da Silva.
Las acusaciones incluyen la planificación de actos violentos y la coordinación con una organización criminal destinada a mantenerlo en el poder “a toda costa”.
El fiscal general Paulo Gonet presentó cargos contundentes contra Bolsonaro, acusándolo de liderar un complot que abarcaba desde el envenenamiento del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva hasta el asesinato del juez Alexandre de Moraes, una figura clave en el STF y crítico del expresidente derechista.
Según Gonet, las pruebas incluyen manuscritos, archivos digitales y mensajes que documentan las intenciones golpistas del grupo.
La carpeta de cargos contiene asuntos muy serios: intento de golpe de Estado, organización criminal armada, abolición violenta del Estado democrático y daños al patrimonio público y bienes históricos.
De acuerdo con la legislación brasileña, una condena por golpe de Estado puede acarrear hasta 12 años de prisión, pero cuando se combina con otros delitos, las penas podrían extenderse por décadas.
Militares: ¿Complicidad o Retirada?
El juicio también pone bajo escrutinio la relación entre Bolsonaro y altos mandos militares.
Tres generales, un almirante y otros oficiales están siendo juzgados junto al expresidente.
Según las investigaciones, algunos comandantes rechazaron participar en el golpe, pero otros, como el almirante Almir Garnier, habrían colaborado activamente.
La participación militar en la política brasileña ha sido históricamente significativa, pero este caso podría marcar un punto de inflexión, opinó la AP.
Analistas señalan que la implicación en el gobierno de Bolsonaro ha deteriorado la confianza pública en las fuerzas armadas, lo cual ha llevado a sus líderes a distanciarse de la política para preservar su legitimidad institucional.
El asalto al poder: dos intentos fallidos
Las investigaciones han revelado que los golpistas intentaron tomar el poder en dos fases.
La primera en diciembre de 2022, cuando tras perder las elecciones, Bolsonaro habría buscado apoyo militar para evitar la transición presidencial. Los planes incluían asesinar a Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez De Moraes. Sin embargo, los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea rechazaron involucrarse.
La segunda, en enero de 2023, cuando miles de seguidores furibundos invadieron y destrozaron las sedes del Congreso Nacional, el Palacio Presidencial y el STF en Brasilia.
Aunque Bolsonaro estaba en Estados Unidos durante estos eventos, se le acusa de coordinar las acciones desde el extranjero.
Esos incidentes recuerdan los disturbios ocurridos en Estados Unidos tras las elecciones presidenciales de 2020, con los que Bolsonaro ha sido frecuentemente comparado debido a su afinidad con Donald Trump.
El Supremo Tribunal Federal ya condenó a 503 participantes de la invasión de las sedes de los tres poderes a períodos de uno a 17 años de prisión. De ellos, 60 están fugados.
Bolsonaro se defiende
Bolsonaro ha negado todas las acusaciones y asegura ser víctima de una persecución política.
La cadena de televisión Globonews mostró la llegada de Bolsonaro al Supremo Tribunal. En declaraciones hechas a periodistas la mañana del martes en el aeropuerto de Brasilia, nuevamente negó las acusaciones.
“Nada está fundamentado en estas acusaciones”, desafiando al informe de 884 páginas presentado a finales de noviembre.
Sin embargo, expertos legales consideran que hay pruebas contundentes para avanzar con un juicio penal.
Thiago Bottino, catedrático de Derecho en la Fundación Getulio Vargas, afirmó que “no hay sombra de duda de que hay elementos muy claros” sobre los delitos cometidos por Bolsonaro y su círculo cercano.
En un paralelismo con la derrota de Donald Trump en 2020, factores como la pandemia de Covid 19, la protección de la Amazonía, así como de los derechos de las minorías, negros y mujeres, pasaron factura al excapitán de artillería en su intento de reelección en 2022, pese al torrente de medidas demagógicas que adoptó en vísperas de los comicios.
La extrema derecha bajo presión
El juicio no solo afecta a Bolsonaro, sino también al futuro político de Brasil.
La ultraderecha brasileña enfrenta divisiones internas mientras intenta reorganizarse tras estos escándalos.
Las recientes manifestaciones convocadas por Bolsonaro han mostrado una disminución en su capacidad para movilizar grandes multitudes, lo que podría indicar una pérdida de apoyo popular.
Además, este proceso judicial podría marcar el fin del protagonismo militar en la política brasileña.
Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente en 2022, ya está detenido por obstruir investigaciones relacionadas con el caso. Su encarcelamiento simboliza un cambio significativo en la relación entre los militares y la justicia civil.
Golpe del 64, aún en la memoria
Millones de brasileños no han olvidado el golpe de Estado contra el presidente nacionalista João Goulart en 1964 para entronizar dictadura militar que se extendió durante más de dos décadas (1964-1985).
Este evento no solo transformó el panorama político del país, sino también dejó profundas cicatrices sociales y económicas.
El golpe fue presentado como una “revolución” por sus promotores, quienes justificaron sus acciones como una medida para preservar la democracia y evitar una supuesta amenaza comunista.
Según la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, el régimen militar fue responsable de al menos 421 casos de muertos y desaparecidos políticos.
Además, miles de personas fueron forzadas al exilio debido a la persecución política. Aunque no existe una cifra exacta, se estima que entre 10 000 y 15 000 brasileños buscaron refugio en otros países durante el régimen, huyendo de la represión, la tortura y las amenazas contra sus vidas.
