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Un juez federal dictaminó el martes que las tropas de la Guardia Nacional infringieron la ley cuando el presidente Trump las desplegó en junio, en Los Ángeles, tras las protestas migratorias que se tornaron violentas.
El juez federal Charles Breyer dictaminó que sus acciones violaron una ley de 1878 que, en general, prohíbe a las tropas federales participar en la aplicación de la ley civil.
“Esto fue intencional: los acusados instigaron un despliegue de meses de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en Los Ángeles con el fin de establecer una presencia militar allí y hacer cumplir la ley federal. Dicha conducta constituye una grave violación de la Ley Posse Comitatus”, escribió Breyer.
Aunque la mayoría de las tropas ya no están desplegadas en la ciudad, la orden del juez impide que las restantes realicen arrestos, registros, patrullajes de tráfico y control de disturbios hasta que el Gobierno cumpla con una excepción legal válida.
Trump despliega la Guardia Nacional en Los Ángeles por protestas contra las redadas a inmigrantes
Breyer suspendió su orden hasta el próximo viernes, lo que brinda a la administración una vía para apelar antes de que entre en vigor.
Un tribunal de apelaciones bloqueó una orden previa de Breyer que determinó que Trump federalizó ilegalmente la Guardia Nacional y que debía devolver el control al gobernador de California, Gavin Newsom (demócrata).
“Las fuerzas armadas permanecerán en Los Ángeles. Esta es una narrativa falsa y una orden judicial engañosa”, escribió el fiscal federal interino Bill Essayli en X. Las fuerzas armadas nunca han participado directamente en operaciones policiales aquí en Los Ángeles”, continuó.
“Protegen a nuestros empleados federales y nuestras propiedades para que nuestros agentes federales puedan hacer cumplir las leyes federales de forma segura frente a los matones desatados y alentados por políticos estatales y locales”.
El despliegue de tropas desencadenó una confrontación entre Trump y Newsom. “Los tribunales coinciden: la militarización de nuestras calles y el uso del ejército contra ciudadanos estadounidenses es ILEGAL”.
