Por primera vez en una década, la histórica movilización de Ni Una Menos cambió de fecha. No fue un gesto menor. En lugar del tradicional 3 de junio, la marcha se trasladó al miércoles 4 como muestra de unidad frente a la emergencia social que atraviesa Argentina.
“Unir las luchas es la tarea”, afirmaba el comunicado difundido por el colectivo, y eso fue lo que ocurrió en la Plaza de los Dos Congresos, donde confluyeron movimientos feministas, jubilados, residentes del Hospital Pediátrico Garrahan —institución pública clave donde se realizan cirugías complejas y se trata el 40 % de los casos de cáncer infantil del país—, científicos del Conicet, trabajadores de la economía informal, migrantes, personas con discapacidad, docentes, pueblos originarios y muchos más. Una marea de causas se entrelazó por una consigna común: resistir el ajuste salvaje del Gobierno de Javier Milei.

La efeméride lo ameritaba. Se cumplieron diez años de aquella primera multitudinaria protesta, el 3 de junio de 2015, detonada por el feminicidio de Chiara Páez, una adolescente santafesina de 14 años, embarazada, asesinada por su novio.
La violencia machista registraba entonces cifras desgarradoras, pero tenía poca visibilidad en la agenda pública. Hasta que, en un tuit, la periodista Marcela Ojeda interpeló con furia: “¿No vamos a levantar la voz? ¡Nos están matando!”.
La convocatoria se volvió imparable. Miles de mujeres respondieron y, en pocos días, se definieron una fecha (3 de junio) y una consigna (Ni Una Menos, haciendo un juego de palabras: ni una asesinada más; ni una mujer viva menos).

La movilización de cientos de miles de mujeres alcanzó cerca de cien ciudades argentinas. Fue ese, además, el kilómetro 0 de un movimiento en la lucha contra la violencia machista que se expandió por América Latina e incluso cruzó el Atlántico, con ecos en España, Francia, Portugal, Italia y otros países.

Por eso, el décimo aniversario de la primera marcha, en consonancia con los tiempos convulsos que corren por estos lares, decidió abrazar a otras luchas: la de los jubilados, que cada miércoles reclaman una vida digna; la de los residentes de medicina, que denuncian sueldos de miseria; la de los científicos, amenazados por recortes; la de migrantes, personas con discapacidad, artistas y estudiantes universitarios, todos golpeados por un plan de ajuste que precariza la vida.

La marcha de ayer no fue una suma caótica de reclamos dispersos, sino una expresión clara de unidad. Por donde se mirara, se percibía una trama en la que carteles contra el feminicidio convivían con pancartas que exigían salarios dignos para el personal de salud, jubilaciones justas y atención integral a personas con discapacidad. Estas últimas, muchas en sillas de ruedas, llegaron desde temprano acompañadas por sus familias y prestadores de salud. El mensaje era el mismo: las luchas no se fragmentan, se abrazan.
Mientras miles de personas colmaban las calles en una protesta masiva, dentro del Congreso de la Nación —custodiado por vallas y un fuerte operativo de seguridad— se desarrollaba una sesión en la Cámara de Diputados.
En el recinto, bloques de la oposición impulsaban proyectos para mejorar los haberes jubilatorios y declarar la emergencia en discapacidad.
Sin embargo, el Ejecutivo ya había anticipado que, de aprobarse, esas iniciativas serían vetadas para preservar el equilibrio fiscal, en una muestra más del pulso tenso entre las demandas sociales y las prioridades del Gobierno.
A diez años de Ni Una Menos
A lo largo de esta década, el movimiento feminista argentino no dejó de empujar transformaciones. Sacudida por aquella histórica marcha del 3 de junio de 2015, la Corte Suprema creó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.
Luego vino la Ley Micaela, que obliga a capacitar en género y violencia machista a todo el personal del Estado. Y, en 2020, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conquista histórica tras décadas de lucha.
Pero las cifras de niñas y mujeres asesinadas por violencia de género siguen siendo alarmantes. Según el último informe de la Casa del Encuentro, asociación civil que defiende los derechos humanos de las mujeres en Argentina, entre el 3 de junio de 2015 y el 31 de mayo de 2025, se registraron 2931 feminicidios, transfeminicidios y asesinatos vinculados de mujeres y niñas.
Solo el 13 % de las víctimas había denunciado previamente, y menos de la mitad de ellas contaba con alguna medida de protección.

Se suma un panorama político desolador. El Gobierno de Javier Milei desmanteló el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y dio de baja todos sus programas.
Hoy en Argentina, uno de los países vanguardia en el tema, no existe de manera oficial una política pública específica para la prevención de la violencia de género.
Organismos como Amnistía Internacional alertaron sobre el peligro que implica esta desprotección institucional. “En un país donde ocurre un femicidio cada 26 horas, la falta de un organismo específico, el vaciamiento presupuestario y los discursos negacionistas constituyen una amenaza concreta para los derechos de mujeres y disidencias”, señaló un comunicado reciente.
“La deuda es con nosotras”, fue una de las consignas enarboladas ayer en la marcha, para señalar el desmantelamiento de políticas públicas que, durante años, buscaron proteger a quienes históricamente han estado en riesgo.
En un contexto de ajuste brutal, las mujeres y las disidencias vuelven a quedar a la intemperie: sin programas de asistencia, sin acceso real a la justicia, sin respaldo institucional.
Mientras, la violencia de género no cede. La frase sobre la deuda no apunta solo al Estado: también a una sociedad que arrastra desigualdades profundas y una deber histórico que no se salda con discursos, sino con decisiones concretas.
A diez años del grito que cambió el mapa político y cultural del país, y encontró resonancias mucho más allá, Ni Una Menos reafirma su vigencia. No solo como consigna contra los feminicidios, sino como un movimiento que interpela las estructuras de poder, denuncia la violencia en sus múltiples formas y propone un horizonte de justicia social y colectiva. Un horizonte, además, atravesado por el mensaje que ayer se replicaba en pancartas y voces, tomado de El Eternauta: “Nadie se salva solo”.
